Por Interbolsa, se cocinan millonarias demandas al Estado

Unos 60 accionistas minoritarios de Interbolsa podrían demandar al Estado en los próximos días. / Archivo

El descalabro financiero de Interbolsa pronto llegará a los estrados judiciales. La principal comisionista de bolsa del país, con más de 50.000 clientes, $1,5 billones en activos y $139.470 millones de patrimonio, entró en proceso de liquidación forzosa desde el pasado miércoles ante el incumplimiento de sus obligaciones con bancos e inversionistas. Pero para muchos está claro que la crisis no llegó de súbito, que venía cocinándose desde hacía más de un año y que el Estado no intervino a tiempo para evitar la catástrofe. Además, aún no se calculan los coletazos que podría tener el cierre de la firma corredora que manejaba el 34% del mercado bursátil en Colombia.

El Espectador conoció que por lo menos unos 60 clientes minoritarios de Interbolsa han adelantado reuniones de urgencia en las últimas 48 horas para fijar las estrategias legales a seguir. La tesis fundamental es que hubo una clara omisión de la Superintendencia Financiera durante el proceso de endeudamiento de Interbolsa a través de préstamos con garantía en acciones (repos), y que el riesgo excesivo sobre estas operaciones era una tragedia anunciada que el Estado debió prevenir. Desde hacía meses, los repos de Fabricato, en particular, empezaron a generar desconfianza en el mercado y las entidades financieras les cerraron su línea de financiamiento.

A este panorama se suma el listado que publicó la Superintendencia Financiera en las últimas horas de los 20 principales accionistas de Interbolsa y sus 20 principales empresas fondeadoras (que les prestaron dinero a cambio de repos), con corte al 8 de noviembre pasado (ver gráficas en la página 6). Compañías petroleras, consorcios viales, firmas de seguros, universidades, prestigiosas cadenas de almacenes o proyectos de vivienda encabezan la lista de afectados por el descalabro de Interbolsa.

Entre las compañías fondeadoras aparecen Mansarovar Energy, Fiducor S.A., la Universidad Eafit, la Corporación Universitaria de Santander, Seguros del Estado, Grupo Hatovial, Cóndor S.A. y Almacenes Éxito, entre otras. Todas tienen acciones en Interbolsa y sus inversiones están hoy más comprometidas que nunca. Para ponerlo en números y mencionar sólo un ejemplo, la Universidad Eafit de Medellín reporta más de 6,4 millones de acciones en repos. Según fuentes de la universidad, en total podrían estar en riesgo inversiones del orden de $3.960 millones.

En diálogo con este diario, el rector de la Eafit, Juan Luis Mejía, señaló: “Estamos absolutamente desmoralizados, desconsolados. Esto significa una pérdida inmensa de confianza inversionista. Tenemos unos protocolos para saber cómo invertir en empresas triple A y esta era la firma más reputada en Colombia en su campo. La Superintendencia les exige a los corredores un 9% de solvencia y ellos aparecían con niveles superiores al 21%. Ya estamos hablando con nuestros abogados para emprender acciones legales. Esperamos que los órganos de control nos digan qué pasó y por qué no alertaron a los que invirtieron de buena fe estos recursos. No sé si hubo omisión del Estado, pero esto sí quiebra todos los niveles de confianza”.

Antes del anuncio de intervención y posterior liquidación de Interbolsa, su acción ya había caído a unos $980. Hoy se encuentra suspendida y los entendidos aseguran que lo más probable es que cuando se reactive siga bajando. En lo que respecta a los accionistas principales de la firma comisionista en desgracia, en la lista figuran en las primeras cinco posiciones ING Pensiones Obligatorias, Latinoamérica de Inversiones, Helados Modernos de Colombia, Cuama S.A. y Valores Incorporados S.A. El superintendente financiero, Gerardo Hernández, ya inició investigaciones para ponerle nombres y apellidos a este desastre, al tiempo que se indaga a los dueños del conglomerado por su administración.

En todo caso, el delegado del Gobierno para la liquidación de la otrora todopoderosa Interbolsa, Ignacio Argüello, tendrá que dilucidar pronto el tamaño de esta hecatombe bursátil, mientras los accionistas y fondeadores en riesgo hacen sus cuentas y alistan acciones legales para recuperar su patrimonio.

El vendaval del caso Interbolsa hizo que las autoridades fijaran sus ojos en el mercado bursátil de Colombia. El Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) es la entidad encargada de sancionar las malas prácticas de los comisionistas en la bolsa a fin de evitar riesgos innecesarios, abusos a los inversionistas o competencia desleal. Creado hace más de seis años, durante este tiempo el AMV ha impuesto multas por casi $3.000 millones. Sólo este año ha aplicado sanciones por casi $500 millones. Sin embargo, fuentes consultadas por El Espectador advierten que estos castigos se quedan casi siempre en planos muy administrativos y que deberían trascender al campo penal.

El pasado 3 de octubre, el abogado Fernando Largacha, en representación de su cliente y su grupo familiar (quienes pidieron no ser identificados por seguridad), denunció ante la Fiscalía un supuesto fraude sufrido por sus representados por un valor aproximado de $1.000 millones. Según la denuncia, hicieron entrega de sus ahorros a una importante firma comisionista para verificar que hoy en día un porcentaje muy bajo de dichos recursos se encuentra reflejado en acciones y títulos a su favor y, en cambio, una porción muy importante de esa inversión fue utilizada sin autorización en operaciones repos, algunas de las cuales fueron de Fabricato, “eje central del escándalo de Interbolsa”.

De acuerdo con el abogado, se presentaron repetidas conductas criminales que afectaron el patrimonio de sus clientes y que fueron reconocidas en principio por la comisionista que durante cuatro años les prestó sus servicios. Además, en el traslado del portafolio de servicios de una firma comisionista a otra se cometieron irregularidades, que después fueron descubiertas, para desarrollar una cantidad de operaciones en la bolsa sin consentimiento alguno. El Espectador se abstiene de publicar el nombre de la firma para no afectar la investigación. En todo caso, la conclusión del abogado Largacha es que “este tipo de hechos rara vez son denunciados debido a la complejidad y los tecnicismos de los mismos y el desconocimiento que tienen los ciudadanos que invierten en el mercado de valores”.

Las malas prácticas en la Bolsa de Valores de Colombia han sido documentadas por el AMV y algunos de esos casos fueron conocidos por este diario. Por ejemplo, este organismo de control estableció cómo una corredora de bolsa realizó sin autorización 12 traslados de recursos de las cuentas de cuatro clientes a las de otros 10 inversionistas suyos, en una operación que más parecía una bola de nieve para tapar el hueco de un repo. En otro caso se estableció que el corredor no le entregó información veraz a su cliente sobre su portafolio, aprovechando este vacío para realizar negocios privados. Un tercer episodio demostró que un corredor celebró operaciones sin autorización de su cliente favoreciendo la práctica desleal.

Y los casos continúan, aunque se insista en que existen controles suficientes para evitar este tipo de abusos a los inversionistas. Al margen de la controversia del caso Interbolsa y de las inminentes demandas que empiezan a cobrar forma, varios conocedores del mercado bursátil sostienen que en esta coyuntura lo mejor es que las autoridades se interesen por regular con más detalle este instintivo mundo de la bolsa.

Twitter: @jdlaverde9