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Bogotá 6 Jul 2013 - 10:57 pm

Los destinos cruzados de un cabildante en apuros y su amigo de confianza

Un binomio clave en el carrusel

Versiones en poder de la justicia darían cuenta del papel que cumplieron el concejal Orlando Parada y el abogado Manuel Sánchez en presuntos actos de corrupción que vienen desde la alcaldía de Lucho Garzón. Ellos dicen ser inocentes.

Por: camilo segura álvarez / juan david laverde palma
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Foto: Óscar Pérez - Archivo ‘La República’
Orlando Parada, concejal de Bogotá por el Partido de la U. / Manuel Sánchez, abogado.

Las intimidades de cómo el concejal Orlando Parada y su amigo, el abogado Manuel Sánchez, manejaron desde los tiempos de la alcaldía de Luis Eduardo Garzón el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano; el posicionamiento de dos hermanos de Sánchez en estratégicos cargos en la Personería y la Contraloría; las reuniones en las que terminaron colándose los intereses de Miguel Nule y Julio Gómez en la contratación de la administración de Samuel Moreno, y el supuesto viaje a Miami, a finales de 2007, en el que se habría organizado el gabinete distrital, forman parte de las pesquisas que trata de aclarar la Fiscalía sobre las incidencias que habría tenido el binomio Parada-Sánchez en el escandaloso expediente del carrusel de Bogotá.

El próximo jueves 11 de julio la Fiscalía le imputará a Parada los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, pues tiene evidencia de que el cabildante habría recibido comisiones por tres contratos de la Unidad de Mantenimiento Vial, que suman cerca de $115 mil millones. De acuerdo con el expediente, entre Parada, Hipólito Moreno y el concejal Andrés Camacho Casado, el 10% de ese dinero habría terminado en sus bolsillos. Paralelamente, el abogado Manuel Sánchez adelanta un proceso de negociación en la Fiscalía del que poco se conoce. Al margen de las denuncias y los señalamientos que reposan en el proceso del carrusel, El Espectador conoció nuevos detalles sobre la historia de Parada y Sánchez en múltiples procesos de contratación en Bogotá.

Parada y Sánchez son amigos de vieja data. Sin embargo, sus relaciones en la vida pública empiezan a documentarse desde cuando Orlando Parada oficiaba como edil de la localidad Antonio Nariño, y Sánchez, como alcalde de la misma zona. Desde entonces, según distintas versiones que hoy corrobora la Fiscalía, el abogado ha sido padrino y tutor del hoy concejal, mientras paralelamente ganaban política y económicamente. Un destino que fueron labrando al tiempo y que los posicionó en los círculos de poder de la capital. En varios interrogatorios, distintos testigos han señalado que, simultáneamente, el abogado Sánchez presionaba a funcionarios para conseguir contratos y cuotas en la administración, y el concejal impulsaba acuerdos en los que terminaban ganando juntos.

Por ejemplo, las acusaciones sostienen que en la alcaldía de Lucho Garzón, al concejal Parada le entregaron en el IDU el manejo de la Subdirección de Sistemas. Allí, supuestamente, hizo nombrar a una persona de la confianza de Manuel Sánchez: Jorge Silva. De esta manera, habrían sido múltiples los contratos que se ganaron firmas cercanas a Parada y Sánchez. Silva habría sido delegado entre 2005 y 2006 para preparar los pliegos de los procesos donde sus ‘mentores’ tenían intereses, como el caso del contrato de sistemas para la implementación del cobro de la valorización. La Procuraduría lo destituyó tiempo después, pero los investigadores hallaron una novedad: este exfuncionario resultó encargado de la plataforma informática de la campaña de Samuel Moreno a la Alcaldía.

Otro escenario que la Fiscalía pretende aclarar tiene que ver con el posicionamiento de Nubia y Marcelino Sánchez —hermanos de Manuel— en puestos claves de organismos de control. En el caso de Nubia, se ha dicho que durante el período del excontralor Óscar González Arana fue designada como contralora local de San Cristóbal y después de Usaquén. Parada habría influido en estos movimientos, así como en la continuidad de la funcionaria durante el período de Miguel Ángel Moralesrrussi. No obstante, fuentes cercanas al exconcejal señalan que esos nombramientos fueron “normales”, pues Nubia ya era funcionaria de tiempo atrás y había desarrollado una carrera meritoria en la entidad.

