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La idea es preguntarles a los ciudadanos si están de acuerdo con que se sigan realizando corridas de toros en Bogotá. Sin embargo, superada la duda que planteó el Ministerio de Hacienda sobre quién debía financiar el proceso (el Distrito dijo que asumiría los costos), hay interrogantes que demuestran que aún falta ajustar detalles para que no tambalee la decisión final. Por ejemplo, ¿de dónde saldrán los $25.000 millones que cuesta el proceso?
A la pregunta, que le planteó ayer la Contraloría Distrital, ya se le había adelantado alguien muy cercano al alcalde. Se trata de Germán Calderón España, exasesor de la Secretaría General del Distrito (julio 2014 - enero 2015) y quien personalmente se atribuye el hecho de haberle planteado al mandatario la opción de la consulta popular como una salida al debate alrededor de las corridas de toros en la ciudad. “Tal vez fui la primera persona en sugerir la consulta para que el pueblo decidiera cuál derecho privilegiaba: si el de protección animal suprimiendo las corridas de toros o el principio de la cultura”.
A través de un derecho de petición dirigido al alcalde Gustavo Petro, el exasesor hace algunas preguntas y pide explicaciones relacionadas con la planeación y la financiación de la consulta popular. Las dudas, según Calderón España, surgen luego de estudiar la ley 1757 de 2015, vigente para la realización de este tipo de mecanismos de participación y en la que están detalles como la organización y la participación de la gente, la rendición de cuentas e, incluso, aclaraciones tan importantes como los orígenes, montos y topes de la financiación. Según él, en apariencia el Distrito no cumple con algunas exigencias para la celebración de la consulta popular.
Entre las dudas hay temas básicos como si el Distrito cuenta con un manual único de rendición de cuentas, cuál fue la metodología para identificar el gasto y la inversión que se debe hacer frente a la participación ciudadana, o mediante qué decreto creó el Fondo para la Participación Ciudadana del Distrito, tres aspectos claves para el desarrollo de las consultas populares. Sin embargo, sus dudas van más allá y apuntan a la financiación.
Es por esto que le pregunta al alcalde si conoce la suma máxima que podrá destinar al desarrollo de la campaña de la consulta o la de los aportes de cada ciudadano u organización (aspectos que debió haber fijado el Consejo Nacional Electoral); cuál es el presupuesto para las diferentes etapas del proceso de la consulta (aprestamiento, capacitación, convocatoria y evento, seguimiento, etc.); qué recursos reservó en el presupuesto de este año para el rubro “Participación Ciudadana” y qué monto destinó para los programas de apoyo y promoción de la participación ciudadana, en el Fondo para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Democracia.
Aunque son aspectos que de no estar claros podrían entorpecer el desarrollo de la consulta antitaurina, Calderón España aclara que no busca interponerse. Argumenta que se hace necesario tener claridad para velar por el ordenamiento jurídico. Ante estos interrogantes, la administración aún no ha respondido con claridad.