Batalla por precios de medicinas

Se estima que para este año los recobros al Fosyga por medicamentos no incluidos en el plan de beneficios estén entre $1,7 y $1,8 billones. / 123rf

El propio ministro de Salud, Alejandro Gaviria, fue quien preocupado le contó a la prensa que estaban a punto de quedarse sin piso unas medidas tomadas por este Gobierno para regular los precios de los medicamentos. Dijo que el Consejo de Estado acababa de aceptar una demanda contra un decreto (el 4474 de 2010) que fijaba valores máximos de recobro al Fosyga. Es decir, que establecía el precio máximo que podían utilizar las EPS para cobrarle al Gobierno los fármacos que les habían proporcionado a sus pacientes y que estaban por fuera del Plan Obligatorio de Salud.

De proceder esta demanda, el país perdería una batalla contra la regulación de precios en la industria farmacéutica, causante en parte de la crisis financiera del sistema. Pero hay un agravante más: no será necesario esperar a que el Consejo de Estado tome una decisión definitiva sobre la demanda. En un documento, con fecha del 8 de octubre de 2012, la consejera de Estado ponente para este caso, María Claudia Rojas Lasso, resuelve que se “suspendan provisionalmente los efectos de los actos acusados (el decreto 4474)”.

En un análisis sobre la situación, la Federación Médica Colombiana señala que esta decisión “puede neutralizar el principal (léase único) mecanismo de regulación de precios de la administración Santos y que, por esta vía, el objetivo de reducción de los recobros a medio billón anual a partir de 2014 (fijado por el Gobierno) ya no es difícil, simplemente es una utopía”.

Para entender lo grave que puede ser este escenario, la Federación reseña que la política de desregulación de precios de medicamentos entre 2003 y 2010 (tiempo en el que el Ministerio de Protección Social estaba en manos de Diego Palacio) “generó un crecimiento exponencial de los recobros, que agudizó y contribuyó a precipitar la crisis financiera del sistema de salud que todos conocemos”. Basta con decir que pasaron de $113.709 millones en 2003 a $2 billones 236.120 millones en 2010.

¿Quién está detrás de esta demanda y cuáles son los argumentos? La Federación desentraña que esta acción fue instaurada por el abogado Gabriel Ibarra Pardo, presidente de la firma Ibarra Ibarra & Asociados, quien “escribe sobre fijación unilateral de precios y se presenta como asesor del Gobierno y de asociaciones del sector económico para la negociación de tratados comerciales regionales y bilaterales (...) y presidente del Comité de Derecho de la Competencia de la Cámara de Comercio Colombo Americana de Bogotá”. Su principal argumento señala que “la Ley 100 faculta exclusivamente a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos para expedir ese tipo de disposiciones” y que “el Ministerio de Salud usurpó esas funciones, comprometiendo la validez legal de la norma”.

Según explica la Federación, este decreto fue expedido por el exministro Mauricio Santa María (ya en la era Santos), quien apeló a la figura de los valores máximos de recobro para controlar el desangre de los recursos por cuenta de los recobros. Este decreto facultaba al Ministerio a fijar estos precios al margen de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, precisamente lo que se está demandando.

Por poner solo un ejemplo del escenario al que volvería el país si se cayera este decreto (que tumba siete resoluciones de entre 2010 y 2012): el avastin bevacizumab 100mg/4ml de Roche (para males como el cáncer renal avanzado), que en 2009 reportó un precio promedio en canal comercial de $1’329.930, pasó en 2010 a costar $1’104,780 luego de que Diego Palacio (buscando conjurar la crisis) fijara unos valores máximos de recobro, y luego cayó a $883.824 con las medidas del actual Gobierno.

Si no procede el recurso de reposición que interpondrá el Ministerio de Salud y finalmente la demanda prospera, nos devolveríamos a 2010, es decir, a lo negociado por Palacio, que sí estuvo avalado por Comisión Nacional de Precios de Medicamentos.

Concluye la Federación que “los grupos de poder que se fortalecieron durante el octenio 2003-2010 de la política de desregulación lograron montar un andamiaje sólido que ni los intentos de rectificación del anterior gobierno, ni los esfuerzos de algunos sectores del actual gobierno, pudieron neutralizar”.