Dado que es preliminar el informe que la Aerocivil presentó ayer sobre el accidente de la avioneta que cayó el pasado 18 de octubre en el barrio Luján, de la localidad de Engativá, aún quedan preguntas por resolver. Los protocolos indican que los investigadores tienen plazo de un año para dar a conocer el reporte definitivo. Aunque aclararon que podrían tardarse un poco menos, lo cierto es que aún falta tiempo para estudiar en detalle el caso, que hasta la fecha deja 10 muertos.
La más probable causa del accidente tiene dos caras. En primer lugar, se habla de una falla en el motor izquierdo, durante la fase final de despegue de la aeronave del aeropuerto El Dorado. En segundo lugar, “una inadecuada intervención del piloto sobre los controles de vuelo” después de que falló el motor.
La Aerocivil sabe que el motor perdió revoluciones, pero aún desconoce la razón. Gustavo Lenis, director de esa entidad, precisó que la avioneta “entró a Bogotá el 3 de octubre (15 días antes del accidente) a un mantenimiento, y lo que se le hizo es objeto de investigación”.
El funcionario explicó que, aunque pudo haber sido algo en particular lo que motivó el ingreso de la aeronave a la revisión, en el lugar la pudieron haber intervenido por otras razones, algo que se considera normal. Lo que se hizo durante ese tiempo podría verificarse por medio de las cámaras que la grabaron a diario.
En lo que compete al piloto, Juan Pablo Angulo, quien murió en el accidente, está claro que no hizo ningún llamado de emergencia y que, desde un comienzo, su voz mantuvo un tono normal. Tenía probada su experiencia con 5.000 horas de vuelo y su licencia estaba vigente. De él se sabe que había trabajado nueve años para Avianca (hasta 1999), pero no está claro qué tanto siguió volando después. “Volaba mucho menos que antes”, apuntó Lenis sobre las inquietudes por la posible falta de pericia de Angulo, más si se tiene en cuenta que el reporte preliminar constató fallas humanas. En un caso como estos, en el que falla un motor, “debe haber una reacción inmediata, casi que instintiva”, que le permita al piloto maniobrar, explicó el investigador Gustavo Iriarte, también de la Aerocivil.
El equipo aún tiene tiempo para responder esas inquietudes. Por lo pronto, en la reconstrucción del accidente, estableció que a las 3:59 p.m. de ese domingo la aeronave, aún en plataforma, hizo el primer llamado para pedir autorización con el fin de dirigirse a Guaymaral. Un minuto después se dio la autorizaron. A las 4:09 p.m. le permitieron rodar en la pista. Siete minutos después (4:16 p.m.) le autorizaron el despegue. El estrellón ocurrió un minuto y 47 segundos después.
Desde entonces han surgido preguntas de otra índole, por ejemplo, sobre el monto del aseguramiento que cubría la avioneta: $700 millones. Fredy Bonilla, otro investigador de la Aerocivil, explica que aunque el Código de Comercio obliga a mantener la aeronave asegurada, no establece una cifra precisa. Sin embargo, para este tipo de aeronaves la entidad ha dispuesto que sea mínimo de $550 millones, por lo que se deduce que, en este sentido, los dueños de la avioneta cumplieron la norma.
La aseguradora Seguros Mundial manifestó esta semana que se comunicó con las víctimas para establecer los perjuicios y que ha corrido con gastos funerarios “en los casos en que ha sido necesario”, así como con los costos de alojamiento de quienes lo han requerido. Sigue pendiente la demolición del predio afectado.
El día del accidente murieron cinco personas: Jorge Alberto Hernández, dueño de la avioneta; Juan Pablo Angulo, el piloto; Jenny Barriga, pasajera; Osana Corzo, habitante de la vivienda, y Layla Tatiana Arenas, cliente de la panadería que funcionaba en la casa donde la aeronave se precipitó de nariz. Posteriormente murieron, producto de sus quemaduras, Layla Tatiana Arenas, Fabio Antonio Rojas, Constanza Ramos, Pedro Vargas y Gloria Antonio. Una niña de 11 años permanece en el Hospital Simón Bolívar bajo observación médica con quemaduras de segundo y tercer grados en el 45% de su cuerpo.