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“Luchamos todos los días en la calle con los carros compactadores por acceder a los residuos de los que depende nuestro sustento. (…) Salimos a ‘ganarles’ a esos carros para revisar las bolsas que los ciudadanos dejan frente a sus casas, buscar rápidamente el material reciclable, ponerlo en el ‘zorro’ y seguir con la siguiente bolsa, antes de que los operarios de las empresas nos la quiten y la echen al compactador”. Este es un extracto de la acción de tutela interpuesta contra la licitación de las basuras, el 15 de diciembre pasado, por dos organizaciones de recicladores de Bogotá, y que estudia el Juzgado 40 Civil Municipal.
Ahí está condensada su principal inquietud por ese proceso, que seguramente se llevará a cabo este año con el fin de que la Alcaldía escoja las empresas que se encargarán de recoger las basuras por los próximos ocho años.
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Así como en 2011, cuando la Corte Constitucional tumbó la licitación que adelantaba el gobierno de Samuel Moreno porque no tenía en cuenta a los recicladores, estos consideran que ahora pasa lo mismo. La razón: las características de la licitación, conocidas hasta ahora en un proyecto de pliego de condiciones, poco o nada mencionan cómo su actividad se articulará con el sistema de recolección, barrido y limpieza de residuos que van al relleno Doña Juana.
Aunque el pliego de condiciones del proceso estipula que los operadores escogidos no podrán recoger material aprovechable, y en esa medida éste quedaría a disposición de los recicladores, ellos reclaman que no se definen condiciones para engranar su trabajo en el sistema de aseo. En la tutela piden, por eso, que les garanticen “zonas de operación de aprovechamiento en las que todas las organizaciones tengan las mismas condiciones que los operadores”.
Sergio Rodríguez, subdirector de aprovechamiento de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), responde que aunque esa entidad puede asesorarlos en la estructuración de rutas de reciclaje, no puede imponerlas. “No interferimos en el mercado porque el mercado es de ellos, que están en libre competencia, y no podemos afectarla. Si alguien nos dice que no tiene quién recoja el reciclaje de su casa o de su conjunto, la UAESP puede avisarles a los recicladores que pasen, pero solo puede llegar hasta ahí”.
Parte del problema, además, es que, en caso de que les definieran rutas a las organizaciones de recicladores, no todos los integrantes del gremio están asociados. Hay 21.000 registrados en Bogotá, pero tan solo 6.000 hacen parte de alguna organización. Hay quienes han manifestado que no les interesa.
La tutela insiste, de todos modos, en que mientras a los operadores del aseo les garantizarán áreas de servicio específicas en donde no tendrán competencia, a ellos les tocará seguir compitiendo entre sí por el material aprovechable. De ahí que exijan acciones que realmente los incluyan.
En diciembre pasado, de hecho, la Procuraduría le llamó la atención al Distrito porque no había presentado su plan de inclusión para recicladores, que debe acoplarse al nuevo Plan de Desarrollo. Por eso sigue vigente el de la administración Petro. El concejal Diego Molano (Centro Democrático), quien le ha hecho seguimiento al tema, advirtió que, por esa razón, “la licitación está en riesgo”, si se tiene en cuenta el antecedente de 2011.
La UAESP ha dicho que su política en ese sentido quedó plasmada en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), un decreto firmado en noviembre de 2016 por el alcalde Enrique Peñalosa. Para marzo, de hecho, se tiene previsto arrancar el piloto de una estación de clasificación y aprovechamiento en La Alquería.
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Pero los recicladores, de nuevo en su tutela, cuestionan ese documento por considerar que no les garantiza la infraestructura suficiente para desarrollar su labor. Incluso piden expresamente que se aplique el PGIRS que dejó firmado Petro en diciembre de 2015, a pocos días de dejar el cargo, pues allí se establece la adecuación de una serie de centros, y de áreas, para que ellos cumplan con su labor. Sin embargo, la actual administración firmó un nuevo decreto no solo para imprimirle su perfil, sino para actualizarlo con normas nacionales que no se tuvieron en cuenta en el anterior porque no habían sido expedidas.
El juez, por lo pronto, le pidió a la Uaesp que responda las inquietudes plasmadas en la tutela, antes de decidir de fondo.