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Los vendedores ambulantes de Bogotá quieren una discusión cara a cara con el alcalde Enrique Peñalosa. Y como consideran que el mandatario no les ha brindado espacios suficientes para hablar sobre la difícil situación que atraviesan debido a la política de recuperación de espacio público de esta administración, quieren obligarlo a que los escuche. Para lograrlo, el lunes comenzaron a recoger firmas para promover un cabildo abierto en el Concejo y, de esta manera, abrir formalmente la discusión política.
Un cabildo abierto es un mecanismo de participación popular establecido en la Constitución. Se trata de un encuentro público promovido por los ciudadanos y organizado, en este caso, por el Concejo, en el cual los ciudadanos pueden discutir y pedir cuentas sobre asuntos de interés para la comunidad. La solicitud se debe hacer en las sesiones ordinarias del Concejo y debe programarse, a más tardar, un mes después de su radicación. Para promoverlo, los interesados deben respaldar la iniciativa con firmas, que, según la ley, deben ser mínimo cinco por cada mil personas inscritas en el censo electoral de la ciudad. Es decir, deberán contar, al menos, con 27.000.
Como la idea es que el encuentro sea este año, en el último período de sesiones ordinarias del Concejo (en noviembre), los promotores se fijaron un plazo de tres meses para recogerlas y así lograr el encuentro y empezar a discutir con el mandatario el uso del espacio público y las alternativas de trabajo que se les ofrecerán después de los desalojos.
La iniciativa surgió debido a la molestia de los vendedores informales por la forma como la administración adelanta su estrategia de recuperación del espacio público, que comenzó en enero con la retoma de la calle 72. La meta es liberar 15 kilómetros lineales este año. Para expresarse ya han acudido a las marchas y a las demandas. Ahora usarán el cabildo abierto para obligar a Peñalosa a que los trate cara a cara.
De acuerdo con el último censo, en Bogotá hay 49.391 vendedores ambulantes, con una mayor concentración en las localidades de Santa Fe (9.740) y Kennedy (4.326). Con el cambio de administración se puso en marcha el plan de recuperación del espacio público, en el que se han desarrollado siete intervenciones en las que el Distrito ha abordado a 2.600 informales de las calles.
Las intervenciones han sido en la calle 72, la calle 19, el centro histórico - Plaza de Bolívar, Ricaurte (carrera 30, entre calles 9ª y 10ª), los alrededores de los centros comerciales Centro Suba y Subazar, entre las carreras 91 y 92 con calle 145, y el parque de los Periodistas.
Según el Instituto para la Economía Social (Ipes), cada vez que se realiza una operación de desalojo, la entidad se acerca a los vendedores para ofrecerles alternativas como quioscos de mecato en sitios estratégicos y centros comerciales, empleos en empresas privadas (dependiendo del perfil) y procesos de formación. A pesar de esto, tan sólo 162 han aceptado las propuestas.
Muchos vendedores aseguran que las opciones no los cobijan a todos ni cubren sus necesidades. Félix Palacio Arena, vendedor de perros calientes en el sector de Chapinero y representante de los informales de esa localidad, está inconforme con la oferta de la administración. “El Ipes, además de ofrecer quioscos en puntos desolados por donde no pasa nadie, como el de la calle 90 con Autopista (debajo de un puente vehicular), hace un sorteo en el que participan 40 personas y sólo hay un ganador. Mientras tanto, los demás se quedan sin su modo de sustento. Por eso peleamos tanto cuando nos quitan nuestras carpas, pues si el Distrito no tiene cobertura para todos, que nos deje en nuestros puestos”.
El representante a la Cámara por Bogotá Inti Asprilla (Alianza Verde) asegura que el Distrito promete pero en la mayoría de los casos incumple, pues, de lo contrario, no estarían recogiendo firmas para dialogar con Peñalosa. Recuerda que varios vendedores han interpuesto demandas contra la administración porque sienten que tras los operativos se les han violentado sus derechos al trabajo y al mínimo vital.
El Distrito responde que la finalidad de la recuperación del espacio público no es pasar por encima de los derechos de nadie, sino dar un uso adecuado a las calles. “Los vendedores muchas veces ocupan el espacio por donde deben pasar los peatones. Esto termina ocasionando accidentes”, asegura un vocero de la Defensoría del Espacio Público (Dadep).
Un ejemplo que citan en esa entidad es el desalojo del pasado jueves en Suba. La Policía hizo un operativo a las 2:00 a.m. y decomisó 22 carpas que obstruían a diario el paso de 12.000 peatones. “Ellos debían transitar por entre los carros, pues por la cantidad de vendedores no podían pasar por el andén”, agregó el vocero del Dadep.
La pelea por el espacio público seguirá siendo una discusión de largo aliento que se dará en el Concejo si los vendedores ambulantes logran recoger las firmas necesarias para llevar a la mesa al alcalde de Bogotá. De lograrlo, le plantearán que se vuelvan a instalar las mesas de diálogo en las que se reunían con el mandatario y las entidades del sector para buscar soluciones. Dichas mesas se venían realizando desde la administración de Luis Eduardo Garzón (2004-2007), pero se levantaron este año. Allí también pedirán que el Distrito les ofrezca trabajo fijo antes de quitarles su modo de sustento. Mientras tanto tendrán que acogerse a las alternativas laborales que les ofrece el Ipes.