Se inicia una etapa de renovación

Y después de la desaparición del Bronx… ¿qué?

Tras la intervención de la principal olla del país, es hora de superar la polémica de si era necesaria o si se hizo bien. La nueva discusión debe apuntar a los retos que deben asumir la administración y la ciudad, para que este episodio no se repita.

Seguridad, prevención, renovación urbana, comunidad son los aspectos que debe evaluar la administración.Cristian Garavito

En lo único que hay un consenso es en que las autoridades debían intervenir el Bronx. La situación en la olla más grande del país no daba espera. No sólo por la eminente vulneración de derechos de niños y niñas, sino también por la larga lista de delitos que allí ocurrían: tortura, secuestro, explotación sexual, homicidio y desaparición forzada. Al margen de la discusión del qué y el cómo, ahora el debate principal, tras un año de la toma, se centra en los retos que debe asumir la administración y la ciudad para que este episodio no se repita. (Lea: Especial: Un año después del Bronx )

El antecedente inmediato es tan instructivo como aleccionador. En 1999, durante la primera administración de Enrique Peñalosa, se tomó a la decisión de acabar con la Calle del Cartucho, para abrirle paso a la renovación del centro y ponerles un alto a las estructuras criminales. Se destruyó la olla, se levantó el Parque Tercer Milenio, pero el crimen se trasladó a lugares como el Bronx.

Este espacio se convirtió en un caldo de cultivo y en cinco años se creó una dinámica delincuencial estructurada y rentable, así como una zona de despeje para el crimen, vetada para las autoridades. Volvió Peñalosa al Palacio de Liévano y, con el mismo discurso, organizó la operación “Némesis”, para despejar la zona. Con la toma, las autoridades rescataron a 163 menores, capturaron a 20 personas y casi 500 habitantes de calle entraron a un proceso de rehabilitación. Hoy avanza la demolición de lo que fue un escenario de abandono y barbarie.

Aunque la administración declaró la operación como exitosa, en algunos sectores aún se discute su efectividad. Temen que la toma sea una solución a corto plazo hasta que el crimen halle un nuevo lugar, como sucedió con el Cartucho. Organizaciones sociales, la academia, entes de control y el Distrito discuten hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos para que la ciudad jamás vuelva a tener una zona aislada y a merced de la delincuencia. Desde replantear la atención a los habitantes de calle, pasando por fortalecer la prevención en jóvenes, hasta discutir la política de drogas en el país, forman parte de las propuestas.

A buscar un nuevo enfoque de seguridad

Una de las principales lecciones de la toma del Bronx es que la ciudad no ha podido ganar la lucha contra el microtráfico. En cualquiera de sus presentaciones, grandes ollas o numerosos microexpendios, en la capital siguen operando con éxito las bandas criminales. Y no es que las autoridades no trabajen para combatirlas, sino que las estrategias no están dando resultados. Así lo cree Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), quien considera urgente abrir el debate sobre la política de drogas en Bogotá.

La pregunta es qué pretendemos hacer con el mercado de las drogas. Tenemos que resolver si el objetivo es desarticularlo (a pesar de que es una meta costosa y poco realista) o si queremos disminuir los impactos de su existencia, alejándolo de las poblaciones más vulnerables y disminuyendo el número de delitos que están asociados con él”.

Daniel Mejía, secretario de Seguridad, se inclina por la segunda opción y considera inútil enfocar la política en contra del consumidor. Según el funcionario, la lucha debe concentrarse en las estructuras criminales y los delitos conexos, como el tráfico de armas y el homicidio. “Por eso estamos haciendo énfasis en desarticular estructuras, especialmente las que amenazan entornos escolares y parques”. Mejía insiste en que se deben presionar los focos de microtráfico. Ya se atacaron los primeros, como San Bernardo, Cinco Huecos, el Bronx y La Estanzuela, pero esperan seguir los controles en otras zonas calientes, ubicadas en Ciudad Bolívar y Suba. (Lea: "En el Bronx, el tráfico de droga era lo de menos": secretario de Seguridad)

Esta visión la comparte Hernando Zuleta, director del Centro de Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, quien hace énfasis en una efectiva judicialización de los líderes de los grupos delincuenciales. “De lo contrario, se van a reorganizar y van a ocupar un espacio diferente, buscando reproducir la estructura que tenían en el Bronx”.

