Así lo anunció el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien explicó que la decisión obedeció a que los proponentes precalificados solicitaron al Gobierno más plazo para ajustar sus propuestas y poder ir a la subasta para enajenar el 57,61% de las acciones que tiene el Estado en esta empresa.
Esta iniciativa ya había sido aplazada el 28 de marzo de 2014, luego de que el Consejo de Estado aceptara una demanda presentada por la Red por la Justicia Tributaria. La sección primera decretó medidas cautelares de urgencia, con las cuales suspendió provisionalmente su venta.
Esta medida fue levantada el 23 de mayo, con lo cual el Gobierno retomó la preparación de la venta y definió las empresas precalificadas interesadas en hacerse a la compañía, calificada por el sector como la joya de la corona.
En el transcurso de este tiempo se retiraron del proceso los consorcios EPM-Cenig, Argos y el Grupo de Energía de Bogotá y aumentaron los reparos a la venta de Isagén, por considerar que se trataba de un activo que generaba buenos resultados al Estado y que si los recursos se destinaban a la financiación del programa de cuarta generación de concesiones, estos dineros se iban a perder.
De acuerdo con José Roberto Acosta, gerente de inversiones de Asesores en Valores, la venta de Isagén se convirtió en la expropiación de lo público.
“Si es tan cierto que las necesarias vías de cuarta generación tendrán rendimientos del 13% anual, ¿por qué no endeudarse en los mercados de capitales internos o externos con tasas del 6% para apalancar dichas obras? Alternativas distintas a la venta de Isagén es lo que ofrecen los mercados”, recalcó.
Por ahora los interesados Duke Energy, China Haudian, Generco y Gas Natural tendrán más tiempo para ajustar su números y también los que habían desistido de participar en el proceso podrán reconsiderar la decisión.
Entre tanto, los opositores a la transacción seguirán con su cruzada para que el Gobierno no venda su participación en Isagén.