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La administración inició una serie de operaciones de restitución de espacio público, especialmente en zonas que están invadidas por cambuches de habitantes de calle. La primera recuperación fue en la mañana de este martes, en el sector de La Carrilera, en la localidad de Los Mártires. Y aunque la administración indicó que se respetaron los derechos humanos, hay denuncias de posible abuso de autoridad. Una de ellas indica que, al parecer, funcionarios le prendieron fuego a uno de los ranchos de los desalojados.
La intervención comenzó a las 7:00 de la mañana. Al sitio llegó personal de las secretarías de Gobierno, Salud, Integración Social, Mujer, así como funcionarios de la Uaesp, Policía, Personería, Bomberos y la Alcaldía Local de Los Mártires. Allí desalojaron a varias personas que tenían sus ranchos al pie del corredor férreo.
Integración Social explicó que esta operación se definió luego del consejo de seguridad de la alcaldía Local de Los Mártires, ya que el sector presentaba alta presencia de habitantes de calle y notorio deterioro urbano, por lo que eran catalogadas como “zonas inapropiadas de transitar o visitar”, dice el informe de la entidad.
La actividad duró hasta las 2:00 de la tarde, tiempo en el que retiraron escombros, basuras y material orgánico. “Así mismo, trasladamos a una mujer, cinco hombres y dos mujeres transgénero habitantes de la calle a los centros de atención de la Secretaría de Integración Social”, señaló la administración.
Denuncia
A pesar de que el Distrito señala que todo se desarrolló respetando a los desalojados, La ONG Parces opina lo contrario. Varios de sus representantes llegaron al sitio como veedores y, según ellos, fueron testigos de posibles abusos de autoridad.
“Las personas no fueron notificadas. Seis miembros de nuestra organización fueron testigos del momento en el que el personal de la Alcaldía le prendió fuego a uno de los hogares de una familia que, hasta hoy, habitaba en La Carrilera. Cuando les preguntamos la razón de la quema, contestaron que había sido la misma población. Sin embargo, eso no es cierto, porque a todos ya los habían sacado del lugar y estaban a cuadras observando cómo las autoridades destruían sus viviendas”, dijo Sebastián Lanz, como vocero de la organización.
Frente a la denuncia, la secretaría de Integración Social reiteró que fue el propietario del cambuche quien decidió prenderle fuego a su rancho. “Lo hizo por voluntad, como protesta por la actividad realizada y luego de ello se retiró del lugar”.
De acuerdo con personal de la Secretaría de Gobierno, este es el primero de una serie de operaciones que se realizarán en varios puntos de la ciudad y que se coordinarán con los alcaldes locales. Frente a la denuncia de la ONG Parces, respondió que ningún habitante fue víctima de maltrato y todo estuvo bajo la supervisión de la Personería Distrital.