La gran cantidad de internos que se acumulan cada día en la UPJ y las Uris tiene preocupada a la veedora Distrital, Adriana Córdoba, quien ha hecho nuevamente un llamado a los Gobiernos Nacional, Departamental y Distrital para que se comprometan a dar una pronta solución a la grave situación que viven los más de 14.000 internos.
Córdoba destaca la vulneración de derechos que viven los ciudadanos a los que se les ha privado de la libertad debido al hacinamiento, que según la mandataría son cerca de 700 ciudadanos los que se encuentran hacinados en la UPJ y las Uris de Bogotá, mientras que en las cárceles Modelo, La Picota y Buen Pastor alcanza el 30,7%.
“Las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación y las estaciones de policía deben dejar de utilizarse como cárceles”, afirmó la funcionaria en diálogo con Caracol Radio, agregando que la situación que se está viviendo afecta la seguridad de ciudad.
Hasta el momento, el paro judicial completa más de 60 días y la situación de hacinamiento que viven las Uris y las cárceles es casi incontrolable, tanto así que en la UPJ y las Uris es del 95%, lugares con cupo para 355 personas donde habitan 691 ciudadanos.
Córdoba reitera en la necesidad de una inversión por parte del Gobierno Nacional con el apoyo financiero y político de los gobiernos Distrital y Departamental para dar solución al grave problema de hacinamiento que enfrentan dichas entidades y considera que “la ciudad y la región tienen una bomba de tiempo que en cualquier momento puede afectar la seguridad de los ciudadanos”.
“Existen altos riesgos de fugas masivas, desastres como el incendio de la cárcel Modelo de Barranquilla o riesgos sanitarios por epidemias en los centros de reclusión y para la ciudad, como las que se presentaron hace algunos meses en La Picota de tuberculosis y varicela”, agrega Córdoba.
A lo anterior, Córdoba añade que entidades como la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) del Distrito fueron creadas para proteger ciudadanos por no más de 24 horas y actualmente están siendo usadas para tener durante días y hasta meses a sindicados y condenados por delitos y no contraventores de las normas de convivencia.
“Se está cambiando una medida de protección a la ciudadanía por solucionar el problema de hacinamiento en cárceles y Uris, que es responsabilidad de la Nación”, puntualizó la veedora.