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Economía 17 Jun 2013 - 10:00 pm

Mintransporte analiza propuesta

Acabarían con pólizas de chatarrización

Se prepara documento Conpes para dar viabilidad a proyecto que crearía un fondo autónomo que se alimentaría de un ahorro programado de los vehículos a través de los manifiestos electrónicos.

Por: Jairo Chacón González
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En el país hay 120 mil vehículos de carga, de los cuales cerca de 80 mil deben salir del mercado. / El Espectador

La caída del 69% en la venta de camiones en el último año, como consecuencia de la demora en los procesos de chatarrización y la suspensión de la póliza que avala la compra de vehículos, que debió levantarse el pasado viernes, tiene en alerta máxima al sector de carga pesada, que no ha podido renovar su parque automotor, mientras los concesionarios tienen 3.000 vehículos represados en sus vitrinas.

La respuesta que dio la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa Glen, a las solicitudes de los concesionarios, quienes hace 15 días le pidieron una transición para poder vender el stock de unidades, fue ampliar el plazo de la suspensión de la póliza por 45 días, mientras que se analiza una propuesta que hizo Asecarga, con la cual se eliminaría la póliza.

De acuerdo con Germán Yesid Isaza, asesor de Asecarga, la propuesta consiste en eliminar la póliza y sustituirla por un ahorro programado del vehículo de $20.000 por cada manifiesto electrónico de carga, recaudo que será manejado por una fiducia, lo que permitirá agilizar el proceso de chatarrización a través de un programa transparente.

Con este ahorro se recaudarían cerca de $300.000 millones anuales, lo que permitirá sacar del mercado cerca de 80.000 vehículos.

El viceministro de Transporte, Nicolás Estupiñán Alvarado, explicó que la propuesta de Asecarga de constituir un fondo de patrimonio autónomo está siendo analizada por el Gobierno, y agregó que está presta la expedición de un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) lo que permitiría buscar, antes de que finalice el año, la contratación de la compañía que operaría el fondo, que hasta ahora se llama Fondecar.

Este fondo no sólo manejaría los recursos que hay en el tesoro nacional, cerca de $1,1 billón, sino los ahorros programados que se obtengan del manifiesto electrónico.

El funcionario recalcó que el congelamiento en la venta de camiones no es exclusivo de Colombia. Argentina, Chile y México afrontaron esta misma situación. En el caso, el Gobierno detectó que mientras se chatarrizaban 2.500 camiones entraban 30.000 por pólizas, muchos de ellos provenientes de recursos de origen desconocido.

Recalcó que los concesionarios deben ayudar en este proceso de chatarrización, ya que a través del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) se han identificado por lo menos 20.000 vehículos listos para chatarrizar, lo que les permitiría salir del inventario que tienen en sus empresas.

Luis Javier Cardona, gerente zona centro de Navitrans, uno de los mayores concesionarios especializados en la venta de vehículos, señaló que están de acuerdo con que se chatarricen los vehículos, pero que están en contra de la póliza ya que hoy los precios de los vehículos se dispararon.

Antes del 14 de marzo, cuando se suspendió la póliza, para sacar del mercado una tractomula se tenía que pagar la póliza (que es una multa por no hacer el proceso de chatarrización) de $70 millones; por un doble troque, $50 millones, y por un camión, $35 millones, que es lo mismo que paga el Gobierno como incentivo por desintegrar el equipo.

El directivo señaló que Colombia debe establecer cuánto tiempo puede circular un camión, ya que hay un gran porcentaje que genera mayor consumo de combustible, lo que representa un peligro pues puede ocasionar accidentes y es altamente contaminante, lo que afecta la competitividad del país.

Esta situación ha obligado a varias empresas a paralizar su proyecto, ya que hoy no es posible renovar sus flotas o adquirir nuevos vehículos.

Para Jesús Guerrero, CEO de Servientrega y Red Servis, la póliza es un obstáculo que genera un mayor costo a los proyectos y que impide que se puedan modernizar las flotas particulares que prestan un servicio a gran parte del país.

Sin embargo, señaló que este proceso está por solucionarse, una vez se dé vía libre a las propuestas que están en manos del Gobierno.

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