La máquina de hacer cine

Pese a los beneficios de la legislación, como el aumento del número de producciones por año, persisten fallas en exhibición, educación y financiación. ¿Es este un problema que se soluciona sólo con inversión?

Una imagen de la película ‘La sirga’, producción que se realizó en parte con fondos promovidos por la Ley de Cine. /Archivo particular
Una imagen de la película ‘La sirga’, producción que se realizó en parte con fondos promovidos por la Ley de Cine. /Archivo particular

Este mes se cumplen 10 años de la promulgación de la llamada Ley de Cine (814 de 2003), una pieza legislativa redactada para impulsar la incipiente producción cinematográfica nacional.

La ley, en el discurso oficial, ha sido el instrumento principal que ha permitido que hablar de una industria nacional de cine sea, hoy en día, un asunto tangible y no un supuesto del deseo colectivo.

Sus bondades más evidentes, aquellas que incluso los críticos reconocen como avances, están del lado de las cifras, en especial del dramático aumento en el número de producciones nacionales cada año. Antes de la legislación se estrenaba un promedio anual de cuatro cintas del país; en 2011 esta cifra fue de 18 y en 2012 se situó en 23, de acuerdo con datos del Ministerio de Cultura, cartera en la que recae la aplicación de la norma. Los incrementos también se han sentido en la asistencia de público, que sobrepasa hoy en día los 41 millones de espectadores al año, aunque este logro no es una consecuencia directa de la legislación.

El Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, entidad creada por la ley para administrar los recursos, recaudó en estos 10 años más de US$40 millones en estímulos para la creación de más de 1.000 proyectos, entre películas, cortos y documentales, principalmente. En total, bajo la acción de la ley se han estrenado más de 100 películas colombianas, un número que hace 10 años parecía impensable.

Aunque varias personas están de acuerdo con resaltar los buenos resultados promovidos por la ley (el director Ciro Guerra, el periodista cultural Pedro Adrián Zuluaga y el director de la escuela de cine de la Universidad Nacional, Gabriel Alba, entre otros), algunas de estas bondades aparecen discutibles y, de cara a mejorar la producción cinematográfica nacional, hay que implementar medidas en temas como exhibición y aumento de la base de recaudo de la ley.

“El balance de la ley es mayoritariamente positivo. Es más posible hacer cine en Colombia, es difícil, pero existe un cine colombiano. Hay más cine colombiano que nunca. Sin embargo, aún no se puede hablar de una industria. Este es un desarrollo más a largo plazo. Se han sentado unas bases que necesitan crecer”, opina Guerra.

Pese a que la ley define el interés social del cine y su actividad en el ámbito cultural, en líneas generales es un instrumento financiero. Fue tramitada para crear un músculo financiero que, a la vez, permitiera el crecimiento de una industria cinematográfica. En efecto, ha contribuido al aumento de las producciones nacionales: en 2012 fueron estrenadas 23 en las salas de cine del país, en comparación con las tres que se estrenaban 10 años atrás. Sin embargo, bajo esa concepción podría pensarse que, aunque promueve un fuerte estímulo de dinero —para 2013 se repartirán $10.000 millones en producciones de cortos, largometrajes y documentales—, deja por fuera otras variables esenciales para el crecimiento de la industria.

El desbalance parece visible en la distribución de los estímulos. La ley prevé que “al menos” el 70% de los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico irá para las etapas de escritura de guión, producción y posproducción. En resumen, para la creación del filme. El restante 30% está destinado a archivo, clasificación y educación de públicos. “Si la Ley de Cine contempló el 70% para producción —dice Zuluaga, también exeditor de la revista de cine Kinetoscopio—, uno se cuestiona si tal vez esos porcentajes habría que discutirlos, en el sentido de que tal vez haya que invertir más en formación de público y distribución alterna. Porque se estrenan las películas en una tierra de nadie, libradas en el mundo salvaje de la economía de mercado, están una semana y salen”.

Este año, por ejemplo, para la convocatoria de formación se asignarán $320 millones, el 3,2% del monto total de estímulos. Dicho de otro modo: aumenta el número de producciones, también el porcentaje de espectadores, pero un número determinado de películas tiene una exhibición baja, incluso efímera, porque no hay un público educado para verlas y porque existen unas dinámicas de consumo muy bajas: de acuerdo con el reporte más reciente de Cine Colombia, el colombiano promedio consume menos de una película al año.

En 2012, los filmes colombianos más vistos fueron Mi gente linda, mi gente bella, La cara oculta y la segunda parte de El paseo: filmes con una narrativa más cercana a la televisión que al cine, como afirma Zuluaga. Producciones como Los colores de la montaña o El páramo, que se alejan de ese lenguaje, obtuvieron porcentajes menores: en 2011, esas películas ocuparon el segundo y tercer lugar entre las más vistas. Sin embargo, El paseo lideró con 1’189.000 espectadores, mientras que la suma de las otras dos llegó a poco más de 700.000. Otra operación daría una perspectiva más cercana: si en 2012 se estrenaron 23 filmes y el número de espectadores de cintas colombianas fue 3’375.000, significa que hubo un promedio de 153.000 espectadores por película. Un 7% de la taquilla total del país.

