El fallo que profirió el Consejo de Estado el 5 de noviembre de 2013, de la magistrada María Claudia Rojas, les sacó, tal como suena, una “tajada” a los cerros de Bogotá. Confirmó la resolución 463 de 2005, de la entonces ministra de Ambiente, Sandra Suárez, que redelimitaba la Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogotá al pronunciarse contra la acción popular que promovió la ciudadana Sonia Ramírez. Esta había exigido restituir las 973 hectáreas que le habían extraído al área inicial de 14.197 bajo la figura de “franja de adecuación” entre la ciudad y la reserva forestal.
Esa redelimitación de 2005 se ocasionó porque durante 28 años, desde 1977, nunca se cumplió el mandato del Inderena de “inscribir el registro en cabeceras municipales y oficinas de registro de municipios afectados por los límites de la reserva”. Ningún alcalde tomó cartas en el asunto y mientras tanto se construía y se construía cerros arriba, buena parte en asentamientos informales y otra en urbanizaciones suntuarias. Entre todas ocupaban 519 hectáreas, además de la incidencia de la minería en 62 canteras y de negocios agropecuarios y forestales.
Tener que “legalizar las situaciones de hecho irregulares” antes descritas fue el motivo para acudir a la inusual franja de adecuación que, al final, es un limbo que tiende a convertirse en nuevo foco de daños contra este elemento básico de la estructura ambiental de Bogotá, que es “principal regulador del acuífero de la sabana… la regulación del clima y la depuración del aire del oriente de la ciudad”. Acorde con el fallo, la franja quedó excluida de la Reserva Forestal de los Cerros Orientales. La integran la franja de recuperación ambiental, también con afectación antrópica, junto con las de conservación y recuperación ecológica y paisajística.
La aplicación del fallo será otro gran desafío para el nuevo alcalde. Su complejidad se equipara con la descontaminación del río Bogotá o la construcción del metro. Para su cumplimiento se creó una autoridad paralela, de Verificación, que insólitamente ya ha reclamado al Distrito por haber reconfigurado, por su cuenta, el nuevo perímetro urbano al declarar como área rural bogotana a partir del borde occidental de la franja, lo cual obligaría a los futuros proyectos constructivos en ella a solicitar concesiones especiales para acceder al agua.
Además deben cobrarse tasas de compensación a los predios de las áreas de recuperación y debe definirse la situación de 10.000 viviendas a las que se les exigen todos los requisitos de edificación (cerca de 20), lo cual perturba a la gran mayoría de habitantes, provenientes de estratos populares y de colonizaciones subnormales iniciales. Están agrupados en 64 barrios, de los cuales 60 están en la franja: 34 legalizados y 26 pendientes de legalización, que hospedan a casi 95.000 personas. Para todo esto se pusieron a funcionar nueve mesas de concertación. Se estima que la normalización le cuesta a cada hogar no menos de $5 millones; de no hacerse, podría implicarle a la familia la demolición de su vivienda.
Sin embargo, el punto más álgido del fallo viene del trato a los grandes proyectos de construcción, como Monte Rosales, que adelantó el grupo Helm Trust, hoy en cabeza de la constructora Arias Serna Saravia con algunos asociados, y Cerro Verde, de la Fiduciaria Tequendama, del grupo Gilinski. El primero ocupa 30 hectáreas para construir en nueve de ellas 120 casas de alto metraje; el segundo, un lote de 167.000 metros cuadrados, con 13.000 de construcción, para 16 torres de cinco pisos de apartamentos de 200 metros cuadrados, a valores entre $10 y $15 millones por metro.
Estos dos proyectos tienen varios elementos comunes: 1) Se originaron en procesos de gentrificación, por los cuales la población pobre fue sacada para ser sustituida por ricos y —como lo describió Verónica Téllez en El Espectador el 31 de enero— por seducción del matrimonio Castro-Gómez, que considera su gestión como altruista, la misma que están adelantado en el barrio Los Olivos. 2) Fueron fundados mediante el decreto distrital 809 de 1996, en el primer gobierno de Mockus, que los facultaba a invertir para sanear “tierras invadidas” y hacer desarrollos sustentables. 3) Las licencias, que esgrimen como derecho adquirido, se las otorgaron entre 1999 y 2006 (gobiernos de Peñalosa, Mockus y Garzón), mientras, en paralelo, se delimitaba la reserva. 4) Alegan, para ratificar tal derecho y debido a una gabela que les concede el fallo, desconocer “inequívocamente” que esas tierras eran parte de la reserva. Y 5) son los principales beneficiarios de la “tajada” que se les sacó a los cerros. Según Planeación Distrital, habría otras 115 iniciativas que reclaman “derechos adquiridos” similares.
Para honrar el fallo, la próxima alcaldía deberá construir, como instrumento de amortiguación, “una gran zona de aprovechamiento ecológico para los habitantes de la ciudad… que asegure los derechos a la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre”. Para esto, en un momento se ideó un parque corredor ecológico de 40 a 50 kilómetros, desde Yomasa, en Usme, hasta la calle 193, en Usaquén, que a costos de 2006 superaba los $170.000 millones.
El caso de los cerros orientales constituye otro debate de trascendencia en el cual los intereses de negociantes privados, en este caso inmobiliarios, contrarían los de la ciudadanía, creando una tensión que con frecuencia se resuelve a favor del más fuerte. De suceder así, podría desencadenarse una especulación extraordinaria sobre el suelo, la expulsión masiva de pobladores tradicionales y el fomento de la inseguridad, algo que ya se está empezando a vivir.