Desde el pasado 20 de febrero un grupo de trabajadores de la Universidad Nacional realiza un paro que impide el normal desarrollo de actividades académicas. Los protestantes exigen un reajuste salarial de 30%.
Las directivas de la Universidad y miembros del Gobierno Nacional se han reunido para lograr llegar a un acuerdo pero los encuentros con los trabajadores en paro ha si infructuoso, pues no están de acuerdo con las propuestas de las directivas y aseguran que seguirán en paro de manera indefinida hasta tanto no se solucione un acuerdo económico que satisfaga a los empleados.
Durante los días de cese de actividades, los trabajadores se han tomado varios edificios de la institución educativa, afectando así no solo a 30 mil estudiantes que no han podido continuar con el programa académico, sino también a los niños que estudian en el colegio de la universidad.
El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, reunido de manera extraordinaria en las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional, y ante la emergencia que vive la Universidad por el bloqueo de sus edificios en varias de sus sedes por parte de un grupo de funcionarios administrativos que se han denominado “Comité Pro Mejora Salarial” manifiestó:
1. La voluntad de diálogo para encontrar caminos de acuerdo y una salida negociada que permita la reanudación inmediata de las actividades académicas.
2. Su total rechazo a las vías de hecho que impiden la libre movilidad de los miembros de la comunidad universitaria para el cumplimiento de sus tareas misionales.
3. Que confirma a la comisión delegada -conformada por los profesores Paulo Orozco Díaz, Jorge Iván Bula y Juan Evangelista Carulla-, y al equipo de asesores jurídico y laboral, para adelantar las conversaciones.
4. Que confirma la disposición de llegar a un acuerdo con los dos grupos de trabajadores respecto de la asignación de una bonificación para todos los trabajadores administrativos de la Universidad en el año 2013, mientras se adelanta el estudio que demuestre la real situación de las condiciones salariales de los empleados administrativos. Dicho estudio deberá estar concluido a más tardar dos meses después de conformada una comisión técnica.
5. Que gestionará ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ante el Departamento Administrativo de la Función Pública los ajustes que se deriven del estudio anteriormente señalado.
6. Que el restablecimiento del diálogo para superar el conflicto debe conducir a la normalización de la actividad académica de la Universidad para garantizar la culminación del semestre académico.