¿Se está creando cine para un público que no existe? “La curva (de producción de filmes) es ascendente, hasta llegar al récord del año pasado —dice Zuluaga—. Eso hay que celebrarlo. La pregunta es: ¿para quién se hacen esas películas?”. De modo que esos filmes “divorciados del público” deberían estar soportados por una base previa a la producción. No es sólo hacer cine, sino aprender a verlo. Películas como Porfirio y El vuelco del cangrejo, que lograron reconocimiento fuera del país, en festivales y selecciones internacionales, resultan poco vistas en el mercado nacional: la segunda, por ejemplo, tuvo poco más de 24.000 espectadores, según cifras de Proimágenes.

De ahí que exista un desbalance adicional: pese a que el número de pantallas en el país aumentó —entre 2011 y 2012 sólo Cine Colombia abrió 43 pantallas más—, el número de estrenos no lo hizo con la misma rapidez. Se estrenó una película más con respecto a 2011: de 212 a 213 (entre producciones nacionales e internacionales).

En palabras de Alba, uno de los puntos débiles reside en la formación académica, el tipo de educación que ayuda a construir las historias, además del desarrollo de actores. “Parte de lo que ha sucedido con el cine iraní tiene que ver con que los directores provienen de una escuela del Estado. Un modelo similar se maneja en Argentina. Proimágenes trae personas de afuera para dictar talleres en una semana. Son paliativos, que funcionan, pero que no solucionan el tema de las historias”.

El enfoque eminentemente numérico de la ley entraña un problema de fondo y es la tendencia a olvidar que los productos de la legislación son bienes culturales, cuyos fines, además de comerciales, se miden en espectros tan diversos, e incluso etéreos, como el de la construcción de identidad nacional y la publicación de otros discursos, otras narrativas, que abordan diferentes aspectos de la vida.

Más que el refuerzo de la producción, las falencias en la aplicación de la ley se ven en aspectos como la exhibición de algunas películas nacionales, que en ciertos casos puede ser escasa, por decir lo menos. ¿Cómo construir procesos culturales desde el cine si las obras no llegan al público? Este parece ser el gran cuello de botella que tiene el engranaje de la industria cinematográfica nacional.

Un aspecto que la misma ley podría solucionar: “El gobierno nacional, dentro de los dos últimos meses de cada año y en consulta directa con las condiciones de la realización cinematográfica nacional, teniendo en consideración además la infraestructura de exhibición existente en el país y los promedios de asistencia, podrá dictar normas sobre porcentajes mínimos de exhibición de títulos nacionales en las salas de cine o exhibición o en cualquier otro medio de exhibición o comercialización de obras cinematográficas diferente a la televisión, medidas que regirán para el año siguiente”, reza la legislación.

En palabras de varias voces del sector cinematográfico, se está hablando de establecer una cuota de pantalla nacional que garantice la adecuada exhibición de las obras nacionales; un argumento que respaldan invocando el fin cultural que, dejando de lado levemente el aspecto del mercado, sustenta la producción de cine. La consecuencia de fondo de establecer esta cuota es abrir un espacio obligatorio para la exhibición de cintas nacionales.

“Muchas de las películas que ha impulsado la ley no se han estrenado en todo el país, muchas no han tenido más de una semana en cartelera. Si bien la aplicación de la legislación sí ha generado más trabajo de directores y técnicos, el problema está en la exhibición y la distribución”, opina Gabriel Alba, el director de la escuela de cine de la Universidad Nacional.

El año pasado, de acuerdo con el Ministerio de Cultura, se estrenó al menos una película colombiana cada mes, una oferta de material que, según el parecer de varios sectores, hace necesaria (y sostenible) la instalación de una cuota de pantalla en las salas de cine. Más allá de crear este espacio para los filmes nacionales, también se haría necesario, dice Zuluaga, que los círculos de exhibición alternativos tengan mayor apoyo estatal. Dado que la distribución está concentrada en las firmas grandes, los filmes nacionales tendrían una segunda oportunidad en esferas más pequeñas. Sin embargo, además de la falta de apoyo estatal para estas actividades, Zuluaga señala que la transferencia tecnológica —de las pantallas de 35 mm a las digitales— está provocando un desequilibrio. No todos los distribuidores tienen la capacidad de realizar ese cambio, lo que provoca un mayor monopolio —y, por lo tanto, una constante muerte rápida de las producciones del país— en las pantallas de cine.

Los incrementos no se deben dar sólo en el campo de la exhibición, sino en el posible aumento de la base de recaudo de la ley para hacer partícipes del florecimiento de esta actividad a otros sectores que, a su vez, se lucran de los productos del cine.

Esto, en palabras de algunos críticos, significaría que renglones como la televisión privada, principalmente, y algunas plataformas en línea entrarían como contribuyentes en la legislación, tal y como hoy lo hacen los exhibidores, distribuidores y productores de cine. El modelo, sostienen, se aplica con gran éxito en varios países y sus efectos podrían incrementar drásticamente la bolsa de recursos para financiar una actividad que, en últimas, también les resulta provechosa a otras industrias.

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