:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/M257CsV-qU5T0sHVAcJzn5EXYio=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/T6NX3SLKJBDDLFBRVA2XULROAA.jpg)
El segundo capítulo del conocido carrusel de la contratación está a punto de abrirse. Si no se presentan imprevistos, la Fiscalía les imputará cargos a tres altos funcionarios que trabajaron en la administración de Samuel Moreno Rojas, a los que pretende llevar a juicio por las posibles irregularidades que se presentaron en el proceso previo a la selección de los operadores del SITP y la adjudicación de las zonas de operación.
Los primeros imputados serán Fernando Álvarez, exsecretario de Movilidad; Martha Hernández, exsubsecretaria de esa cartera distrital, y Fernando Páez, exgerente de Transmilenio. Según la Fiscalía, los tres habrían participado en un comité que aprobó el desembolso de $3.000 millones para evaluar las propuestas de los transportadores que se presentaron al proceso, pero quien al final cumplió la tarea solo recibió $1.200 millones.
La imputación es el resultado de una investigación que durante cinco años ha adelantado la Fiscalía, en la que también se indaga por supuestos sobornos para adjudicar las zonas de operación del SITP y el recaudo del sistema. Estas últimas coimas, según fuentes allegadas a la investigación, habrían sido de $50 millones diarios e involucrarían a altos funcionarios de la administración del exalcalde Samuel Moreno Rojas.
Todas estas acciones habrían constituido los primeros pasos en falso de un sistema que hoy está a la puerta del fracaso, si se tiene en cuenta que los resultados del estudio contratado (que descalificó las capacidades técnicas y financieras de la mayoría de proponentes) fueron ignorados. Hoy, dos de los operadores (Coobús y Egobús) están en proceso de liquidación y uno más (Tranzit) le informó esta semana a Transmilenio que no puede seguir operando su zona. Un escenario previsto por el costoso informe que se quedó en el papel.
El convenio 1229 de 2009
La firma multinacional KPMG es una de las más destacadas en su área: los servicios de auditoría y asesoramiento financiero. Por eso, no fue una sorpresa que la designaran como la encargada para analizar las 53 propuestas que se presentaron en la licitación 004 de 2009, de la que se elegiría a los operadores de las trece zonas donde funciona el SITP. Sin embargo, lo que llamó la atención de las autoridades fue que su trabajo, que costó $1.200 millones, al parecer no fue tenido en cuenta a la hora de asignar los contratos y que el dinero que inicialmente se destinó para ese trabajo ($3.000 millones) se fue mermando antes de llegar al destinatario final.
Los recursos para el estudio pasaron por las manos de cuatro empresas diferentes antes de llegar a KPMG. Primero los recibió la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD), entidad con la que la Secretaría de Movilidad firmó el convenio 1229 de 2009, cuyo objeto era “facilitar, promover y desarrollar actividades de carácter pedagógico” alrededor del SITP. Así se lee en un interrogatorio, conocido por este diario, que le hizo la Fiscalía a Martha Hernández, la exsubsecretaria de Movilidad, una de los que serán imputados hoy.
Cuando en el Distrito empezaron a recibir las propuestas de las empresas que querían operar el SITP, se dieron cuenta de que era necesario encontrar una firma que verificara los documentos que presentaron cada uno de los oferentes. Entonces, acordaron una ampliación por $3.000 millones del convenio que existía con la UNAD, para que se encargara de esa labor. La Universidad, sin embargo, no la ejecutó directamente, sino que designó a la firma Cited (encabezada por exfuncionarios de la UNAD, según fuentes cercanas al proceso). Esta tampoco realizó el estudio, sino que subcontrató a KPMG. Se pactó entonces un pago por $1.200 millones para realizar el análisis.
KPMG empezó a trabajar. Un equipo se trasladó a las instalaciones de Transmilenio, para acceder a los documentos que presentaron los oferentes y que estaban bajo custodia de la entidad. Instalaron cámaras, computadores y un grupo de 40 personas –entre abogados, ingenieros, contadores y administradores– evaluó las 53 propuestas (el análisis de cada una costó en promedio $24 millones).
Esos detalles se leen en la transcripción de la entrevista dada a la Fiscalía por Luisa Fernanda Almadio, empleada de KPMG, en marzo de 2014. Los investigadores descubrieron que a KPMG solo le pagaron $1.200 millones y que no fueron desembolsados por Cited sino por una tercera empresa que al parecer recibió una comisión del 3 %. Es decir, en toda la cadena (que comenzó en la Secretaría de Movilidad) se habrían quedado $1.800 millones en manos de empresas que no desarrollaron el objeto del contrato. Es por este hecho que se imputarán cargos a los tres exfuncionarios del Distrito.
Los informes
Los informes de KPMG fueron presentados en 2010 por Luis Orlando Delgadillo. Cada uno tenía al menos 3.000 folios. Allí estaban plasmados los resultados de la evaluación a cada uno de los oferentes. Casi todos se rajaban. Según una fuente que siguió de cerca ese estudio, solo dos colmaban las expectativas. Las falencias generalizadas pasaban por la falta del músculo financiero para operar el SITP, así como la ausencia de condiciones técnicas o de garantías de seriedad.
Cinco años después de la entrada en operación del Sistema Integrado de Transporte, la realidad le da la razón a KPMG. La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de Egobús y Coobús, operadores que no pudieron comprar los buses para trabajar sus zonas. Asimismo, el pasado 20 de septiembre Tranzit (operador de las rutas de Usme) le anunció a Transmilenio que no estaba en capacidad de seguir operando. Se espera que en los próximos meses otros operadores den a conocer su crítica situación financiera.
Fuentes consultadas por El Espectador explicaron que los conceptos de KPMG no fueron, en su momento, del agrado de las directivas de la Secretaría de Movilidad y de Transmilenio. Al parecer, como la mayoría de oferentes se rajaban, decidieron desechar las observaciones, seguir adelante con la licitación y designaron a los nueve operadores actuales, contratados para prestar el servicio por 24 años. Por haber obviado ese estudio, con sus costos multimillonarios, es que el grupo de la Fiscalía, en cabeza de Juan Vicente Valbuena, halló serios reparos a las actuaciones de los exfuncionarios.
Otras aristas
En el radar de las autoridades hay otras 16 personas, además de los que hoy serían imputados. Por ejemplo, Javier Hernández, exgerente de estructuración del SITP. Además, dice Fernanda Almadio en sus declaraciones a la Fiscalía, el exalcalde Samuel Moreno –hoy condenado a 18 años de cárcel por las irregularidades en el contrato de las ambulancias en 2009– estuvo al tanto de todo lo que sucedía con el SITP.
La investigación del convenio 1229 es el abrebocas del que podría ser un nuevo capítulo del carrusel de la contratación: el caso SITP. En ese expediente también se investiga si cada uno de los operadores pagaron hasta US$1 millón para ser parte del sistema o si hubo otras irregularidades alrededor de la adjudicación de esos contratos. También se intenta establecer si, además de la operación de los buses zonales, hubo irregularidades en los contratos para el recaudo del sistema. Con estas acciones no solo se habría puesto en juego el dinero público, sino el sistema de transporte de 8 millones de habitantes de la capital del país, que está a punto de colapsar, según señalan las investigaciones, porque desde su inicio, desde su misma licitación, estuvo viciado.