Toberín no quiere una URI

La comunidad de este sector de Usaquén alega que la construcción sería ilegal. Su rechazo lo respaldan con una providencia del Consejo de Estado.

Redacción Bogotá
27 de noviembre de 2014 - 10:57 p. m.
Cerca de 100 habitantes protestaron ayer en la carrera 21 con calle 169, lugar en el que la Fiscalía quiere construir  una URI.  / Archivo particula
Cerca de 100 habitantes protestaron ayer en la carrera 21 con calle 169, lugar en el que la Fiscalía quiere construir una URI. / Archivo particula

Los vecinos del barrio Toberín se oponen a que le Fiscalía construya una URI (Unidad de Reacción Inmediata) cerca de sus viviendas. Los habitantes de este sector de Usaquén realizaron una protesta ayer solicitándole a la entidad de control que detenga el proyecto: “No queremos nuestros parques convertidos en sanitarios de detenidos”, rezaba una de las pancartas. Los manifestantes salieron a la calle, desesperados, porque la Fiscalía cuenta con la licencia de construcción para edificar la URI en la carrera 21 con calle 169.

No es la primera vez que los vecinos luchan por este tipo de situaciones. Primero fue una Unidad Permanente de Justicia (UPJ), que instaló la Alcaldía de Bogotá, la que generó oposición. En el año 2000, el Consejo de Estado respondió a una acción popular de los habitantes de la zona y protegió los derechos a gozar de un ambiente sano, seguridad y prevención de desastres. El Distrito tuvo que suspender el funcionamiento de la UPJ.

Las razones de oponerse al funcionamiento de una UPJ o a una URI en el barrio no han variado en la última década. La Asociación de Empresas de Toberín (Asempto) esgrimió ante las instancias judiciales que en el área de influencia del predio donde pretenden construir la URI están ubicados 40 jardines infantiles, 60 colegios, 450 empresas industriales y comerciales, así como seis universidades. La principal preocupación: que el entorno se deteriore, como sucedió en el barrio La Granja, de la localidad de Engativá.

El concejal Hosman Martínez considera que la Fiscalía debería revaluar esta construcción: “La URI de Toberín atendería a la población de Suba, Cota, Chía y Cajicá, es decir, 2,7 millones de personas. Los habitantes de la zona temen que suceda lo mismo que en Engativá: el hacinamiento es tan grande, que los detenidos terminan amarrados a los árboles mientras los niños buscan un espacio en dónde jugar. Además, sueltan a los detenidos a las seis de la mañana, y éstos se quedan rondando unas horas por el barrio. También se trata de una cuestión de seguridad. La Fiscalía debería analizar terrenos en la autopista Norte con 200 o en la avenida Cali con calle 26”.

Además del apoyo de ediles y concejales, la comunidad de Toberín cuenta con el fallo del Consejo de Estado, que señala que en la zona no puede funcionar una institución que ponga en riesgo la seguridad de sus habitantes. Y aunque en este caso no se trata de una UPJ, sino de una URI, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en mayo de este año que en el barrio Toberín no está permitida la instalación de ésta. El fallo reiteró lo que determinó el Juzgado Sexto Administrativo en 2008.

La acción popular que falló el Tribunal Administrativo fue interpuesta por la Asociación de Empresas de Toberín, que alegó el derecho al goce de un ambiente sano, la defensa del patrimonio público y la seguridad. No obstante, el 8 de septiembre de este año la Fiscalía expidió una resolución abriendo un proceso de licitación para la construcción de la URI de Toberín en la carrera 21 con calle 169. El valor de la obra asciende a $10 mil millones.

El organismo de control abrió este proceso después de que el Distrito cambiara la reglamentación de la Unidad de Planeación Zonal (UPZ) en 2011, para que pudiera construir una URI en la zona. En 2013, la Secretaría de Planeación expidió una resolución aprobando el proyecto de la Fiscalía.

Vecinos del sector, como Violeth Collazos, recuerdan con temor los años en que funcionó la UPJ: “ En ese tiempo tuvimos unas experiencias horrorosas de balaceras y microtráfico en el parque. Eso sin contar los familiares de los detenidos que llegaban borrachos. Incluso, a una empresaria la balearon en su carro”.

Collazos agregó que la junta vio los planos de la URI que se construiría allí y su capacidad es de 12 capturados, una cantidad muy baja, que para ellos podría terminar en un problema de hacinamiento, tal y como ocurre actualmente en Engativá y Kennedy, donde hay hacinamiento y los parques del sector se convirtieron en las cárceles de los detenidos.

Por Redacción Bogotá

 

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