La Secretaría de Educación hizo un llamado a la ciudadanía para que se informe de manera amplia y adecuada al momento de tomar la decisión de inscribirse o tomar un paquete educativo en formación de idiomas.
La advertencia la realiza la entidad ante la gran cantidad de denuncias recibidas, que pueden estar enmarcadas en actividades como fraude, estafa, publicidad engañosa, cobros indebidos, entre otros supuestos delitos por parte de empresas que no cuentan con las licencias, certificaciones o permisos para operar como instituciones educativas.
“Es importante reconocer los requisitos que deben cumplir este tipo de empresas o establecimientos para ofrecer programas académicos de idiomas que se encuentren contemplados en el artículo 138 de la Ley 115 de 1994”, señaló la Secretaría de Educación.
Según la entidad distrital, se debe tener en cuenta la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, la disposición de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados, y que el centro de estudios ofrezca un Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Para obtener la licencia de funcionamiento se debe cumplir con los requisitos anotados anteriormente y los dispuestos en el Decreto 4904 de 2009, además de registrar los programas ofertados. Ambos trámites se realizan ante la Secretaría de Educación.
Si el usuario quiere estudiar en una institución debidamente legalizada en Bogotá debe dirigirse a las Direcciones Locales de Educación dependiendo de la ubicación geográfica o localidad donde desea estudiar, o ingresar al Sistema de Información de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano SIET del Ministerio de Educación Nacional, www.mineducacion.gov.co.
Los programas de idiomas registrados en Colombia deben ajustarse al marco común europeo que establece diferentes niveles C2, C1, B2, B1, A2, A1 que varían básicamente por el nivel y número de horas de aprendizaje.
De acuerdo con las investigaciones realizadas, se ha determinado que la mayoría de estas empresas son en realidad empresas editoriales y no cuentan con permisos para funcionar como institutos de idiomas; además de vender libros de inglés como si fueran cursos, vienen ofreciendo certificados de aptitud profesional como “intérprete de inglés” y se autodenominan multinacionales de idiomas sin serlo.
“El problema radica en que al no formalizarse como academias y constituir su razón social como editoriales buscando beneficios fiscales, pasan a ser competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que la Secretaría de Educación pueda vigilarlas”.