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Los mandatarios de la provincia de Soto Norte, zona donde se encuentra el páramo de Santurbán, crearon un frente común para defender su territorio y no ceder ni un solo centímetro más al que aportaron para la conformación del Parque Regional Natural Santurbán.
Sostienen que la creación de este parque ha generado problemas de desempleo y de minería ilegal, que es la que está atentando contra los recursos hídricos de la región, y que no permitirán el desplazamiento de los habitantes que durante más de 400 años se han dedicado a la minería, la ganadería y la agricultura en esta zona del departamento.
Francisco González, alcalde de Tona, un municipio no minero, señaló que ellos aportaron 18.700 hectáreas a la creación del parque y que de ampliarse el área, unos 7.000 campesinos tendrían que salir de la zona, cuando el compromiso de la ministra del Medio Ambiente, Luz Helena Sarmiento, fue que no habría desplazamiento ni cambio de actividad económica.
Por su parte, David Augusto González, mandatario de Vetas, uno de los municipios de mayor actividad minera, pidió al gobierno del presidente Santos que no se amplíe la zona del parque, ya que en tan solo dos meses se han perdido 150 empleos directos y esto lo que ha generado es que la minería ilegal se dispare y las personas estén ingresando a los socavones a buscar oro. “Estas comunidades sí están generando daños ecológicos, ya que no hay nadie que los controle y es por eso que pedimos la ayuda del Gobierno Nacional”, explicó.
De las 9.963 hectáreas que tiene el municipio, 5.888 se incluyeron en el nuevo parque, es decir, más de la mitad del municipio, y de ampliarse el área, prácticamente desaparecería.
Entre tanto Carlos Latorre, presidente del Concejo de California, otro municipio netamente minero, señaló que las únicas empresas multinacionales que operaban en la zona, Eco Oro y AUX, cesaron sus labores a la espera de la decisión del Gobierno, lo que ha generado que por lo menos 1.000 personas queden sin trabajo.
Para el personero de Suratá, Henry Delgado, la posición de su municipio es similar a la de los otros municipios: no ceder más tierra. “En Tona tenemos minería, agricultura y ganadería y llevamos más de 400 años en estas actividades, que no nos pueden venir a quebrantar de la noche a la mañana”, explicó.
Los mandatarios señalaron que el embalse que está haciendo el Acueducto de Bucaramanga se alimenta de las fuentes hídricas de la zona, que cuidan las comunidades, pero en ningún momento han venido a ofrecer nada por esta situación. No hay contaminación, pero podría existir si se dispara la minería ilegal y la criminal con la llegada de máquinas retroexcavadoras que sólo vendrían por el mineral, sin respetar el medio ambiente.
Frente a la posición de estas comunidades, el Ministerio del Medio Ambiente señaló que siguen trabajando de la mano con el Instituto Humboldt y que antes de que finalice el año tomarán una decisión.
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@jairochacong