Como ya se ha vuelto costumbre en sus rutinas de trabajo, el pasado 15 de febrero el secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. llegó sin avisar a una de las sedes de la EPS Distrital Capital Salud, ubicada en la carrera 108 con calle 19. La misión del equipo era verificar cómo estaba funcionando la EPS, creada durante la administración del alcalde Samuel Moreno, como una empresa mixta con participación del Distrito en un 51% y de la EPS Salud Total con el 49% y en la que ambos invirtieron $24.800 millones.
Ese día la visita inesperada terminó en un encuentro bastante tenso entre Jaramillo y el presidente de la EPS privada , Luis Guillermo Vélez. Según narra el secretario, al llegar a la sala de juntas de la entidad encontró a dos funcionarios de la EPS hablando en una teleconferencia con unos individuos que se encontraban en Cartagena. “En Cartagena no hay ningún afiliado de Capital Salud, en cambio sí hay afiliados de Salud Total”, asegura Jaramillo, para explicar por qué, molesto, sacó a los funcionarios del lugar aquella mañana.
El gesto del secretario —que en lo que va corrido de su mandato ha abierto varias investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en la salud y que incluso quiere que la entidad tenga poderes de intendencia— no fue bien recibido por el presidente de Salud Total, Luis Guillermo Vélez, ni por el gerente de Capital Salud, Mauricio Trujillo, pues era una clara muestra de desconfianza por parte de la administración.
Antes de marcharse, Jaramillo les confirmó que sí tenía dudas al respecto y les pidió cuentas del funcionamiento de la empresa. Pero, de acuerdo con el secretario, las respuestas fueron difusas y no correspondían con los documentos de la EPS Distrital.
Nueve días después del encuentro, el alcalde Gustavo Petro recibió una carta del presidente de Salud Total, en la que manifestaba su intención de vender su participación accionaria en Capital Salud, debido a los reparos que el mandatario había hecho a la conformación y el funcionamiento de la empresa, como fue divulgado ayer en una investigación adelantada por este diario.
De manera paralela, en la Secretaría de Salud revisaban los papeles de la empresa para determinar si todo marchaba bien en la EPS del Distrito.
Los resultados fueron enviados a la Personería el pasado lunes. Y sólo pasó un día para que el personero Ricardo Cañón se pronunciara sobre el tema: el ente de control abrirá investigación en contra de algunos funcionarios de la Secretaría de Salud, entre otras cosas, por presuntas irregularidades en la creación de Capital Salud y porque aún ninguno de sus afiliados está carnetizado.
El informe, que conoció El Espectador, señala que, pese a ser el socio minoritario, Salud Total tendría una posición dominante frente al Distrito en el manejo y control de Capital Salud. Esto debido a que tanto el gerente general como el revisor fiscal son elegidos por Salud Total. Pero Vélez desmiente este señalamiento, pues según otra de sus cartas dirigidas al alcalde Petro, tres de los cinco miembros de la mayoría accionaria, así como de la junta directiva de la entidad, son del Distrito, lo que les permite amplia participación.
Pero las preocupaciones del Distrito no paran ahí. La calidad de la atención a sus afiliados está en la mira de la administración, pues Jaramillo dice haber encontrado que la EPS “no está atendiendo bien a los pacientes y tiene muchas barreras de acceso”.
En un comunicado de prensa divulgado ayer, Salud Total aclara que la EPS del Distrito ha generado “más de 2 millones y medio de consultas para sus 490 mil usuarios en los últimos 8 meses”. Además, que los usuarios han accedido a los servicios con su documento de identidad.
En cambio insiste en que debido a que el Distrito no ha cooperado para el nombramiento de la Junta Directiva de la empresa, no han podido presentar el informe financiero a la Superintendencia de Salud que debía ser entregado el pasado 25 de febrero. Según Salud Total, “la nueva administración de Bogotá tiene una visión diferente y respetable sobre la estructura de la empresa”.
A la lista de irregularidades que hoy tienen en la mira a Capital Salud, se suma un señalamiento que tiene que ver con que algunos accionistas de Salud Total que son dueños de clínicas estarían recibiendo beneficios extras por sus servicios.
Según el informe, mientras que por una operación de apéndice Capital Salud le paga a al Policlínico del Olaya $1’299.000, por la misma intervención el Hospital La Victoria del Distrito apenas recibe $525.000. Aunque no aparecen los nombres de los accionistas, el reporte asegura que algunos socios del Policlínico tendrían también acciones en Salud Total.
“Aquí no podemos tener una sociedad en donde el socio minoritario se favorezca mientas que nosotros estamos perdiendo con las bajas tarifas que nos pagan por nuestros servicios. Si es que no se puede pagar más, pues que a todos se les pague por igual”, asegura Jaramillo.
Al respecto, Salud Total aclara que sólo el 11 % del costo médico se contrató con el Policlínico del Olaya, del grupo económico al que pertenece Salud Total. Además, que el 67% de la contratación se estaría haciendo con la red pública del Distrito.
No será fácil reconciliar las evidentes diferencias entre los socios de Capital Salud. Tanto así que Salud Total insiste en la posibilidad de vender su participación accionaria y en respuesta a Jaramillo insiste en que de ser necesario el Distrito subsidiará a la EPS para que preste el servicio y que para superar la crisis el primer paso debe ser la destitución del actual gerente, Mauricio Trujillo.
El martes, Jaramillo presentó el informe ante la Procuraduría General de la Nación y asegura que lo llevará a los demás entes de control. El presidente de Salud Total, Luis Guillermo Vélez, dice que las puertas están abiertas para que revisen sus actuaciones.