La noticia corrió como pólvora y conmocionó al pueblo de 150 mil habitantes una tarde del pasado febrero. La historia comenzó a eso de las 12 del día, cuando un grupo de veintitantos chicos, entre los 16 y los 20 años, se apostaron afuera de la sede principal de la Institución Educativa José Joaquín Casas para esperar a buena parte de los 2.068 jóvenes que allí estudian.
La rectora Sandra Téllez relata que los vio a las 12:15 en punto. Contó 17, aunque luego se supo que eran más. Llevaban capuchas, algunos con mangas recortadas que dejaban ver sus tatuajes. Casi todos con las manos descansando en la cintura, en actitud de pelea. Y pelea era lo que buscaban.
El florero de Llorente, prosigue la docente, se sintió cuando uno de los jóvenes que esperaban afuera del colegio le levantó la falda a una alumna que salía y, en respuesta, fue agredido por un estudiante. Entonces llovieron piedras, salieron cuchillos de algunos bolsillos y se armó una gresca que fue a parar en desbandada a los alrededores de la plaza principal de Chía, municipio localizado a media hora de Bogotá.
El hecho no dejó ningún tipo de víctimas, más allá de 26 aporreados muchachos conducidos por la Policía y que luego fueron entregados a sus padres. Pero desde entonces, la institución José Joaquín Casas, uno de los 12 colegios oficiales que funcionan en Chía, es custodiada todos los días por una patrulla que vigila la entrada y salida de los alumnos.
La preocupación del alcalde de Chía, Guillermo Varela, porque se pueda repetir el hecho es tal que esta semana aprovechó una reunión con su homólogo capitalino, Gustavo Petro, para pedirle su colaboración. El motivo: según Varela, inteligencia de la Policía precisó que los jóvenes agresores residen en la localidad de Suba y pertenecen a un grupo que programa encuentros a través de redes sociales para “disputarse territorios”.
“Muchachos que prácticamente quieren tomarse el municipio de Chía”, advirtió Varela en diálogo con este diario. Una situación que tendría que ver también con la cercanía geográfica entre Suba y Chía, sectores que se comunican a través del municipio de Cota y están a apenas 45 minutos de distancia.
Suba tiene una población de alrededor de un millón doscientas mil personas, el 35% de ellas menores de 18 años. En la Alcaldía Local, la coordinadora de seguridad y convivencia, Liliana Rocío Rivas, asegura no estar enterada de la situación con Chía y cuenta que las circunstancias de los jóvenes en la localidad no distan mucho de las de los jóvenes en el resto de la ciudad. “El riesgo latente es el microtráfico que pulula alrededor de los colegios”, agregó.
En el comando de la Policía de esa localidad, el mayor Henry Bello se expresa en el mismo sentido y comenta que ellos sólo tienen registro de “conatos” de riñas en las afueras de las instituciones y enfrentamientos entre barristas, pero tampoco saben del tema de Chía.
Quien dio más razón de los jóvenes de Suba fue Jason, uno de los organizadores de los encuentros a través de redes sociales. Se trata de un sujeto de unos 30 años que prefirió que su nombre fuera omitido. Asegura que en Suba hay jóvenes de distintos grupos urbanos, como los emos o unos llamados ‘farándulas’, que son convocados a través de Facebook para fiestas diurnas “sin que la Policía pueda hacer mayor cosa”.
Y aunque Jason reconoce que se han hecho eventos en Chía, niega que éstos tengan que ver con peleas territoriales, como lo sugiere el alcalde Varela, quien anuncia tener más datos que no puede revelar aún “por ser de reserva sumarial”.