:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/ibM16_0Gj7IeSSMT6iz5Wj6eqWQ=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/YJNUWR4MDJGCJOB3NUS7K7ZK3A.jpg)
Los sospechosos del ataque en el centro comercial Andino, en el que murieron tres personas, y de la seguidilla de explosiones que se han registrado en la ciudad en los últimos años ya tuvieron su primera cita con la justicia. La Fiscalía los llevó este domingo ante un juez para celebrar la audiencia de control de garantías, en la que el ente acusador legalizaría las capturas. Sin embargo, la defensa de los capturados apelaron las detenciones. Lo que está claro es que la Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, secuestro simple y hurto calificado y agravado.
En total fueron cinco hombres y cuatro mujeres aprehendidos luego de meses de investigación, pero que se aceleraron tras el ataque del pasado fin de semana en Bogotá. Los señalan de ser miembros del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), una organización que surgió en 2015 y a la que se le atribuyen al menos 15 explosiones en Bogotá y otras ciudades.
Aunque la audiencia iba a ser a las 9:00 a.m. de este domingo, la Policía los llevó casi al mediodía al complejo judicial de Paloquemao en una tanqueta del Esmad y bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Los hombres ingresaron tranquilos, pero sin ocultar su rostro. Ellas lo hicieron gritando. “Tranquilos. Somos inocentes… esto es un falso positivo judicial, para que sigan ganando los mismos en este país”, manifestó una de las sospechosas.
Las aprehensiones fueron en Bogotá y en El Espinal (Tolima), tras una operación desarrollada por la Policía y la Fiscalía. En la noche del sábado, luego de anunciar el resultado de la operación, el fiscal Néstor Humberto Martínez y el director de la Policía, general Jorge Nieto, señalaron que ambas instituciones tienen pruebas sólidas en contra del grupo de detenidos y de sus vínculos con el MRP.
Entre las evidencias que recaudaron en los allanamientos del fin de semana, y que la Fiscalía usará en el proceso que apenas comienza, hay computadores, memorias usb con información clave, teléfonos e, incluso, mapas del centro comercial, donde ocurrió el ataque del 17 junio.
Captura cuestionada
Pese a los resultados de la Fiscalía y la Policía, ruidosamente celebrados por las autoridades y por amplios sectores de la ciudadanía, las aprehensiones no han sido ajenas a las críticas. Incluso una vez más varias organizaciones sociales han calificado la operación como un falso positivo judicial, luego de saber que entre los detenidos hay varios estudiantes de universidades públicas. Las críticas se hicieron mayores al conocerse que, entre los capturados, está la abogada Natalia Trujillo Novoa, reconocida defensora de derechos humanos. Varias ONG con las que ha trabajado cuestionaron su captura y la calificaron como un ataque contra organizaciones de derechos humanos y la Universidad Nacional, dado que varios de los detenidos son de esa universidad.
Trujillo Novoa ha trabajado con la ONG Sisma Mujer y ha sido contratista del Distrito. hoy labora con la ONG Defensa de Niños Internacional (DNI). Fernando Sabogal, presidente de esta organización, con sede en Ginebra (Suiza), en diálogo con la revista Semana, dijo sentirse muy extrañado por la detención.
“Nos duele que la Universidad Nacional sea estigmatizada y que nos persigan (soy egresado de allí). Nos solidarizamos con todos, nos parece que hay una cacería de brujas y pedimos que la Fiscalía actúe, sí, pero es importante el debido proceso, que no se acuse a personas para quedar bien. Estamos muy consternados”, agregó Sabogal en defensa de los aprehendidos.
Cabe recordar que una situación similar se presentó en 2015, cuando las autoridades capturaron a 13 personas, señaladas de pertenecer a una célula urbanas del Eln, de estar detrás de violentas protestas de la Universidad Nacional y de atentados ocurridos en Bogotá entre los años 2014 y algunos de 2015. En esa oportunidad, entre los detenidos estuvo la abogada Paola Salgado, también defensora de derechos humanos, contratista del Distrito y egresada de la Universidad Nacional.
Ella era coordinadora del programa “Servicios amigables en salud sexual y salud reproductiva para mujeres”, en el Hospital de Suba. Aquella vez algunas organizaciones también criticaron la captura. Con el correr de los días, ella quedó libre por vencimiento de términos, aunque sigue vinculada al proceso.
De igual forma, persisten las críticas por la captura de Mateo Gutiérrez León, estudiante de sociología de la U. Nacional, en febrero pasado, a quien la Fiscalía señala de ser miembro del MRP. Ese día, junto a Gutiérrez, capturaron a Arturo Buitrago Montaño, conocido como el Cojo, quien sería el encargado de instalar los artefactos explosivos con panfletos alusivos a la organización.
El MRP niega su autoría
Desde la explosión en el Andino se especuló sobre los autores. Se habló del Eln, de una disidencia de las Farc, del clan del Golfo y del MRP. La amplia baraja obedecía a que el ataque fue diferente a los ocurridos en los últimos años, los cuales fueron explosiones contra sedes de EPS y entidades estatales o ataques contra miembros de la Fuerza Pública, pero nunca contra la población civil.
El primero en negar la autoría fue el Eln, a través de sus redes sociales. Luego fue el MRP, que emitió un comunicado repudiando el ataque y rechazando cualquier intento por vincularlo con el atentado. En su texto insinuaron que los responsables podrían ser grupos de extrema derecha, para mantener el miedo como herramienta de campaña política. “Hacemos un llamado a rechazar, sabotear, negarse a entrar en el juego del miedo para distraer de los evidentes problemas sociales y políticos del país… Repudiamos ese acto criminal, así como que nos quieran vincular a este acto de barbarie, ajeno a nuestra idea y acciones”.
A pesar de esto, la Fiscalía dice tener material probatorio para llevar a juicio a los nueve detenidos, no sólo por el ataque en el centro comercial Andino, sino por otras explosiones. Por ahora el trabajo de las autoridades, que busca desarticular el autodenominado MRP, ya está en manos de la justicia. Será un juez el que determine si la Fiscalía cuenta con suficientes pruebas para demostrar si los universitarios detenidos son agitadores o terroristas detrás de los atentados.