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Argentina reiteró este martes su petición al juez de Nueva York, Thomas Griesa, para que suspenda la aplicación de una sentencia en su contra en el litigio por la deuda en default.
La petición se produce horas antes de una audiencia clave en Nueva York entre el magistrado y bancos intermediarios que recibieron el dinero de Argentina para pagar bonos reestructurados en canjes de 2005 y 2010 y no pudieron hacerlo por un bloqueo dispuesto por el juez, lo que puso al país al borde de un nuevo default si los pagos no se concretan antes del 30 de julio.
"Necesitamos el 'stay', la suspensión de la orden de ejecución de la sentencia", dijo este miércoles en rueda de prensa el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
El gobierno argentino a través de sus abogados en Nueva York presentó el martes a Griesa un nuevo escrito justificando su pedido de reponer la medida cautelar, según publicó este miércoles la prensa local.
Capitanich explicó que la suspensión de la sentencia "es necesaria con el objeto de la no aplicación de la cláusula RUFO" que le impide al país mejorar la oferta que recibieron el 92,4% de los acreedores de Argentina en los canjes de 2005 y 2010, cláusula que vence el 31 de diciembre próximo.
El 1% de los acreedores que rechazaron los canjes litigó en la justicia de Estados Unidos y ganó un juicio para cobrar el 100% de los bonos en efectivo por una suma cercana a los 1.330 millones de dólares.
La cita en los tribunales de Manhattan tiene lugar tras la decisión de Griesa del pasado 27 de junio de impedir a Argentina pagar un tramo de su deuda reestructurada por considerar que debe cancelar al mismo tiempo sus obligaciones con los fondos especulativos.
El gobierno argentino sostiene que el cumplimiento del fallo "tiene implicancias sistémicas que generarían entre 120.000 y 500.000 millones de dólares en eventuales juicios contra Argentina" por los acreedores que se consideraren discriminados.
"A a su vez implicaría causas legales contra los funcionarios responsables desde la presidenta, Cristina Kirchner hasta cada uno de sus ministros" por incumplimiento de contrato, dijo Capitanich.
El ministro propuso a los fondos especulativos que "si plantean que la aplicación de la sentencia no dispara la cláusula RUFO, por qué no pagan un seguro" por esa eventualidad, como salida alternativa a la disyuntiva.
"Si la RUFO no aplica, el seguro tendría para ellos un costo irrisorio y en consecuencia tendríamos la cobertura legal frente a implicancias sistémicas", evaluó.