Mientras espera su turno en la Unidad de Reacción Inmediata, del complejo judicial de Paloquemao, Alejandro Díaz Angarita, un estudiante de trabajo social de la Universidad Minuto de Dios, cuenta cómo fue agredido por miembros del Escuadrón Antidisturbios de la Policía (Esmad) el pasado jueves 24 de noviembre, durante las masivas movilizaciones que en toda Latinoamérica adelantaron los estudiantes para exigir mayor calidad en la educación pública.
Los médicos ya le dijeron que a sus 19 años es muy probable que quede estéril, debido a que el impacto de una bala de gas, disparada, asegura él, por el Esmad, le destruyó el 70% de uno de sus testículos.
Recuerda, con el dictamen en la mano, que él y decenas de estudiantes de la Universidad Minuto de Dios y la Universidad Católica se reunieron en la mañana del pasado jueves 24 de noviembre para participar en la Marcha Latinoamericana por la Educación.
A eso de la 1:30 p.m. iban por la carrera séptima a la altura de la Universidad Javeriana con la intención de llegar hasta la Plaza de Bolívar a reunirse con otros manifestantes. Pero justo en la calle 40 se toparon con el Esmad. “En menos de dos minutos el escuadrón comenzó a dispararnos gases y aturdidoras, no les importó que estuviéramos acompañados por gente del Distrito”, cuenta Díaz.
En un video, que alcanzó a grabar un estudiante de periodismo ese día y al que tuvo acceso El Espectador, se comprueban sus acusaciones: un grupo de aproximadamente diez agentes del Esmad atacaron a los manifestantes, sin que éstos hicieran algún tipo de provocación, más allá de realizar malabares sobre la carrera séptima.
“Fue una reacción desmedida en medio de una manifestación en la que habían predominado la seguridad y las expresiones artísticas y culturales”, asegura Alfonso Báez*, herido en su hombro derecho por, asegura, una bala de gas, disparada por un miembro del Esmad.
“Uno de mis compañeros se paró sobre un bolardo y gritó a todo el grupo: ‘Si los policías se acercan, nosotros levantamos las manos como muestra pacífica. Ellos no nos van a hacer nada, ese fue nuestro compromiso con las autoridades’”, recuerda Báez.
En pocos minutos, sin embargo, todos corrían huyendo de los gases.
Mientras los estudiantes trataban de resguardarse del ataque, Joaquín López, otro manifestante, llamó al coronel Carlos Meléndez, comandante de la Fuerza Disponible de la Policía, para pedirle ayuda. Meléndez había asistido a varias reuniones de concertación organizadas por la Alcaldía Mayor para garantizar, en común acuerdo con los estudiantes, el buen comportamiento durante las marchas.
López le aseguró a este diario que sólo entonces el comandante les dio la orden de retiro a los integrantes del Esmad. Para entonces, cinco estudiantes habían sido heridos. Además de la lesión de Díaz en sus genitales y la herida en el hombro de Báez, una joven resultó intoxicada y otros dos tuvieron lesiones en el rostro y el hombro respectivamente.
Hoy aseguran que no entienden por qué los miembros del Esmad no cumplieron con el pacto de convivencia que apenas dos días antes de la marcha habían acordado los comités de derechos humanos de las universidades con miembros de la Secretaría de Gobierno y la Policía.
Joaquín López*, líder del movimiento estudiantil de la Universidad Minuto de Dios, recuerda que durante la cita que se dieron en el Palacio Liévano acordaron que durante la jornada no habría presencia del Esmad por la carrera séptima, que la movilización se haría de manera pacífica y que algunos gestores de convivencia acompañarían la marcha.
Ayer la secretaria de Gobierno, Mariella Barragán, le dijo a El Espectador que no se pronunciaría sobre el tema. La Policía también prefirió guardar silencio.
Extraoficialmente, una funcionaria de la Secretaría de Gobierno le dijo a este diario que los agentes del Esmad argumentaron que arremetieron contra los estudiantes después de que algunos de éstos les arrebataran y maltrataran sus escudos de protección.
Un informe de la Personería Distrital, acerca de la jornada, corrobora la versión de los agentes, pero además advierte que no hay pruebas que señalen que los estudiantes de la Uniminuto fueran los autores de esta acción. Según el personero delegado para la defensa de los Derechos Humanos, Daniel Medina, hubo una respuesta desmedida por parte de la Fuerza Pública, si se tiene en cuenta que los estudiantes no estaban armados y ejercían el derecho a movilizarse.
“Efectivamente hubo uso ilegítimo de la fuerza, en ningún momento se puede justificar este tipo de desbordamientos”, reza el informe.
La Personería anunció investigaciones, tal como lo demandan los estudiantes, que además exigen indemnizaciones y destituciones. “Ellos pusieron en práctica lo que dijo Pacho Santos de la mano fuerte, sólo faltó que nos electrocutaran”, dice indignado Báez.
*Los nombres fueron cambiados por seguridad.