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Que el alcalde Enrique Peñalosa quiere urbanizar una parte de la Reserva Thomas van der Hammen no es sorpresa. Que ya esté moviendo fichas para concretar sus planes es lo que enciende las alarmas de quienes llevan casi dos décadas luchando por la conservación de esta zona que asegura la conectividad entre los cerros orientales y el río Bogotá. La confirmación la hizo el mandatario tras anunciar el ambicioso plan de vivienda para la ciudad, que comprende dos fases. En la primera pretende construir 80.000 viviendas, en los próximos dos años, destrabando algunos proyectos.
En una segunda etapa pretenden habilitar 15.000 hectáreas de suelo en el perímetro urbano, con el fin de adelantar el plan Ciudad Paz, con el cual impulsarán tres proyectos: uno en el sur, que incluye expansión hacia Soacha y Mosquera; otro en el occidente, denominado Ciudad Río, cerca de la franja del río Bogotá, y Ciudad Norte. Este último (para un millón de personas) pretende urbanizar al menos 5.000 hectáreas, de las cuales un porcentaje estaría en terrenos de la zona de conservación.
Y aunque todavía no hay claridad sobre qué porción de la reserva se pretende intervenir, sí está claro el concepto que tiene el alcalde sobre ella, el cual está muy alejado del que comparten los conservacionistas. Para Peñalosa, casi toda la reserva “no tiene foresta, sino potreros con vacas, que pertenecen a privados”. Por eso ha advertido sobre el grave costo ambiental de impedir una “urbanización bien hecha”. Su concepto lo respalda con las cifras del plan de manejo de la reserva, que indican que apenas el 7,8% son ecosistemas de conservación, mientras que el 92,2% lo ocupan áreas deportivas, colegios, industrias, rellenos de escombros, casas, establecimientos comerciales, estaciones de servicio y, en su gran mayoría, áreas agropecuarias.
Pero más allá de esta opinión, asegura la administración, la propuesta no sólo es construir casas, sino tener un plan ambicioso en materia ambiental. “El desarrollo del norte va más allá de la reserva, que tiene 1.400 hectáreas, la mayoría sin árboles. La propuesta es conservar las zonas donde hay bosque y, además, llegar a más de 1.700 hectáreas verdes, con la construcción de parques lineales que conserven el ecosistema y mantengan intacta la ruta de aves migratorias. Estos parques conectarán el circuito ambiental que une el río Bogotá con los cerros. Así se espera resolver problemas, como los casi 100 pozos sépticos que contaminan las aguas subterráneas”.
Francisco Cruz Prada, secretario distrital de Ambiente, explica que, aunque por ahora su despacho no adelanta ningún trámite relacionado con la reserva, las decisiones están bajo la tutela de la CAR. “La preocupación de los ambientalistas debería ser sobre la propuesta integral en los cerros, ríos y humedales, y no específicamente sobre un sitio. Tenga la seguridad de que la propuesta ambiental de la ciudad va a ser una de la más importantes del mundo. Deben tener tranquilidad; las decisiones que se tomen serán de gran importancia”.
Frente a la postura del Distrito, el ambientalista Julio Carrizosa, conocedor de la reserva, resalta que el valor de la estructura ecológica de la zona no depende de la cantidad de árboles nativos, la vegetación o la biodiversidad, sino en la interacción entre aguas lluvias y manantiales subterráneos. “Si se urbaniza se interfiere en esa relación y se pone en peligro el ecosistema de Bogotá”.
La historia
La preocupación de los que abogan por la conservación de la Reserva van der Hammen no es de poca monta. La discusión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) a finales de la década de 1990, durante la primera administración de Enrique Peñalosa (1998-2000), es el punto de partida para entender lo que ocurre. En 1999, la CAR consideró concluido el proceso de concertación de ese plan, excepto en tres puntos: la expansión urbana, el perímetro urbano respecto del corredor de la autopista Norte y la clasificación del suelo para determinadas áreas de protección.
