Taxis de El Dorado, los quieren sacar por feos

Dicen que la empresa que ganó el contrato para el servicio de taxi en la terminal aérea les hacen exigencias, que no pueden cumplir.

Diana Alejandra Cortés Gaitán
07 de julio de 2013 - 04:00 p. m.
A finales del año pasado los taxistas de El Dorado protagonizaron una protesta. / Archivo
A finales del año pasado los taxistas de El Dorado protagonizaron una protesta. / Archivo
Foto: GABRIEL APONTE

El negocio de los taxis que ofrecen sus servicios a los viajeros que llegan al aeropuerto El Dorado quedó en manos del excongresista José Eduardo Hernández y de Uldarico Peña, a través de una nueva empresa llamada Taxi Imperial S.A.S. Así quedó establecido en el contrato que firmaron el año pasado con Opaín, empresa que administra la terminal aérea. Y aunque no es sorpresa que los zares de los taxis en Bogotá se hubieran quedado con el negocio, hay algo detrás de este acuerdo entre privados que genera ruido: la incertidumbre de 600 conductores que llevan más de 10 años prestando el servicio en El Dorado y que estarían ad portas de tener que dejar de hacerlo.

Estos conductores, liderados por el Sindicato de Taxistas, denuncian que para poder seguir trabajando en El Dorado, tanto Hernández como Peña, con el auspicio de Opaín, les están haciendo exigencias que estarían fuera del alcance de varios conductores, como comprar carro y equipos nuevos, y renovar sus vehículos cada cinco años. Lo grave para ellos es que todo lo deben adquirir en las otras empresas de los dueños del negocio. Otra cosa que también los tiene inconformes es que, según ellos, no tuvieron opción de quedarse con el contrato, a pesar de que Opaín abrió una invitación pública para seleccionar a la compañía que se encargaría del transporte de usuarios que llegan al aeropuerto. Según los conductores, este contrato tenía nombre propio desde el comienzo.

Según Román Beltrán, secretario del Sindicato de Taxistas, los actuales contratistas ya sabían desde mediados del año pasado que se quedarían con el contrato del aeropuerto, a pesar de que la sociedad a través de la cual van a ejecutarlo (Taxi Imperial) entonces ni siquiera estaba inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá. El registro que le dio vida a esta sociedad se hizo cuatro meses después, exactamente el 6 de octubre del año pasado.

Pese a que los taxistas han querido conocer los detalles de este contrato a través de varios derechos de petición, no lo han logrado ya que Opaín les respondió que a pesar de realizar actividades relacionadas con “la función de prestar el servicio público de transporte de pasajeros, Opaín es una empresa privada y su información es de carácter privado y confidencial”.

Uno de los cuestionamientos del Sindicato de Taxistas es cómo Opaín le adjudicó el contrato de transporte público de pasajeros a Taxi Imperial, que según el propio Ministerio de Transporte no tiene licencia para prestar el servicio. Una posible respuesta se encuentra en algunos documentos de la constitución de esta sociedad que dicen que está conformada por siete empresas de transporte de la familia de José Eduardo Hernández y de Uldarico Peña, identificadas como Corpotaxis S.A., Taxtotal S.A.S., Cotech S.A., Supertaxi S.A., Vesher S.A.S, Rentaxi S.A. y Taxis Teleclub S.A., varias de ellas con licencia para transportar pasajeros.

Otra de las dudas tiene que ver con la minuta del contrato que les hacen firmar a los conductores para registrarse en Taxi Imperial, la cual conocieron a mediados de octubre, semanas después de creada la nueva empresa. En ella encuentran que una de las exigencias para pertenecer a Taxi Imperial es estar afiliados a alguna de las compañías de Hernández o de Peña. Y fuera de pagar esa afiliación, deben pagar cada mes a la nueva sociedad $335.000, de los cuales $240.000 corresponden a rodamiento y $95.000 a comunicaciones. En cuanto a su herramienta de trabajo, es decir el taxi, existe una cláusula en la que Taxi Imperial se atribuye el derecho de exigir el tipo de vehículo que deben adquirir en los próximos años. Se trata de la cláusula relacionada con la reposición del vehículo, la cual deben hacer “por el modelo y las características que escoja la empresa”.

Para completar, les están exigiendo la compra de una tableta para el sistema GPS, cuyas características también impone la empresa. Según testimonio de Rafael Velásquez, uno de los transportadores que resultarían afectados y quien lleva casi 10 años trabajando en el aeropuerto, los implementos que les sugieren comprar no son de calidad, refiriéndose puntualmente a las tabletas. “Adicional a esto quieren que cambiemos de carro en muy pocos años, sin tener en cuenta que muchos estamos endeudados pagando los que tenemos, y endeudados con los talleres donde les hacemos mantenimiento para tenerlos en condiciones óptimas para prestar el servicio”.

