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Por la renovación del espectro radioeléctrico, donde pudo obviarse lo estipulado por la Constitución en cuanto a las normas de mercado y la igualdad de los oferentes, comenzó a ser investigado el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, según informó la contraloría General.
En un informe de prensa, dice la entidad de control de las finanzas públicas que en mayo de 2013 la contraloría General advirtió sobre la urgencia de adoptar un plan de contingencia para mitigar los riesgos que conllevaría la terminación de los contratos de concesión de telefonía móvil y la adjudicación de los nuevos.
En su advertencia la Contraloría afirma que es necesario garantizar no solo la continuidad del servicio a los usuarios sino también respetar las cláusulas de reversión de los contratos de concesión tanto de la infraestructura como del espectro a los actuales concesionarios de telefonía móvil.
Además se hizo énfasis en que el proceso adoptado debía incluir una valoración de toda la infraestructura de la red de comunicaciones pública y la adjudicación del espectro revertido para lo cual se debía diseñar un proceso que promueva la competencia y que permita la puja en igualdad de condiciones tanto de los actuales como de nuevos operadores.
Precisa el informe de prensa que la respuesta, en su momento, del ministro Diego Molano fue plantear tres escenarios: la prórroga de las concesiones, la renovación de los permisos para el uso del espectro y la terminación de los contratos. No obstante, dejó como eventual el escenario de la asignación del espectro mediante el mecanismo de subasta.
Finalmente en marzo de 2014, el ministro decidió aplicar la ley 1341 de 2009 renovando el espectro radioeléctrico a los mismos contratistas de telefonía móvil lo que sorprendió y generó dudas en este organismo de control toda vez que configura una adjudicación directa y se desconoce el derecho constitucional (Artículo 75 de la CPN) de garantizar la igualdad de oportunidades en el mercado y la competencia sin evitar prácticas monopolísticas y desconociendo el proceso de selección objetiva establecido por la misma ley 1341 de 2009. Este escenario escogido por el ministerio podría atentar contra las normas de competencia en el sector, advierte el informe de prensa.
La aplicación por parte de ministro Molano del inciso tercero del artículo 68 de la Ley 1341 de 2009 y el artículo 12, con el fin de renovar el espectro por 10 años más, evitó aplicar el artículo 11, que ordena la selección objetiva y la competencia en la asignación del espectro, es una manera fragmentada de interpretar la ley, dice el informe.
Adicionalmente se obvió tener en cuenta lo dispuesto en la parte final del artículo 10 de la misma Ley, la cual indica claramente que dicho artículo no incluye el derecho al uso del espectro radioeléctrico, lo que se permitió con la renovación realizada por el Ministerio.
Igualmente cuestiona por qué no se aplicó el inciso segundo del artículo 68 descrito anteriormente ya que este era el que más se adecuaba a los contratos sobre los cuales se tomó la decisión, esto hubiese obligado a realizar un concurso público que garantizaba la imparcialidad y objetividad.
Dice el estudio de la entidad de control que preocupa que el pasado 27 de marzo, estableciendo un precio por fuera del mecanismo del mercado, el ministerio asignó, a Claro y Movistar, hasta el año 2024 el espectro revertido de las concesiones por un valor que no ingresará en efectivo a la Nación sino en especie y bajo la modalidad de obligaciones de hacer que corresponden al desarrollo mismo de las operaciones y de otros compromisos adquiridos de tiempo atrás con el ministerio, por lo que el precio podría terminar reducido a cero lo que generaría un detrimento para la nación.
La Contraloría General iniciará las investigaciones fiscales pertinentes por los efectos económicos que para la nación se generarían por la no aplicación de los adecuados mecanismos de mercado en la asignación del espectro. Adicional a esto se harán los traslados correspondientes a las entidades competentes, señala el informe de la contraloría al reitera la apertura de investigación al ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.