Garzón asegura que los controles policiales podrían funcionar, siempre y cuando se ataque el cáncer desde adentro. Una de las problemáticas que salió a la luz con el Bronx es la corrupción de algunos policías y sus nexos con los ganchos. “Si no atendemos el tema de la Policía, estos escenarios seguirán existiendo. Es un tema que poco se ha confrontado, pero fue muy grave. Varios miembros de la Policía fueron investigados por sus nexos con los ganchos. No se trata de un asunto de algunas manzanas podridas, sino de un sistema que permite que esos casos sucedan”, agrega Garzón. A propósito de este tema, el secretario de Seguridad cuenta que hubo una “gran purga” en la Policía de Bogotá en 2016.

Fabio Zambrano, experto en historia urbana y profesor de la Universidad Nacional, está en desacuerdo con “seguir creyendo que reprimiendo el Bronxito o Cinco Huecos solucionamos la grave situación que atraviesa la ciudad en seguridad”. Para él, lo primordial es reconocer que en Bogotá hay “macrotráfico” y que no es un asunto de ciudad, sino de país. Incluso, de dimensiones internacionales.

Renovación urbana: buscando una nueva cara al centro

Cambiar la cara del centro de Bogotá es un proyecto que ha pasado de administración en administración, sin mayores avances. Aunque hay sectores que han mejorado, los cambios han sido lentos. Lo dicen los habitantes del sector y lo demuestra el deterioro de muchas zonas: hay un descuido del espacio público y falta de control de las autoridades. 

La destrucción del Bronx es una oportunidad para darle un empujón a este proyecto. Según la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano del Distrito (ERU), en San Victorino se plantea construir un centro comercial mayorista; en San Bernardo, proyectos de vivienda, y en el Voto Nacional y La Estanzuela se combinará el uso residencial y comercial alrededor de la nueva sede de la Alcaldía local de Los Mártires. (Lea: El silencio después del asalto al Bronx, la olla más grande de Bogotá)

Para lograrlo, tendrá que adquirir 90 predios, entre ellos los 62 del antiguo Bronx, que en conjunto costarán alrededor de $40.000 millones, sin contar con las inversiones en obra.

Sin embargo, organizaciones sociales y ciudadanos esperan que no termine en proyectos urbanísticos de privados. El informe “Destapando la olla”, de la ONG Pares en Acción Reacción contra la Exclusión Social (Parces) y el Centro de Pensamiento y Acción para la Transición (CPAT), le sugiere a la administración que en el proceso de transformación concierte con las comunidades afectadas: “El desarrollo urbano promovido desde el Estado debería responder al interés general… lo cual incluye la implementación de un urbanismo incluyente, respetuoso de la diversidad, la igualdad de géneros, las poblaciones vulnerables, entre otras”.

Comunidad: el problema no es cosmético

Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), cree que los habitantes de la capital deben apropiarse de estos problemas. Le preocupa que el mayor inconformismo de la ciudadanía fue la dispersión de los habitantes de calle, a pesar de que allí sólo habitaban 2.000 de los 12.000 que deambulan por Bogotá. “Hay una lección como ciudad muy importante: si nosotros no atendemos estos procesos de deterioro urbano y de marginalización, nada va a cambiar. Debemos entender que no es algo cosmético. Al final, todos lo aceptamos y creímos que lo que pasaba ahí era un asunto de unos pocos viciosos. La actitud de la mayoría fue ‘mientras a mí no me toque el tema, no hay problema’. Hay que apropiarse y abrir espacios para el debate de drogas, prevención y habitantes de calle”.

