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En octubre de 2017, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) abrió un proceso para buscar una entidad que cuidara los perros y gatos en situación de abandono y recuperados del sistema de urgencias del Distrito, que serían puestos en adopción. En noviembre, el contrato, por $206 millones, se le adjudicó a la Asociación Arkambiental, representada por el ingeniero ambiental Cristian Camilo Anchuique Caro.
Una de las exigencias era contar con instalaciones adecuadas, y entre los documentos se encuentra un acta del 10 de noviembre de 2017 según la cual se verificaron las instalaciones que ofrecía la entidad, ubicadas en la calle 11 Nº 5-53 del municipio de Cota. En la lista de chequeo señalan que tenía consultorios, zonas de infecciosos y de hembras lactantes y cachorros, alojamiento de caninos y de felinos, baño, zona de esparcimiento y transporte adecuado.
¿Los compromisos? Realizar actividades de manutención a los animales, alimentarlos dos veces al día, garantizar la limpieza, el lavado y la desinfección diarios de las áreas de alojamiento, y tener personal 24 horas para atenderlos. La idea era que tuvieran un lugar apto para su estadía. El contrato se venció el 5 de marzo, pero le hicieron dos prórrogas: una por 15 días y otra de dos meses y medio, argumentando que 40 animales no fueron adoptados. (LEA: Lista la plata para el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá)
No obstante, tanto el contrato como la prórroga y las instalaciones hoy son cuestionados por la Veeduría Animal, organización que le hizo seguimiento al proceso. Según la entidad, Arkambiental no era idónea, ni cumplió obligaciones. Por eso critica que hoy siga al frente del cuidado de los animales.
La denuncia
Para sustentar su denuncia, la Veeduría Animal hizo una relación de sus hallazgos tras verificar el historial de la empresa y el cumplimiento del objeto del contrato. Para comenzar, dos situaciones dieron pie a sus sospechas: por un lado, el cambio de dirección del sitio donde debían estar los animales. Por el otro, que al consultar a la administración sobre cuánto le habían pagado al contratista, le respondieron que no habían hecho desembolsos, porque “no había cumplido los requisitos para pago”.
La Veeduría se dio a la tarea de verificar dónde y cómo se encontraban los animales al cuidado de Arkambiental. Inicialmente visitaron una dirección que reposa en el contrato y llegaron a un lote llamado Chorrillos, donde había unos perros, una carpa y pocos equipos. Nadie los estaba cuidando.
“Los vecinos comentaron que esos eran los animales al cuidado de Arkambiental. Estuvimos una hora y nadie nos atendió. Luego nos dijeron que otros animales podrían estar en un lugar llamado Animal Cliniq Center. Al llegar a la dirección, encontramos un billar”, cuenta Liliana Velandia, representante de la Veeduría.
Los miembros de la Veeduría visitaron otro predio en Cota, conocido como la “finca de doña Oliva”, donde dijeron que también tenían animales. Al llegar, ya no estaba ninguno, pero corroboraron las condiciones del lugar: un espacio sin ventanas, sin desagües y paredes desgastadas, que sólo tenía una puerta y el piso de cemento.
Sobre el funcionamiento de este sitio como albergue para animales, la Veeduría pidió información a la Alcaldía de Cota y la respuesta aumentó sus dudas. Según la autoridad municipal, la Secretaría de Salud y la Policía visitaron el predio el 13 de febrero y encontraron 80 perros (10 de razas peligrosas) y una decena de gatos.
Agregaron que, ante la falta de información sobre el establecimiento y las condiciones del albergue, les concedieron a los propietarios 10 días para completar requisitos y, de paso, hacer mejoras al lugar. “Es decir, los animales, presuntamente, no estaban albergados en condiciones idóneas. Cuando los funcionarios regresaron a hacer la revisión, ya los animales no estaban”, agregó Velandia.
Con esas pruebas, la Veeduría envió un derecho de petición al Idpyba para saber cuánto se le había pagado a Arkambiental. No obstante, la entidad respondió que, hasta el 13 de abril, “el contratista no había presentado facturas y no había cumplido requisitos para pago”. Ante esto, los denunciantes se preguntan “¿por qué les extendieron el contrato?”.
Todo en orden
Tras las denuncias de la Veeduría Animal, El Espectador consultó a los representantes de la asociación y a la entidad distrital. El primero en contestar fue Cristian Camilo Achuique, de Arkambiental. Por ejemplo, ante la denuncia de la falta de equipamientos en el predio Chorrillos, dijo que allí sólo tuvieron unos pocos animales.
“Pedimos un espacio temporal, porque nos llegaban muchos, y si no lo hubiéramos hecho, estarían en la calle”. De paso, desmintió que los miembros de la Veeduría hubieran encontrado animales en ese sitio, porque cuando fueron ya no los tenían allá.
Respecto al incidente con la Alcaldía de Cota para mejorar las instalaciones donde también tuvieron algunos perros en custodia, Achuique respondió que, efectivamente, la administración les dio cinco días hábiles para atender sus requerimientos. Al consultar sobre la cantidad de animales y los sitios donde los tuvo, no supo dar respuesta.
A pesar de las dudas planteadas por la Veeduría, para el Idpyba no hay nada de qué preocuparse, pues al momento de adjudicar el contrato verificaron todos los documentos y encontraron que la asociación cumplía los requisitos, incluyendo la experiencia, lo cual fue corroborado con la información del Registro Único de Proponentes (RUP): “Arkambiental sí ha cumplido con el contrato”. Agregan que el contratista aceptó, incluso, albergar más animales de los esperados.
¿Y por qué no les han pagado? A esto el instituto respondió: “Porque no han radicado formalmente las facturas ni los documentos necesarios para que sean revisados por el área supervisora del contrato. Además, todo esto surte trámites internos en las diferentes áreas del Instituto”. Según el Idpyba y Arkambiental, en la actualidad hay 35 animales bajo custodia. El Distrito explica que se han hecho los seguimientos para verificar su situación y aseguran que están en buen estado.
Para la Veeduría, hay una falta de control. Para el Distrito, todo está en regla. El caso se encuentra en manos de la Personería, para definir si hay algo por investigar.