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El Sindicato de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) –Sintrateléfonos- y el Sindicato de las Empresas Municipales de Cali –Sintraemcali- radicaron ante la Jurisdicción Administrativa una Acción Popular en contra del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y de la Agencia Nacional del Espectro (ANE) por considerar que la subasta de la licencia 4G causaría un perjuicio irremediable al patrimonio público por más de 10 billones de pesos.
“Se prevé dicho detrimento al patrimonio público dado que las empresas públicas de telecomunicaciones tendrían que enfrentarse a los actuales operadores privados que dominan el mercado, acentuando la concentración de usuarios y por tanto conllevando a la monopolización del espectro que, pese a ser un recurso soberano, será utilizado como un negocio rentable para los mismos operadores que prestan un servicio deficiente”, dicen los sindicatos.
El objetivo de la acción jurídica es lograr la suspensión del proceso de subasta 4G que adelanta el Gobierno Nacional para proteger los derechos e intereses colectivos establecidos constitucionalmente al patrimonio público, la moralidad administrativa, la libre competencia, los derechos de los consumidores y los usuarios, así como a la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos, los cuales están en riesgo a causa del lesivo proceso de subasta de la licencia 4G.
Cabe anotar que la Contraloría General de la República, mediante función de advertencia del pasado 24 de mayo de 2013, realizó críticas de fondo al proceso de subasta 4G, haciendo un llamado a evitar la subvaloración del recurso estratégico y soberano. Además, recalca sobre la reversión de la concesión de licencias a los actuales operadores para prestar el servicio móvil celular y en lo que tiene que ver con el espectro radioeléctrico, cuyas concesiones se vencen en marzo de 2014.
Sintrateléfonos y Sintraemcali consideran que el proceso de subasta 4G es inconveniente para el país, ya que no se respeta el derecho fundamental de igualdad en las condiciones de acceso al uso del espectro para las empresas públicas de servicios de telecomunicaciones, lo cual conllevará a su insolvencia y aniquilamiento total.
De igual manera, las organizaciones sindicales manifiestan que no puede liberarse más espectro hasta tanto no se definan las condiciones en que los actuales operadores revertirán al Estado colombiano las frecuencias y la infraestructura utilizada para la prestación del servicio; a fin de evitar la prórroga de dichos contratos y poder ofrecer un mejor servicio de telecomunicaciones a los usuarios, garantizando la participación de las empresas públicas y nuevos operadores.