El negocio de la televisión está viviendo un verdadero zapping. Y las razones son varias: operadores comunitarios que no entregan los reportes de los usuarios que realmente tienen, otros que ni siquiera están prestando el servicio, empresas cableras que buscan que les bajen las tarifas que pagan por cada conexión, aplicaciones que se están llevando los televidentes sin pagar un solo peso de impuestos y hasta programas de la oferta pública que, con escasos recursos, están haciendo mejores productos que mucha de la oferta privada.
Por eso, la directora de la ANTV, Ángela María Mora Soto, explicó ayer que en Colombia hay 71 operadores de TV por suscripción por cable y dos satelitales y 707 licenciatarios de TV comunitaria, y detalló que “a 30 de junio vamos a tener los primeros resultados de una interventoría a los contratos de TV por suscripción, que nos va a identificar lo que se ha denominado el famoso subreporte”. Eso quiere decir que la entidad visitará desde el 1º de marzo y hasta el 30 de mayo esas empresas, buscando información. Y “si hay inconsistencia o inexactitud, es posible que dé lugar a declaratoria de caducidad” del contrato.
La funcionaria advirtió también que se empezó a revisar con lupa la TV comunitaria. “Hemos depurado más de 100 licenciatarios y seguimos en esa tarea. Una vez logremos depurar quiénes están activos y quiénes no, iniciaremos un proceso de auditoría que, al igual que la TV por suscripción, da lugar a la cancelación de la licencia si hay inconsistencia entre los usuarios reales y los reportados. Finalizando año sabremos quiénes están en el mercado de TV cerrada, porque ese es un insumo que necesita la autoridad para saber si abre nuevos procesos de TV por suscripción”.
El tema recobró relevancia luego de que la Contraloría General de la República informara hace dos semanas de un presunto hallazgo fiscal cercano a $171.000 millones procedente de subreportes de usuarios, por los cuales la televisión cerrada hace aportes al Estado. Al respecto, Lorena Angarita, presidenta de Red Intercable, un gremio que reúne a cerca de 250 empresas de televisión por suscripción y comunitaria, aseguró que la posición de la industria se mantiene en que “se implementarán los mecanismos necesarios para establecer la autorregulación en el sector para evitar que este tipo de prácticas se sigan realizando por parte de esas empresas de televisión cerrada colombiana que afectan la imagen general del sector, tanto a nivel nacional como internacional”, según se lee en un comunicado firmado por la “Industria nacional de televisión por cable”.
Sobre la que es, quizá, la ampolla más grande para la industria nacional, plataformas como Netflix –pues estas no tributan en el país, lo que, según actores del sector, genera asimetrías–, la directora de la ANTV aseguró que “no es competencia de la Autoridad sacar reglamentación, no es una modalidad mía, no puedo crear un impuesto, no nos corresponde. Es un tema de política pública en el Congreso de la República. Somos conscientes de que esa convergencia está haciendo que el sector cambie, se deben tomar medidas, pero no se puede prohibir”.
Al respecto, por el Congreso han pasado varias propuestas, entre las cuales sobrevive la del representante a la Cámara Diego Patiño. Allí se contemplan aspectos que actores de la industria ven como favorables. Por ejemplo: “La igualdad de cargas y de condiciones económicas y financieras en lo que respecta a contraprestaciones con el Estado, de los prestadores de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones con los operadores y prestadores de redes y servicios de comunicaciones audiovisuales y de provisión de contenidos audiovisuales sobre redes de telecomunicaciones (llamados OTT, entre los que encaja Netflix)”. Ese proyecto, sin embargo, no tiene aún ponentes asignados.
Andesco, gremio al que están afiliados prestadores de televisión por suscripción como Claro, Telefónica y Tigo Une, tiene claro que esa política debe atender tres frentes. En primer lugar, que haya, como recomienda la OCDE, un solo regulador (hoy las responsabilidades del sector están en la ANTV, la CRC y la ANE, principalmente). Asimismo, que se repiense la financiación de la televisión pública, en la que incluso las OTT (como Netflix) deberían tener una responsabilidad, de acuerdo con Mauricio López, vicepresidente técnico de Andesco.
Finalmente, desde el gremio piden que haya igualdad de condiciones para la competencia entre todos los jugadores, lo cual implica “respetar las inversiones que ya han hecho” los integrantes de la industria, por ejemplo, espectro radioeléctrico e infraestructura. “Otro elemento importante con respecto a la TV comunitaria es que haya un régimen de transición. Pedimos que se ajusten a las normas establecidas y que en la eventualidad de que tengan interés de convertirse en operador de TV por suscripción haya mecanismos de transición”, según López.
El tercer canal y Canal Uno
La directora de la ANTV también se refirió al tercer canal, sobre el que detalló que el 6 de mayo la junta de la entidad definirá si abre o no un proceso licitatorio. Por ahora se está trabajando en un “estudio en materia jurídica que nos diga si se necesita sacar una reglamentación adicional y, además, lo que todos quieren saber: cuánto valdría ese tercer canal, sabiendo que hay convergencia tecnológica. Ese estudio se contrató porque no es lo mismo ese canal hace 20 años, que hoy”.
Del Canal Uno, recordó que esa concesión la tienen hoy dividida en cuatro partes iguales de 25 % CM&, NTC, Jorge Barón y RTVC, que el contrato finaliza el 30 de abril de 2017 “y seis meses antes se tiene que iniciar el proceso licitatorio”. Por eso se espera que comience el próximo semestre.
* El Espectador pertenece al mismo grupo de medios de Caracol TV.