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Economía 11 Jun 2013 - 10:00 pm

Hay 17 iniciativas privadas en trámite

Las APP avanzan, pero sin obras

La Cámara Colombiana de Infraestructura pidió reforzar la institucionalidad regional para desarrollar este tipo de proyectos.

Por: Jairo Chacón González
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Un año y medio después de que el Congreso de la República le diera luz verde a la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP), herramienta con la cual se pretende dar un vuelco a la infraestructura y de esta forma ponerse a la altura de otros países, el balance, si bien es positivo, todavía no ha dado frutos porque no se han iniciado las obras.

Son 28 propuestas privadas las que ha recibido la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), de las cuales 10 fueron rechazadas por insuficiencia e inconveniencia o por oposición de la comunidad, 17 se encuentran en trámite, proyectos que superan los 20 billones de pesos.

De acuerdo con el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, la herramienta ha tenido una alta acogida, ya que en el sector carretero se han presentado 19 iniciativas, en el férreo 7 y en el aeroportuario 2.

En el sector vial se han presentado los proyectos Girardot-Puerto Bogotá; Barrancabermeja-Lebrija; Rionegro-San Alberto y Puerto Gaitán-Maní, las cuales fueron rechazadas por insuficiencia financiera e inconveniencia.

También se presentaron la construcción de las calles 153 y 170 en Bogotá; Guaduas-Mariquita y Calarcá-El Alambrado, iniciativas que fueron rechazadas por pedido de las regiones. Una más fue transferida a las regiones, para que las autoridades resuelvan la solicitud.

En estudio de prefactibilidad se encuentran los accesos al norte de Bogotá; el corredor Tunja-Barbosa; Zipaquirá-Bucaramanga y los puentes nacionales.

En el estudio de factibilidad, que puede durar cinco meses, se encuentran los proyectos Ibagué-Cajamarca; Granada-Villavicencio-Puente Arimena; San Roque-Cuestecitas; Cambao-Manizales e Ibagué-Honda; Chirajara-Villavicencio y La Paila-Cajamarca.

En el sector férreo las iniciativas privadas recibidas por la ANI son 7, de la cuales fueron rechazadas Necoclí-Bahía de Humboldt y Buenaventura Puerto Gaitán (Meta).

Las cinco restantes se encuentran en trámite, y de éstas, Dorada-Chiriguaná; Belencito-Viscaína-Chiriguaná y La Tebaida-Buenos Aires-La Dorada-Chiriguaná-Chiriguaná-Barranquilla están en estudios de prefactibilidad y en factibilidad la variante Quebrada-El Doctor-Mamatoco y Bogotá-La Caro-Belencito.

En el sector aeroportuario las APP son dos: el Centro Logístico Aeroportuario (Cela) en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla y el Puerto Logístico de Las Américas, en inmediaciones del aeropuerto Eldorado de Bogotá.

Si bien es un proceso que necesita un grado mayor de madurez y ha alcanzado una gran acogida, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer, señaló que es necesario reforzar la institucionalidad regional para que los empresarios privados sepan con quién conversar para presentar y discutir sus iniciativas regionales.

El dirigente manifestó que hay que dar tiempo a que se realicen los estudios de prefactibilidad y factibilidad, con el fin de que se pueda contar con las herramientas necesarias para la ejecución de las obras sin trabas ni obstáculos.

Por su parte, el viceministro de Infraestructura, Javier Hernández, señaló que están muy contentos con la acogida que han tenido las iniciativas públicas que se han presentado.

Señaló que los 30 proyectos de cuarta generación de concesiones, que tienen un valor de $44 billones y que se encuentran en estructuración, han tenido una gran acogida de firmas nacionales e internacionales.

En el foro sobre APP realizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Fernando Andrade señaló que la nueva ley ha sido fundamental en la participación del sector privado, que ven una oportunidad para ejecutar obras que dinamicen la economía del país y que permitan dotarlo de las infraestructura necesaria para atender los tratados de libre comercio que hasta el momento ha suscrito el país.

Por su parte, algunos empresarios de la ingeniería consideran que los aportes de la nación deberían ser superiores al 20% en iniciativas públicas. La Ley establece que en las propuestas privadas el costo total de la obra debe ser asumido por los consorciados, quienes tendrán plazos de operación y administración de 30 años.

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