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Al polémico proyecto urbanístico Reserva del Fontanar se le despejó el camino ayer. La Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá dio su concepto y ordenó archivar la investigación sobre las supuestas implicaciones ambientales que esta construcción podría tener en el humedal La Conejera, en el noroccidente de la ciudad, ecosistema clave y colchón de agua de la capital.
La salida en apariencia es salomónica: el constructor deberá reubicar cinco estacionamientos, dos zonas de BBQ y el salón social fuera del área que la Personería había denunciado ocupaban 250 metros cuadrados de la zona de manejo y preservación ambiental del humedal. En total el proyecto consta de cuatro torres de cinco pisos y una de cuatro pisos, un edificio comunal y una zona de parqueo descubierto. Son 94 unidades de viviendas, 89 de 52 m² y 5 de 46 m².
En carta del 11 de marzo, el representante legal de Praga Servicios Inmobiliarios —la empresa constructora—, Juan Carlos Alcocer García (hermano de Verónica Alcocer, la esposa del alcalde Gustavo Petro y la razón por la que la Procuraduría aceptó el impedimento que Petro presentó para decidir sobre la licencia de construcción cuando estalló el pleito ambiental con la comunidad y la Personería Distrital), aseguró que modificarían ese cuatro por ciento de la obra en discusión, con licencia de construcción desde junio de 2014.
“Unilateral y voluntariamente”, dice la carta, decidieron reubicar estas zonas antes mencionadas, modificar los materiales de construcción en la zona de parqueaderos, por adoquín ecológico para permitir la permeabilidad de las aguas lluvias, y cambiar el color a los vidrios de las ventanas que están en la zona de acceso de las aves al humedal. Sin embargo, el personero distrital, Ricardo Cañón, sostuvo que el asunto no fue tan voluntario: “El constructor se vio obligado a hacer los cambios correspondientes para respetar la Constitución y la ley, porque era claro que afectaba al humedal”.
Llama la atención que estas modificaciones ecológicas son muy afines al concepto que el subdirector de Investigaciones del Instituto Humboldt, Germán Andrade, dio al ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, alcalde ad hoc para resolver este caso, el 11 de marzo en carta con membrete del Instituto.
Concepto determinante en el que Vallejo justificó su decisión de archivar las investigaciones ambientales contra la empresa: “Desde lo ambiental, puedo garantizarle a la ciudad que no hay un daño. No obstante, como aquí se trata de proteger el ecosistema, tengo un concepto de tal vez la persona que más sabe de humedales, Germán Andrade, subdirector del Instituto Humboldt, que ratifica que desde el punto de vista real es la última obra de siete anteriores”, afirmó.
El Espectador consultó el concepto sobre la conservación del humedal La Conejera de Andrade, quien afirmó es a título personal y no institucional. Sin embargo, el documento sostiene siete posiciones como consideraciones del instituto. Entre ellas la siguiente: “Un proyecto urbano más no parece generar un umbral de impacto que cambie su carácter ecológico. Por supuesto, esto no implica que pueda hacerse de cualquier manera. Al contrario, el desarrollo urbanístico, que llega a su fin en este flanco, debería aprovecharse para generar espacios de conservación con los actores locales, dirigidos a aumentar el valor social y ambiental de este borde”.
Y explica que “el Instituto Humboldt considera que, en caso de resolverse la legalidad de la pretensión urbanizadora y con miras a evitar costosas demandas sobre posibles derechos adquiridos, el mismo proyecto debería ser visto como una oportunidad de gestión compartida entre los representantes de intereses privados y los defensores del interés público, en una alianza no ya en contra de una licencia, sino en un acuerdo social amplio por un mejor humedal y una biodiversidad saludable y viable”. Recomendaciones que van en la misma dirección que tomó la empresa Praga Servicios Inmobiliarios, y que terminaron destrabando la construcción del proyecto urbanístico.
En síntesis, “el Instituto Humboldt, entidad que no participa en el concepto jurídico, y basada en la presunción de inocuidad de los impactos, propone centrar la acción como una oportunidad de ampliación de la gestión hacia los problemas de fondo que limitan la continuidad de la biodiversidad y dirigida a crear una alianza Por un Mejor Humedal La Conejera y por usos de humedales sanos y viables en el plano de inundación del río Bogotá”, sostiene el documento.
El capítulo Reserva Fontanar se cerró con un final feliz para la constructora. Aunque para algunos ambientalistas y activistas quedan varias preguntas porque, por ejemplo, según el concepto de Andrade en este caso existe una “presunción de inocuidad de los impactos” y no un principio de precaución ambiental que tome todas las medidas para prevenir el daño, más allá de las acciones “voluntarias y unilaterales” que prometió la empresa.