Un recluso que le costó al Estado $70 millones

La cárcel La Picota tiene un hacinamiento del 42,3 %. / Archivo El Espectador

Una condena por homicidio, una millonaria deuda y un recluso envenenado en La Picota fueron los hechos que estudió la justicia para condenar al Inpec, luego de 14 años de pleitos jurídicos. La acción en contra de la institución se remonta al 16 de junio de 2003, cuando Joel Cardona –condenado a 35 años de cárcel– fue asesinado dentro del penal.

Los familiares de la víctima, en su demanda, indicaron que el daño estuvo relacionado con la falla en el servicio debido a que, según afirmaron, se incumplió la obligación de cuidar la integridad física y psicológica del interno. En primera instancia, en 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogió los argumentos del Inpec, los cuales versaban sobre la posibilidad de que Cardona –sentenciado por homicidio– hubiera infringido las normas de la cárcel, “dado que se encontraba ingiriendo licor de fabricación carcelaria llamado ‘chámber’, para cuya preparación se utilizan sustancias no aptas para el consumo humano, como alcohol industrial, thinner, quitaesmalte, entre otras”.

Sin embargo, a pesar de esa decisión, los demandantes, con informe de necropsia en mano, reiteraron que la sustancia encontrada en el cuerpo de Cardona no era etanol, sino cianuro. Eso reforzaba el eje de su argumentación: había un plan para acabar con la vida de Joel Cardona y la bebida que se le suministró “fue ingerida con anuencia del personal de vigilancia de la penitenciaría”. Por eso decidieron acudir ante el Consejo de Estado, que recientemente firmó el fallo que favorece a los demandantes.

Los testimonios sobre la muerte

Cuando la Fiscalía inició la investigación por la muerte de Cardona, uno de los reclusos indicó que no escuchó nada extraño, salvo que un hombre conocido con el alias de Barbas –condenado a 10 años de cárcel por homicidio– le dijo que a él también lo iban a envenenar como lo hicieron con Joel Cardona. “Esa amenaza surge debido a que yo viví seis meses en el penal de al lado, conviviendo con la guerrilla, y desde el primer día que llegué al lugar donde estaba Joel, los miembros de las autodefensas decían que yo era guerrillero y que estaba infiltrado”.

Otro de los testimonios indicó que el envenenamiento de Joel Cardona obedeció a un problema con un préstamo que él les hizo a unos reclusos conocidos como los primos Marroquín. “Aparte de eso, Joel les compró un restaurante, una mesa de billar y una celda. Esas personas, por quitarles las cosas y no pagarle, le dieron un bebedizo”. El testigo fue más específico al señalar que los sospechosos le dieron a la víctima comida y un trago que venden en la cárcel, que para ese entonces costaba $90.000.

Los reclusos aseguraron que Cardona, dos horas después de haber ingerido la bebida, empezó a sentirse enfermo, tenía ganas de vomitar y lo veían pasar corriendo al baño cada media hora. A las 5:00 a.m. un enfermero lo sacó en camilla rumbo al hospital El Tunal. “Iba prácticamente muerto. Los que lo envenenaron no dejaron llamar a la guardia”, indicó otro testigo, quien señaló al recluso conocido con el alias de Tociga de cometer el asesinato. “Incluso, estaban hablando sobre cómo desaparecerlo, porque Joel les estaba cobrando la plata. La deuda en ese momento era casi de $18 millones. Él siempre les prestaba y por intermedio de llamadas siempre hacían negocios desde las cárceles”.

Ese mismo testigo, quien ha purgado varias condenas por hurto, sabía que los reclusos habían fraguado un plan para quitarle la vida a Cardona, pero tenía temor de alertarlo. Por eso, aseguró, le pidió una entrevista al director del penal para hablar del tema y, al parecer, nunca se la concedieron. La noche del crimen, según cuenta, Barbas y otro conocido como el Pájaro –quienes tenían acceso al pasillo de Joel Cardona– se pusieron a tomar con él, sacaron a su compañero de celda y le dieron el bebedizo.

A pesar de estas declaraciones, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda de los familiares de Cardona. Sin embargo, en segunda instancia, y luego de contemplar incluso otras hipótesis como el suicidio, el Consejo de Estado revocó la primera decisión y finalmente condenó al Inpec a indemnizar a la familia de la víctima con una suma cercana a los $70 millones.

Los testimonios en la investigación le permitieron concluir a la sección tercera del alto tribunal administrativo que el interno fue envenenado. A pesar de las versiones en contra de los posibles homicidas, contra ellos no prosperaron las investigaciones formales, según los registros del Centro de Servicios Judiciales. Unos de los señalados, alias Tociga, está en libertad desde 2007. El otro sospechoso, alias Barbas, murió en 2005. El caso de Joel Carona no sólo pone en evidencia las falencias del Inpec, sino cómo matan y el menú de transacciones ilegales que se registran dentro de los penales del país.