La petición pública, esta semana, del contralor de Bogotá al alcalde Gustavo Petro, para que establezca en el Plan de Desarrollo el presupuesto de la Contraloría en $80 mil millones (en el proyecto el mandatario planea bajar dichos recursos de $15.500 millones a $6 mil millones), es apenas un capítulo más en la tensa relación que parecen tener Diego Ardila Medina y su principal sujeto de control fiscal.
Al menos eso se deduce luego de que el alcalde Petro propusiera no sólo reducir considerablemente el presupuesto del órgano de control, mientras que pide aumentar el de la Veeduría Distrital de $7 mil millones a $20 mil millones, sino además solicitarle a la Contraloría General de la República que ejerza un control fiscal excepcional a obras de las fases I y II de Transmilenio y a los contratos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
En pocas palabras, el alcalde le pidió a la contralora general, Sandra Morelli, que ejerza facultades de control fiscal que son propias de la Contraloría de Bogotá.
¿Por qué lo hizo? En carta radicada el pasado 12 de abril, y conocida por El Espectador, Petro le dijo a Morelli que dicha solicitud se formula dado que en las actuaciones realizadas por la Contraloría no se han considerado “de manera integral” estos temas.
Morelli aún no se ha pronunciado oficialmente al respecto, pero en entrevista con este diario respondió: “El auditor mío (refiriéndose al auditor general de la Nación) y el señor contralor de Bogotá me solicitaron que no accediera (al control excepcional), que este señor (Ardila) apenas estaba comenzando… digamos que la petición del auditor es una orden y nos parece razonable”.
Efectivamente, Ardila le pidió a Morelli que no accediera a la solicitud del alcalde argumentando que la Contraloría de Bogotá cuenta con resultados concretos y ha hecho análisis integrales a la gestión fiscal en materia de movilidad e infraestructura.
Prueba de ello son los innumerables controles de advertencia, alrededor de dos por semana, que salen del despacho del contralor con rumbo al Palacio de Liévano.
De hecho, el primero de ellos fue el pasado 14 de marzo, exactamente 30 días después de la posesión de Ardila y dos meses antes de que Petro pidiera el control excepcional. ¿La razón de la advertencia fiscal? Un riesgo inminente de daño al patrimonio en cuantía superior a los $1.000 millones con ocasión de la “ineficacia” en la prestación del servicio de Transmilenio. El organismo de control ha hecho advertencias similares en los temas de refrigerios escolares, Fondo de Vigilancia y Seguridad, así como tala de árboles.
Actualmente, y por petición de la Cámara de Representantes, la Contraloría General tiene a cargo desde el año pasado las auditorías a la Fase III de Transmilenio. Un control excepcional que, según la Corte Constitucional, se justifica en aquellos eventos en que puede dudarse de la imparcialidad del órgano territorial de control.
Consultado al respecto, Ardila, quien tiene bajo su mando a 873 funcionarios, sólo quiso pronunciarse diciendo: “Yo no me encontré la Contraloría de Bogotá. Trabajo en esto desde los 16 años. No estoy improvisando y seguiré haciendo un control integral”.