Un polémico veterano de la paz

Guillermo Asprilla defendió el proyecto que nació en las entrañas del M-19. Doña Juana, una de sus causas más queridas, terminó costándole su carrera política.

Guillermo Asprilla no podrá ejercer, durante 12 años, cargos públicos. / Archivo
Guillermo Asprilla no podrá ejercer, durante 12 años, cargos públicos. / Archivo

Asprilla se agarró la cabeza. “No, no, no, no puede ser”. Sentado en su despacho en la Secretaría de Gobierno, los ojos clavados en la página de internet del Consejo de Estado, constataba que, en efecto, aún figuraba en el sistema como apoderado de las familias. Al frente, Laura Ardila, entonces periodista de El Espectador, lo observaba. Horas antes lo había llamado para decirle que tenía en sus manos la constancia de que su nombre figuraba con el poder de representación de cientos de personas afectadas en 1997 por la explosión ocurrida por malos manejos ambientales en el relleno sanitario Doña Juana.

“Guillermo estaba muy seguro de que él había cedido el poder, me decía que eso no podía ser posible. Yo incluso lo hubiera dudado de no haber tenido en la mano el papel que lo comprobaba”, cuenta la hoy periodista de La Silla Vacía.

Durante los siguientes meses, el caso Doña Juana se convertiría en el más dulce y amargo capítulo de la vida de este abogado de 53 años, de quien se dice que siempre se preparó para estar en el poder e implementar desde allí los programas progresistas con los que comulgó desde su juventud como militante del M-19.

El asunto es dulce porque, 15 años después de la explosión en el relleno sanitario, y gracias a su gestión como abogado de las víctimas, en noviembre del año pasado el Consejo de Estado le ordenó al Distrito pagarles $227.000 millones a las familias que aquel 27 de septiembre quedaron viviendo entre desperdicios por cuenta de la avalancha de desechos que les trajo la explosión.

Pero al “héroe de Doña Juana”, como lo tilda un blog sobre el tema en internet, el caso le costó su carrera política. Por cuenta de las revelaciones de este diario y luego de un proceso de 11 meses, la Procuraduría General de la Nación lo removió de su cargo y lo condenó a 12 años lejos del servicio público.

Buena parte de la administración distrital está compungida. Para los muchos exmilitantes del M-19 que hoy trabajan o colaboran con Petro en el Distrito, la sanción a Asprilla, que consideran desproporcionada, es un ataque político de alto calibre. “Es la imposición de una norma de manera arbitraria, de manera abusiva. Es el despotismo del poder”, asegura Fabio Hipólito Mariño, antiguo compañero de lucha.

Para Mariño, la indignación que sienten los antiguos militantes de esta guerrilla, a la que perteneció también el alcalde Gustavo Petro, se compara con la que sintieron, hace ya dos décadas, con el asesinato de Carlos Pizarro, candidato a las elecciones presidenciales de 1990.

Buena parte del gabinete de Gustavo Petro tenía en Asprilla al más férreo defensor de un proyecto radicalmente reformista que ha enfrentado todo tipo de resistencias (justificadas o no). “No sólo se va el secretario de Gobierno, se va el secretario que ha estado al frente del proyecto del alcalde Gustavo Petro”, asegura Teresa Muñoz, secretaria de Integración Social.

Por su parte, Clarisa Ruiz, secretaria de Cultura, define a Asprilla como “un hombre culto, ambicioso en sus objetivos de izquierda”.

Esa ambición lo llevó a dar duras peleas durante estos 14 meses de gobierno. Peleas que, a los ojos de muchos, crearon zozobra y dificultaron el proceso administrativo de la ciudad. De ahí que a Asprilla siempre le cuestionaran, entre otros hechos, su intransigencia en la negociación con los operadores privados de Transmilenio (que dilató por meses el acuerdo para que redujeran sus ganancias), sus amargos enfrentamientos con la veedora distrital, Adriana Córdoba, y su fallido intento de conformar una gran planta temporal para pavimentar las calles de la ciudad (proyecto que terminó siendo legalmente inviable y que provocó que durante un año no se pavimentara una sola calle en Bogotá).

En el Concejo, las posiciones son ambiguas. El cabildante verde Antonio Sanguino asegura que Asprilla fue un “buen alter ego” del alcalde, pero que fue “errático e intermitente en el diálogo con los concejales”. En efecto, aún la administración Petro no ha logrado trabajar de la mano de esta corporación, más allá de la aprobación del Plan de Desarrollo, quizás el único triunfo político visible del secretario de Gobierno.

Para quienes lo defienden, sin embargo, Asprilla fue, antes que radical, un vehemente. Un personaje sobrio, lúgubre y silencioso, dotado del mismo carácter que tienen otros antiguos militantes del M-19, que desde finales de los 90 abandonaron las armas para luchar desde lo político, “con un compromiso total, asumiendo incluso el riesgo de la vida”, asegura Mariño.

Quienes compartieron con él estos meses de gobierno, aseguran que esgrimió este mismo carácter. Asprilla asumió las banderas del proyecto de Petro cuando aún se sobreponía a la muerte de su esposa y cuando una complicada enfermedad en la médula comprometía rápidamente la movilidad de una de sus piernas.

A la oficina en el Palacio Liévano llegaba bien temprano en la mañana para realizar fisioterapias, que luego repetía por la noche. Las cosas se complicaron a tal punto que durante febrero viajó a Cuba para recibir tratamiento. Durante todo el tiempo, sin embargo, no faltaba a las sesiones del Concejo de Bogotá y a los eventos estratégicos de su cartera. Siempre con un bastón. Apoyado en el hombro de algún colaborador. Caminando tan lentamente que difícilmente parecía moverse.

¿Cómo está Asprilla? “Tranquilo, pero decepcionado”, aseguran en la secretaría. Una decepción que llega dos décadas después de participar en el llamado Congresito, donde emergieron las primeras leyes subsidiarias de la Constitución de 19911. Dos décadas de haber sido, en palabras de Mariño, “un defensor de las causas sociales y un veterano de la paz”.