El Ministerio de Ambiente de la época resolvió crear un panel de expertos que integraron Jorge Acevedo, Eduardo Aldana, Julio Carrizosa, Mauricio Correal, Luis Mauricio Cuervo, Raúl Jaramillo, Manuel Rodríguez, Rogelio Salmona, Germán Samper, Thomas van der Hammen y Gerardo Ardila, quienes concluyeron que la zona norte debía recuperarse y conservarse debido a su riqueza ecológica y paisajística. Específicamente, propusieron un área de conexión oriente-occidente a lo largo de mil metros, pues eso permitiría conectar “los pequeños relictos de bosque entre sí y los flujos de vida entre los cerros orientales y el río Bogotá, asegurando así su restauración y conservación en el tiempo”. En mayo del año 2000, el Ministerio acogió en buena parte ese concepto, aunque aceptó que la longitud propuesta fuera sólo de 800 metros.
La alcaldía de Enrique Peñalosa y la CAR interpusieron recursos contra la decisión, pero la cartera de Ambiente la ratificó en junio de ese mismo año, definiendo que el objetivo principal del área de reserva es el “mantenimiento y/o recuperación de la cobertura vegetal protectora”.
A las voces en contra se sumó en 2010 el procurador Alejandro Ordóñez, quien manifestó, en una comunicación dirigida al Minambiente, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá y la CAR, que no compartía la figura jurídica de la reserva, pues la zona “nunca tuvo esa vocación forestal protectora”. Sin embargo, dada la obligación de proteger ese área, les llamó la atención y les pidió acciones para protegerla.
En 2014, finalmente, se adoptó un plan de manejo ambiental que se había exigido en el año 2000.
No es tan fácil
Néstor Franco, director de la CAR, precisa que cualquier modificación a la declaratoria de reserva tendría que definirla el consejo directivo de esa institución, previa solicitud de la Alcaldía de Bogotá o de la entidad interesada en el cambio. Los términos para decidir no están definidos. “Así como se puede tardar meses, también se puede tardar tres o cinco años”.
Aunque el funcionario no lo dice, queda claro que se trata de un tema de voluntad política de quienes integran ese consejo, que hoy conforman el presidente de la República, el ministro de Ambiente, los gobernadores de Cundinamarca y Boyacá, los alcaldes de Bogotá, Cajicá, San Antonio del Tequendama, Topaipí y Buenavista, dos representantes del sector privado, dos de entidades sin ánimo de lucro y uno de comunidades indígenas.
Según la exsecretaria de Hábitat de la administración Petro y excandidata a la Alcaldía de la ciudad, María Mercedes Maldonado, en Bogotá sí hay suelo para construir sin tocar la reserva, especialmente si se tiene en cuenta que en el norte hay 1.684 hectáreas urbanizables. A esto se suma una parte del occidente (la que no tiene restricción por inundación) y un sector en Usme, en el sur.
“Es llamativo cómo la actual secretaria de Hábitat, María Carolina Castillo, encontró suelo para construir 80.000 viviendas en 20 días. Es decir, está anunciando que ocupará zonas inundables del río Bogotá y una parte de la reserva. El anuncio preocupa porque, de hacerlo, estaría desconociendo la gestión ambiental por conservar esa zona de la ciudad, que involucra decisiones del Consejo de Estado, las autoridades ambientales y el propio Distrito, pero especialmente de la ciudadanía”, insiste Maldonado.
La exfuncionaria recalca que se trata de un proceso largo promovido por una ciudadanía activa y que el alcalde no puede desbaratarlo de un plumazo. Para urbanizar parte de la Van der Hammen, la administración, además de contar con el permiso de la CAR, tendría que solicitar un concepto del Ministerio de Ambiente, ya que hay resoluciones de esta cartera que protegen la zona. A todo se suma que la modificación tendrá que quedar clara en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que Peñalosa promoverá y que debe contar con la participación ciudadana.
“Esto no es una discusión entre Petro y Peñalosa. Es una lucha entre la visión expansionista del vicepresidente Germán Vargas Lleras y el alcalde Peñalosa contra la institucionalidad ambiental”, concluye Maldonado. Cierto o no, lo claro es que el debate está abierto y que ya se encendieron las alarmas respecto al futuro de la reserva ambiental del norte de Bogotá.