Casi al filo de la medianoche del pasado 30 de diciembre, las antiguas directivas del Fondo de Vigilancia y Seguridad (FSV) trataron de hacer lo que no hicieron en un año de denuncias alrededor del convenio para la modernización de la línea 123: sancionar a la ETB por los incumplimientos en la ejecución del contrato. Sin embargo, como muchas decisiones de este proceso, aparentemente lo hicieron mal y a contrarreloj. Por esta razón, la decisión tambalea.
Antes, un poco de contexto. En julio del año pasado, el entonces gerente del Fondo, Fernando Arbeláez, hizo públicas las irregularidades alrededor del convenio que el FSV había firmado en noviembre de 2014 con la ETB para que esta empresa se encargara de modernizar la línea 123. Habló de presiones para hacer modificaciones y de falta de información sobre los costos reales del proyecto. Todo esto, a la par, con los constantes incumplimientos de la empresa de teléfonos para ejecutar las obligaciones del convenio.
Tras la salida de Arbeláez nada cambió y, al contrario, la orden de la administración fue avanzar a pesar de las alertas. Las nuevas directivas intentaron cumplir la orden hasta diciembre, cuando la ETB definitivamente suspendió la compra de los equipos, luego de que la Procuraduría retirara el acompañamiento al proceso por las dudas, aparentes malas prácticas y porque no le facilitaron información.
Con el fracaso de la compra de los equipos, en el FVS, al parecer, intentaron dejar una muestra de que no todo estuvo permitido en este proceso. Fue cuando, a finales de noviembre y casi a contrarreloj, empezaron un proceso administrativo contra la ETB para declarar el siniestro por incumplimiento del convenio, que no es más que un proceso para exigir a la aseguradora la devolución de una parte del dinero que el Distrito invirtió en el convenio.
Curiosamente, no abrieron el proceso por los incumplimientos en el cambio de equipos (que era la urgencia), sino por algo que estuvo al margen del escándalo: los retrasos en la adecuación del Comando Operativo de Emergencia (COE), sede donde quedará la nueva línea 123. Esta obra, que también era parte del convenio, a diciembre estaba en cero, aunque aún tenía plazo para cumplir.
La urgencia por sacar avante alguna decisión se notó en la forma como se adelantó el proceso. Pese a que en todo el año se denunciaron los incumplimientos, sólo a partir del 26 de noviembre, y casi a diario, el FVS empezó a pedirle informes a la ETB sobre el avance de las obras en el edificio y el cumplimiento del cronograma. Entre el 26 de noviembre y el 15 de diciembre enviaron 16 oficios.
Como la ETB no respondió o entregó información incompleta, citaron a sus directivas y a su aseguradora a una audiencia el 22 de diciembre para notificarlos del proceso y permitir su defensa. La diligencia la aplazaron para el 28 de diciembre y, luego, para el día siguiente. Finalmente, el 30 de diciembre adelantaron una última audiencia, en la que la ETB alegó violación al debido proceso, ya que tenía tiempo para cumplir con la obra. A pesar de esto, la entonces directora del FVS, Fabiola Márquez, al filo de la medianoche de ese día, expidió la resolución con la que declaró el siniestro por incumplimiento “del convenio para modernizar de la línea 123, en el componente de adecuación del COE”.
Con el cambio de administración, la nueva directora del FVS, Sandra Borráez, es la encargada de resolver el recurso que presentó la ETB. Según ella, al revisar la resolución encontraron posibles vacíos jurídicos. “La ETB apeló y aprovechó esos vacíos. No hay decisión de fondo, lo estamos analizando. No obstante, encontramos que algunos temas que se sancionaron eran obligaciones que aún tenía tiempo de cumplir. Hay otros aspectos de ese convenio que tenemos que revisar. Con el cambio de presidencia en la ETB logramos un acuerdo y parece que la obra finalmente la entregarán a finales de este mes. Tal parece que la anterior administración nos dejó este pleito para, en caso de que la sanción se caiga (porque la pusieron mal y no hubo el debido proceso), poder decir que lo hicimos nosotros y no ellos. Hay que mirar todo lo que hizo la anterior administración y encontramos que fueron procesos muy mal hechos”, concluyó Borráez.