Para el caso de Marcelino Sánchez, ha trascendido, según fuentes consultadas en la Personería Distrital, que durante los períodos de Herman Arias y Francisco Rojas Birry, entre 2004 y 2009, fue designado en personerías delegadas que administraron temas sensibles como el manejo de basuras en Bogotá, la adquisición de predios y otras obras de malla vial. De hecho, las autoridades tratan de establecer si debido a esta conexión el binomio Parada-Sánchez obtuvo algún beneficio en materia de contratación. Aunque El Espectador intentó ubicar al concejal Parada, éste se encontraba fuera del país. Por su parte, Sánchez no respondió a las llamadas de este diario. En todo caso, cercanos amigos de ambos desmintieron irregularidades en las actuaciones de Nubia y Marcelino.

Otra de las piezas claves de las versiones con las que cuenta la Fiscalía sería Aldemar Cortés Salinas, exsubdirector técnico de Ejecución de Obras del IDU. Según cuentan testigos, era quien se encargaba de hacer los pliegos de condiciones en los procesos contractuales de las entidades donde este binomio presuntamente tenía intereses. Este diario pudo establecer, con fuentes cercanas a Manuel Sánchez, que este ingeniero fue parte de la empresa de juristas que dirigía el abogado, por lo menos, desde 2004, tres años antes de su nombramiento en el IDU.

De acuerdo con los testimonios, una de las entidades en las que este funcionario habría incidido en la preparación de licitaciones sería el Fondo de Vigilancia. Precisamente, durante las administraciones de Diana Vélez, que fue declarada insubsistente por el mismo Lucho Garzón en 2004, y posteriormente con Liliana Pardo, quien luego fuera directora del IDU y que hoy afronta varios procesos por el carrusel. Incluso, de acuerdo con las mismas versiones, una vez caducado, el binomio Parada-Sánchez habría promovido la entrega directa del contrato para la construcción de la estación de Policía de Ciudad Bolívar a una firma del detenido contratista Julio Gómez, por un valor cercano a los $60 mil millones.

La intermediación en este proceso licitatorio se habría dado gracias a los contactos que Sánchez y Parada hicieron para que Julio Gómez y Emilio Tapia —involucrados en el escándalo desde la caída del Grupo Nule— se acercaran a Samuel Moreno. También la Fiscalía está cruzando versiones, según las cuales, una vez Samuel Moreno ganó las elecciones para la Alcaldía en 2007, poco después supuestamente viajó en compañía de Parada y Manuel Sánchez a Miami para definir el gabinete distrital. Efectivamente, fuentes cercanas al caso le contaron a este diario que Parada y Sánchez sí viajaron a Estados Unidos en esas fechas, pero “no con el exalcalde Moreno, sino con sus parejas”.

 Esa supuesta relación de cercanía entre el exalcalde del Polo Democrático, el concejal de la U y el abogado se habría roto un año después de que empezara el mandato de Moreno. Todo, dicen los testimonios, por un ‘exceso’ de participación de Julio Gómez, Emilio Tapia y Álvaro Dávila en la contratación y la participación burocrática. Eso habría desatado la presión de un grupo de concejales, supuestamente cercanos a Parada, con debates de control político a los funcionarios que tomaron las riendas de las entidades que habrían quedado por fuera del control de Parada y Sánchez.

Esta semana se definirá la suerte del concejal Orlando Parada en su audiencia de imputación de cargos. El cabildante ha señalado que es inocente de todas las acusaciones, que jamás recibió ‘mordidas’ y que esto no es más que una persecución política. Su amigo Manuel Sánchez ha dicho lo mismo, aunque se sabe que está negociando con la justicia. La Fiscalía rastrea los cabos sueltos de la contratación en el Distrito en la que se asegura que habrían metido la mano ambos.

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