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Seis meses después de haber comenzado la operación de la fase III de Transmilenio por la calle 26, Elespectador.com conoció un informe de auditoría realizado el año pasado por la Contraloría de Bogotá en el que se evidencia un presunto detrimento patrimonial por $2.041.473.645.
Ese valor corresponde a lo cancelado a los operadores del sistema Transmilenio en las estaciones de la calle 26 y el portal El Dorado, durante el periodo comprendido entre el 30 de junio y el 21 de julio de 2012, en cumplimiento de la aplicación del decreto 324 de 2012, que determinó la gratuidad en la tarifa del servicio de transporte.
Para llevar a cabo tal medida, se tuvo en cuenta un estudio técnico y económico que fue realizado por Transmilenio para que fuera considerado por la Secretaría de Movilidad como fundamento para fijar la tarifa y soporte de la expedición de dicho decreto, que determinaba la gratuidad en el transporte para los primeros días de operación.
Dicho estudio técnico y económico recomendaba comenzar la operación de la fase III del sistema de forma gratuita, soportada por los recursos ya aprobados por la Administración Distrital para el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP); igualmente, recomendaba mantener la tarifa al usuario en 1.750 pesos y, buscando mantener la estabilidad financiera futura del sistema, también se sugería establecer incrementos anuales de la tarifa al usuario de $100 a partir de enero de 2013.
La Contraloría Distrital, luego de revisar el documento, concluyó que “no se trata de un simple anexo, se trata de un estudio técnico que debe asegurar el cumplimiento de los principios de autosostenibilidad y costeabilidad del sistema. Así las cosas debe haber consonancia entre la decisión adoptada por la administración con el estudio técnico”.
Según el ente de control, la tarifa máxima del servicio de transporte masivo urbano de pasajeros del sistema Transmilenio sería de 1.800 pesos; sin embargo, no se estableció ningún valor de la tarifa a la entrada de la operación del Sitp y no se acogió la recomendación sobre el valor de la tarifa que era la de mantenerla en 1.750 pesos.
“Verificado el acto administrativo no se contempla una justificación sobre el periodo adoptado de gratuidad; sin embargo, la decisión implicó la erogación de $2.041.473.645 durante el 30 de junio y el 21 de julio de 2012”, dice el informe de auditoría.
De acuerdo al organismo de control, la Administración Distrital una vez expidió el decreto 324 de 2012 procedió a efectuar modificaciones a los contratos 004 de 2010, suscrito con la empresa Sociedad G Movil S.A.S. (Engativá) y el número 009 con el Consorcio Express S.A.S. (San Cristóbal y Usaquén).
“Los contratos de concesión para la explotación preferencial y no exclusiva para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros dentro del esquema del Sitp zonales, suscritos entre la empresa de transporte de Tercer Milenio y los consorciados, no previeron el escenario de la gratuidad; sin embargo, de mutuo acuerdo procedieron a suscribir un 'Otro sí' para dar viabilidad a la misma”, dice la Contraloría.
Las modificaciones contractuales se sustentaron en desarrollar una estrategia de implementación del servicio en estaciones y portales de nuevas troncales. Es así como se incluye un numeral que dice: “como excepción, en el evento que el alcalde decrete una tarifa gratuita al usuario en estaciones y portales de nuevas troncales del sistema Transmilenio como estrategia de implementación, los recursos de este fondo deberán ser utilizados para cubrir lo que debe remunerarse a los agentes SITP por la prestación del servicio asociado a la nueva operación”.
Twitter: @PaulaCastilloL