Transmilenio: entre la seguridad y la política

El debate por la seguridad en Transmilenio después de la indignación por los atracos reportados en los últimos días, terminó en otro capítulo de tensión entre el Gobierno Nacional y el alcalde Gustavo Petro. Aunque ayer el Ministerio de Defensa anunció medidas como la llegada de 400 uniformados (incluyendo algunos especializados en inteligencia), para muchos se trata de medidas pensadas más con el afán de obtener réditos políticos que en soluciones reales para el problema de los ciudadanos en el sistema.

 

Antes de la presentación del Comando Especial para reforzar la seguridad de Transmilenio —que realizaron ayer el Ministerio de Defensa, la Policía y la Alcaldía de Bogotá—, Petro mostró su desacuerdo con el plan del Gobierno en el sistema de transporte masivo. “Se necesitan 1.000 efectivos más, no 330. Si el 10% de la población bogotana está en horas pico en Transmilenio, el 10% de la policía de la ciudad debe a esas horas estar allí”, dijo el alcalde, e incluso cuestionó que hace un año el presidente Juan Manuel Santos ordenó el aumento de 300 policías y su orden no se cumplió.

 

Estas críticas de Petro fueron una suerte de respuesta al recorrido que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, lideró el sábado pasado en Transmilenio, en el que habló de las medidas que tomaría: incrementar el pie de fuerza con 330 uniformados y 70 encubiertos y recompensa de hasta $1 millón para los ciudadanos que denuncien los delitos en el sistema, entre otras.

 

Así que la indignación de los ciudadanos por los frecuentes problemas de inseguridad y los atracos masivos reportados la semana pasada, fue excusa suficiente para que Transmilenio volviera a ser caballito de batalla, justo en época de campaña electoral para llegar a la Alcaldía, una batalla en la que la Unidad Nacional está obsesionada en no perder terreno, como sucedió en los comicios pasados. De hecho, el presidente Santos había anunciado que haría una “toma por Bogotá” en la última semana de mayo y ésta comenzó antes de lo previsto, justamente con la visita de Pinzón al sistema de transporte.

 

 

Para muchos, el sabor que queda luego del recorrido del ministro y de los anuncios que hizo ayer, es que se trata de un episodio “demasiado reactivo. No fueron medidas tomadas con evidencia ni un diseño dirigido a tener impactos para evaluar, sino más como una estrategia para tratar de bajar la percepción de inseguridad”, como lo considera Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) de la Universidad Javeriana.

 

El hecho de involucrar policías especializados en inteligencia, en palabras de Restrepo, es una buena opción, debido a que uno de los problemas de los programas de seguridad ciudadana en general es que no son atacados desde la perspectiva de la judicialización. Sin embargo, duda que la estrategia tenga un efecto más allá de capturas de algunos criminales, en lugar de un mayor impacto contra el crimen organizado.

 

El Gobierno dice que su plan busca mitigar los delitos que más afectan a los ciudadanos, como el hurto a personas, las lesiones personales y la violencia contra la mujer, y que la presencia policial contribuya al control de las ventas ambulantes, la mendicidad, la evasión del pago del tiquete y los hechos vandálicos contra el sistema.

 

Otro de los aspectos que según el director del Cerac devela la intervención del Gobierno en la seguridad de Transmilenio es que la seguridad en la ciudad pasa por un momento de descoordinación total. “Muestra que no hay coordinación con la Alcaldía y la Secretaría de Gobierno, pero también muestra que el ministro toma posesión de la Policía, algo que es absurdo porque es como si él se encargara de diseñar un operativo contra un frente de las Farc. No sólo queda en duda la autoridad del alcalde, sino la del general Humberto Guatibonza, comandante de la Policía Bogotá, y de Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional”.

 

Lo que la gente espera en las estaciones y buses de Transmilenio es que en medio de tantos anuncios y promesas, en realidad se empiecen a ver cambios en la seguridad del sistema y de la ciudad y las estrategias no se queden en discursos para ganar adeptos políticos con miras a la campaña de 2015, mientras la escena frecuente es que los delincuentes amenazan a los ciudadanos con cuchillos en los buses.

 

 

vtellez@elespectador.com