Un mal año para el Concejo

Faltó control político sobre la administración, las iniciativas de ésta fueron las aprobadas y se tejió una nueva coalición.

Redacción Bogotá
29 de diciembre de 2013 - 08:00 p. m.
La plenaria del Concejo de Bogotá.  / Archivo - El Espectador
La plenaria del Concejo de Bogotá. / Archivo - El Espectador

El año que termina no fue el mejor para el Concejo distrital. Los debates de control político disminuyeron, las iniciativas de los concejales se redujeron y los escándalos judiciales estuvieron a la orden del día, incrementando así la mala imagen que la ciudadanía tiene de la corporación. En cambio, para la administración de Gustavo Petro, el balance de su relación con el cabildo fue positivo, pues los proyectos trascendentales que propuso fueron aprobados y logró consolidar una coalición fuerte. No obstante, la incertidumbre sobre la permanencia del progresismo en la alcaldía promete darle algo de oxígeno a la oposición.

Durante el año que concluye, los debates de control político a la administración estuvieron enfocados en cuatro temas: la implementación del nuevo modelo de basuras a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), la crisis de los comedores comunitarios, que terminó sacando de la Secretaría de Integración Social a Teresa Muñoz (reemplazada por Jorge Rojas), el manejo de los recursos de seguridad y Policía en el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) y la recuperación y mantenimiento de la malla vial local.

“Es evidente que, en comparación con 2012, la regularidad y la calidad del control político bajó. No hubo una sincronía entre la agenda de la ciudad y la dinámica del Concejo”, afirmó en diálogo con este diario el concejal verde Antonio Sanguino. Una reducción que, a juicio de varios concejales, tiene tres motivos fundamentales: la mesa directiva no supo acopiar las proposiciones de los concejales y agendar oportunamente los debates de control, la oposición se vio mermada por los escándalos judiciales y la llegada de Guillermo Jaramillo a la Secretaría de Gobierno, en mayo de este año, redujo las fricciones de la administración con el órgano legislativo distrital.

Y es que, sin duda, este es un Concejo disminuido políticamente por los escándalos de corrupción. José Juan Rodríguez, del mismo Partido Verde, fue encarcelado preventivamente por su presunta participación en el ‘carrusel de la contratación’. Andrés Camacho Casado, Orlando Parada (ambos del Partido de la U) y Ómar Mejía, conservador, están a la espera de que la Fiscalía les impute cargos, mientras que otra docena de concejales en ejercicio han rendido indagatoria o están por surtir la diligencia.

Incluso, durante más de cuatro meses el Concejo estuvo frenado por una licencia que pidió José Juan Rodríguez el día de su captura, el 23 de mayo. La presidenta María Clara Name se declaró impedida para resolver la petición, pues ella pertenecía a la misma bancada que el concejal detenido y elevó consultas a la Procuraduría y a la administración. De allí en adelante, hubo un ‘carrusel de los impedimentos y las recusaciones’ que dilató la pérdida de curul de Rodríguez y eclipsó el curso normal de los debates y proposiciones del Concejo. Al punto en que sólo seis meses después, en noviembre, se posesionó Lucía Bastidas en reemplazo del concejal investigado.

Pero la administración sacó réditos en este anormal ambiente. “La llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo a la Secretaría de Gobierno destrabó las relaciones con el cabildo”, le dijo a este diario la concejal progresista Diana Alejandra Rodríguez. Y es que, después de casi 18 meses en los que la administración de Gustavo Petro se negó a hacer acuerdos políticos (burocráticos) con bancadas opositoras o independientes, trascendió, en los medios de comunicación y en los pasillos del Concejo, que una sección de la bancada de la U y otra de los verdes habrían tenido acceso a diferentes cargos en las secretarías de Movilidad y Ambiente a cambio de una actitud más laxa frente a la administración.

A ese ‘pragmatismo’ de Jaramillo obedeció que después de un año en el que fue rechazado en tres ocasiones el cupo de endeudamiento de $3,8 billones para la realización de megaobras, éste fuera aprobado con una mayoría aplastante. Lo mismo ocurrió con la derogación del cobro de la valorización, pues ambos proyectos estuvieron amarrados. Las obras más importantes que se dejaron de financiar por valorización serán financiadas con recursos de deuda. Además, por esa ‘diligencia’ de Jaramillo también fueron aprobados sin contratiempos el presupuesto de 2014 y la creación del Instituto de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Los principales proyectos aprobados fueron iniciativas del gobierno. Sin embargo, el más trascendental de los presentados por éste, el de la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial que aplicará durante la próxima década en toda la ciudad, se cayó en el cabildo. Fue votado negativamente en la Comisión del Plan y, posteriormente, ante la negativa, expedido por decreto por el alcalde Gustavo Petro. “Yo no veo la expedición de ese decreto como una derrota de la oposición en el Concejo. Fue el debate más rico de los que se hicieron este año. El decreto de Petro muestra, simplemente, que él suele desconocer las instituciones”, dijo el liberal Miguel Uribe Turbay.

Ahora, en 2014 la administración planteará proyectos tan importantes como una reforma tributaria y la creación de la Secretaría de Seguridad. Seguramente, con la sinergia de Progresistas con el Partido Verde en la nueva Alianza Verde, y los votos del Polo, de un sector de la U y los liberales, se terminará de definir una coalición mayoritaria. Una ‘unidad distrital’ para acompañar y darle fuerza a una administración que está en riesgo de caer por cuenta de la Procuraduría o en las urnas en la revocatoria; o para oponerse a un nuevo gobierno que llegaría a comenzar lo que le costó dos años al gobierno de Petro y que tendría un signo político diferente al del progresismo.

Por Redacción Bogotá

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