Si se tiene en cuenta que un crédito para vehículo en el país se hace por cinco años y que en esta nueva empresa les piden renovar el taxi en este mismo tiempo, esto quiere decir que los transportadores trabajarán para pagar sus carros. Para Román Beltrán, secretario del sindicato, los 600 vehículos que quieren sacar “están en óptimas condiciones”, pero para los empresarios el hecho de que los carros pasen la revisión técnico-mecánica no es suficiente.

A pesar de las quejas de los conductores, que ven cómo se acerca la fecha en que deben dejar de prestar el servicio en El Dorado, para uno de los funcionarios de Taxi Imperial las exigencias que se les están haciendo a los taxistas que quieran trabajar con ellos son razonables y tienen una justificación: los usuarios se han quejado, porque a los carros no les cabe el equipaje, no son cómodos y se ven feos. “Esto no ayuda al propósito de mejorar la imagen del aeropuerto”, indica.

Por su parte, Uldarico Peña, gerente de Taxi Imperial, señala que la necesidad de tener mejores carros obedece a que el aeropuerto El Dorado es la puerta grande del país y que “los usuarios se hacen la imagen de qué es Colombia en un taxi”. Ante las quejas de los conductores dice que “son la manzana de la discordia”. “Si hubiéramos perdido la licitación, no tendríamos que estar molestando, pero la ganamos, porque reunimos las condiciones”.

Refiriéndose al contrato que deben firmar los taxistas que quieran trabajar en la terminal aérea, Peña explica que el cobro que les están exigiendo es para pagar diferentes gastos a Opaín y para el servicio a los mismos conductores. “Nadie está cobrando allí para volverse rico, ni para hacer plata. Se cobra para uniformes, parqueaderos, oficinas... Se cobra para que tengan los beneficios que otorga la empresa”.

Bajo estas condiciones, los representantes del Sindicato de Taxistas insisten en que se les está negando el derecho al trabajo, ya que hay exigencias que muy pocos pueden cumplir. A lo cual Peña responde: “No es cierto que no pueden trabajar. Para afiliarse no hay problema, la gente que quiera trabajar en el aeropuerto lo hace de forma voluntaria, pero se debe aceptar los compromisos de Opaín y de Taxi Imperial, y todos los gastos en los que deben incurrir”.

En medio de la polémica, Andrés Arbezú, director comercial de Opaín, asegura que ellos no dictan obligaciones especiales y que la única es que el taxi no debe tener más de cinco años. “Nosotros no exigimos reposición de vehículos, porque esto es un tema del Distrito o de la Nación, pero va a ser incómodo para los usuarios. Sí pedimos que deban tener uniformes y estar carnetizados, porque lo que pretendemos es arreglar los problemas de inseguridad. Además queremos que los taxis sean cómodos para que los pasajeros tengan espacio para la maletas”.

Frente a las quejas del Sindicato de Taxistas, Arbezú señala que en todo este caso se debe tener en cuenta a cuánta gente representa dicho sindicato. “No hemos visto ningún impacto. Ellos hacen mucha bulla y realmente la representación que tienen es muy marginal. Efectivamente ningún taxista tiene la obligación de trabajar en el aeropuerto”. Y concluye: “El Ministerio de Transporte les abrió un espacio para el diálogo, pero ellos no quisieron asistir a la reunión”.

Un contrato con peros

La minuta del contrato “para la prestación de un servicio de transporte en el aeropuerto El Dorado”, la cual deben firmar los conductores que se quieren afiliar a Taxi Imperial, es un documento de tres páginas y 15 cláusulas en las que están las exigencias que deben cumplir los transportadores que deseen seguir trabajando en la terminal aérea.

Este documento fue entregado a algunos transportadores a finales de octubre y tiene varios espacios en blanco, como el número y la fecha de firma del contrato entre Taxi Imperial y Opaín. La cláusula quinta es la más polémica, ya que en ella se establecen las obligaciones del transportador, una de las cuales habla de “hacer reposición del taxi cuando lo indique Taxi Imperial, por el modelo y las características que la empresa escoja”.

Huelgas de hambre y hasta encadenados

La Asociación de Propietarios de Taxis del Aeropuerto El Dorado (Astaxdorado) fue creada en 1997 para organizarse y aprovechar los beneficios que tiene el trabajar en esa zona de la capital. Sin embargo, perdieron la invitación pública que hizo Opaín para adjudicar el contrato de explotación del servicio de taxi en el nuevo aeropuerto El Dorado, el cual quedó en manos de Taxi Imperial.

El temor de los conductores de tener que dejar de prestar el servicio en la terminal aérea ha sido el motivo de constantes manifestaciones que empezaron el año pasado con huelgas de hambre y encadenamientos. A través de ellos manifestaron su inconformidad con lo que califican como una injusticia.

dacortes@elespectador.com

@d_alejandra2808

Por Diana Alejandra Cortés Gaitán

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