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Lo que es excepcional se ha convertido casi en una regla en Soacha: el toque de queda para menores. La medida se viene aplicando bajo el argumento de mejorar la seguridad y el orden público. Se ha vuelto tan común que, incluso, en algunos conjuntos residenciales la aplican a pequeña escala. La última orden, vigente hasta el 31 de julio, es la tercera del año, con lo que la medida se ha extendido por más de cien días. ¿A qué obedece esta estrategia que tiende a perpetuarse?
Lo que hay detrás es reflejo de las complejidades que enfrenta este municipio por la violencia. Tal como lo advirtió la Defensoría del Pueblo en su alerta temprana de junio pasado —en la que llamó la atención por la posible presencia de grupos armados—, Soacha sigue siendo foco de una criminalidad que escala a grados cada vez más sofisticados, donde los jóvenes son sus principales víctimas.
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Es por ello que las autoridades han apostado por la restricción. Quieren evitar que los menores sean instrumentalizados, no solo por la delincuencia común, sino por grupos como Autodefensas Gaitanistas, Rastrojos, Eln o disidencias de las Farc. La problemática no es menor: según líderes sociales de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy —que comparten con Soacha dificultades como el microtráfico y el hurto—, el sector urbano alberga “centros de formación delincuencial”, en los que preparan adolescentes para el robo o el homicidio. Según la Policía, algunas bandas que instrumentalizan jóvenes están en Cazucá, León XIII y el centro.
¿Por qué menores?
Para Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana, el que los jóvenes sean presa fácil del hampa responde a la estrategia de las bandas de aprovechar las normas que los amparan, algo que se repite con embarazadas, adultos mayores o discapacitados. “Al tener protección constitucional o protocolos de atención particular, algunos son capacitados para evadir la ley y salir impunes”.
El coronel Juan Carlos Celis, comandante de la Policía en Soacha, sostiene que se han identificado casos en que las mujeres jóvenes son instrumentalizadas para transportar armas y drogas. “Hace poco tuvimos el caso de una niña de 14 años que portaba un revólver, que era de un familiar, en medio de una riña. Eso muestra el grado de descomposición”, puntualiza.
Los resultados de la restricción, para las autoridades, parecen evidentes, pues los homicidios disminuyeron 17 %, las lesiones 12 % y los hurtos 15 % en el primer semestre de 2018. Sin embargo, al revisar la participación de jóvenes en delitos se tiene que 46 han sido aprehendidos por tráfico de droga, cinco por portar armas, 23 por hurto y otros seis por diversos hechos.
Para William Mayorga, secretario de Gobierno de Soacha, la reducción es producto, esencialmente, de los paulatinos toques de queda. “Las cifras son favorables. La estrategia vincula también a padres y docentes a varios programas. La aceptación ha sido tal que, incluso, en algunos conjuntos residenciales la vienen aplicando”.
¿Es conveniente?
Pese a los resultados, expertos en seguridad consideran que el abusar de la medida podría tener un efecto adverso a largo plazo. Para Johan Avendaño, experto de la Universidad Central, la inseguridad en Soacha es de vieja data, por lo que podría pensarse que la población ve la restricción como algo normal. Sin embargo, esto no quiere decir que sea correcta, porque la Alcaldía no está resolviendo el problema de fondo. “Es grave pensar que en el mediano plazo el toque de queda pueda ser permanente, porque la administración estaría mostrando su incapacidad para abordar el problema. Es factible que decida dejarla en ciertos sectores. Sin embargo, no puede ser la única medida. El problema no se resolverá con impedir que la gente salga a las calles después de una hora”.
Por su parte, Hugo Acero, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, considera que si bien “las medidas prohibitivas tiene resultados en el corto plazo, después se flexibilizan los controles, los jóvenes burlan la medida y se convierte para algunos policías y funcionarios en fuente de corrupción, revirtiendo su efecto”.
Por eso, afirma, más que la restricción, la tarea debe apuntar a temas preventivos y de atención a los pocos menores involucrados en asuntos de violencia. “Con estas medidas se estigmatiza a los menores como promotores de violencia, manteniendo la idea de que es más fácil limitar derechos que garantizarlos”.
Si bien políticas como el toque de queda, por ahora, parecen un aliciente en la lucha contra la delincuencia, en una población como Soacha —que concentra a víctimas de desplazamiento, tierreros, estructuras urbanas de guerrillas y bandas criminales, a lo que se suma una limitada presencia del Estado—, es claro que se debe pensar en otras medidas que pongan un alto definitivo a la pesadilla.
jgonzalez@elespectador.com