Por otro lado, otro de los retos del Distrito es recuperar la zona aledaña al Bronx, que se vio afectada por la inseguridad. El miedo se apoderó de los visitantes y de los comerciantes, que debían advertir a los clientes los “mandamientos” del Bronx, para evitar problemas. Y todo esto sucedió por la ausencia de las autoridades. Los habitantes esperan que haya una reactivación económica y que no todo se quede en “renders”. (Lea: El viejo y el nuevo Bronx desde los ojos de los comerciantes)

Prevención en jóvenes y niños

La toma dejó al descubierto que el consumo de drogas en jóvenes y niños es más grave de lo que pensaban las autoridades: 163 menores fueron encontrados en la olla, en condiciones lamentables. Desde esa mirada, para Carmen Teresa Castañeda, personera distrital, es crucial tratar el consumo como problema de salud pública y no de represión. La consecuencia de ese enfoque, según Castañeda, ha sido nefasta: se están incrementando los índices de consumo en menores. De hecho, según cifras de Integración Social, el consumo de marihuana en estratos 1 y 2 aumentó vertiginosamente en el último año.

La misma preocupación la comparte María Consuelo Araújo, secretaria de Integración Social. Aunque destaca que la Policía ha combatido a los expendedores que se ponen frente a los colegios y universidades, cree que el asunto clave es la prevención: “Y en esta tarea, todos nos quedamos cortos”. Araújo cree que debe haber un gran énfasis en los riesgos y hacer un trabajo en los colegios, pero principalmente en las familias.

Actualmente, desde la Personería se adelanta un proyecto de cultura ciudadana que se llama “Cima, hasta dónde quieres llegar”: “ Lo llevamos a todos los colegios del Distrito (públicos y privados) y hacemos gran énfasis en el tema del consumo, cómo prevenir a los muchachos y advertirles todas las consecuencias que las drogas traen para sus vidas”.

Sobre este tema, la Fundación Ideas para la Paz propone fortalecer la capacidad de los docentes y las instituciones educativas para atender casos complejos. Aún hay estigmatización y castigos severos, que alejan a los jóvenes de la denuncia o la rehabilitación. En cuanto a las autoridades, hace un llamado a proteger los espacios públicos vulnerables, como parques públicos, las inmediaciones de las escuelas y zonas de afluencia de menores de edad.

El reto con los habitantes de calle

Una de las aristas más sensibles de la intervención es el drama social, humanitario y de seguridad de los habitantes de calle: población en condición de absoluta pobreza, marginado por la sociedad e instrumentalizado por bandas del microtráfico, debido a su consumo problemático de drogas. “Es un asunto con el que Bogotá no ha podido. Pero más allá de eso, es un tema de ciudad”, dice el profesor de la Universidad Nacional Fabio Zambrano, quien ha estudiado las dinámicas de esta población en la ciudad. En su opinión, el fenómeno no se limita a la atención del Distrito, sino a la comprensión del fenómeno por parte de la ciudad: “Se requiere que la gente no los excluya y no exista un rechazo tan fuerte. Hablamos de un mayor discernimiento del fenómeno”. (Lea: Atención de habitantes de calle, un tema sobre el que aún no se dialoga)

En un informe que evaluó el coletazo que generó entre esta población la toma del Bronx, investigadores de la ONG Pares y el Centro de Pensamiento y Acción para la Transición (CPAT) advirtieron que el desconocimiento sobre esta población es tal que, incluso, se han “normalizado” prácticas de violencia contra ella. Para algunas ONG, es clave que se reduzca la estigmatización y que el Distrito amplíe su oferta. Si bien algunos esperan la ayuda del Estado, hay otros que eligen la calle como opción de vida. Por supuesto, esto no deja de lado que el asunto se trate como problema de salud pública, según Hernando Zuleta, director del Centro de Seguridad y Drogas (Cesed) de la U de los Andes.

“Si lo que queremos es garantizar la seguridad y la salubridad de estos consumidores, probablemente el Estado debería intervenir en la provisión de drogas para estos individuos”, agregó Zuleta, quien no obstante señala que no hay una única fórmula que permita atender el tema de forma integral. “Hacen falta estudios y aquí también hay que recurrir a políticas experimentales”.

María Consuelo Araújo, secretaria de Integración Social, asegura que el próximo semestre comenzarán con el censo de esta población, para trazar una hoja de ruta que amplíe el abanico de tratamientos.