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Bogotá 15 Nov 2012 - 9:21 pm

La Procuraduría pide sentencia condenatoria para los responsables de la contaminación de la cuenca

Soluciones para el río Bogotá

El Ministerio Público solicita no cambiar los planes después de las inversiones económicas que se han realizado.

Por: Diana Carolina Cantillo E.
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Desde 1962 se está hablando de la necesidad de hallar soluciones a la contaminación del río Bogotá, y aún no hay nada concreto. / Archivo

Nadie se compromete con el río Bogotá. Es mayor el malestar que genera en las entidades públicas y privadas tener que meterse la mano al bolsillo o implementar medidas de control o de producción más amigable para descontaminarlo, que la incomodidad causada por el nauseabundo olor que expide el río a lo largo de 370 kilómetros y junto a 42 municipios de Cundinamarca.

En la última audiencia que se llevó a cabo en el Consejo de Estado, todos los acusados y responsables, por acción u omisión, de la contaminación del recurso hídrico se lavaron las manos, leyeron cifras y recordaron inversiones millonarias, pero ninguno aportó soluciones ni se comprometió a nada. Lo que causó, según conoció El Espectador, cierto malestar en el consejero ponente, Marco Antonio Velilla, quien esperaba un mayor grado de responsabilidad con el río Bogotá.

Por esa razón, la Procuraduría le pidió al Consejo de Estado que la sentencia próxima a emitirse sea de carácter condenatorio. “La contaminación del río Bogotá es un hecho notorio que tiene aparejada la vulneración de los derechos colectivos como a un medio ambiente sano, a la salubridad pública y a la efectiva y oportuna prestación de servicios públicos afectados por la contaminación del río, ocasionada por las acciones y omisiones atribuibles a entidades públicas y privadas”.

La intervención de la Procuraduría en la audiencia, en la que participó del procurador delegado ante el Consejo de Estado, Roberto Serrato, y el ingeniero Felipe Aparicio, de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, enmarcó la solución para la descontaminación de la cuenca en cuatro acciones fundamentales que exponen aspectos jurídicos, técnicos y financieros.

Primero, el Ministerio Público insiste en que se debe mantener la fórmula Solución Técnica Integral al Río Bogotá, aprobada en primera instancia por el Tribunal de Cundinamarca, en la que se contempló la ampliación de la planta de tratamiento El Salitre y la construcción de una estación elevadora y una megaobra que es la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas. La Procuraduría estableció que “las decisiones deben ser institucionales y no pueden quedar en manos de las administraciones de turno. En los acuerdos firmados, en caso de incumplimiento hay lugar para reclamaciones económicas”.

La Empresa de Acueducto de Bogotá, entidad encargada de implementarla, no está de acuerdo con esta iniciativa y ha pedido al consejero ponente Velilla que acepte otra solución, ya sea construir la planta en Carboneras o en Tunjuelo. Sin embargo, el ente de control asegura que fue el mismo Acueducto el que escogió esta iniciativa y que, además, ya hay millonarias inversiones en estudios y obras que no pueden convertirse en un elefante blanco.

El tercer punto que se tocó en la intervención, fue la problemática que viven los habitantes del Salto del Tequendama en relación a la escasez del recurso hídrico en temporadas de verano, como consecuencia de la concesión de agua que está a cargo de la empresa Emgesa, dedicada a la generación de energía. “Ambientalmente no es aceptable sustraer de una fuente hídrica la totalidad del caudal, sobre todo en épocas de estiaje, para lo cual la Procuraduría reclama acción inmediata al respecto”.

Y el cuarto aspecto es la corresponsabilidad que tienen las empresas privadas y entidades públicas en la contaminación del río, y la necesidad de crear parques industriales para las curtiembres y la industria (Parque San Benito y Villapinzón). “La Procuraduría no está en contra del desarrollo de las industrias, en este caso de las curtiembres que hacen vertimientos directos al río. Pero se exige de una gran atención en la delimitación de su parque industrial y su respectivo tratamiento”.

En segundo lugar, el órgano de control disciplinario solicitó que los industriales y municipios entiendan que es necesario implementar programas de producción sostenible y que, a través de la autoridad ambiental, que para este caso es la CAR de Cundinamarca, se obligue a las empresas que hagan vertimientos al río a construir plantas de tratamiento de aguas residuales. Para este fin, el Ministerio Público sugiere la implementación de una red permanente de medición y monitoreo del caudal del río y de vertimientos.

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