Control de advertencia sobre $7,5 billones públicos en fiducias

Se trata de prevenir sobre los riesgos derivados de mantener recursos públicos inmovilizados en entidades fiduciarias.

La contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, advirtió el jueves a las entidades públicas del país sobre la necesidad de examinar el estado de las fiducias constituidas con recursos de origen nacional, con el fin de determinar los fines para los cuales fueron constituidas.

Advierte que las entidades públicas deben examinar si los recursos que están en fiducias u otros mecanismos de carácter contractual y financiero, se están destinando oportunamente a la adquisición de los bienes y servicios para los cuales fueron apropiados, dice el informe de prensa de la entidad de control de las finanzas públicas.

“En caso contrario, es pertinente advertir que los costos que se generen para mantener y administrar tales recursos sin justificación adecuada, constituirán detrimento patrimonial tanto para los titulares de los mencionados derechos fiduciarios como para los administradores que no adopten las medidas correctivas necesarias de manejo, acorde con la finalidad del fideicomiso”.

A través de la contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, la contraloría ha venido realizando seguimiento a la situación de los recursos considerados como públicos colocados en fiducias (excluyendo Sistema de Seguridad Social), cuyo valor ascendió en diciembre de 2011 a 7,5 billones de pesos.

En el análisis “se encontró que una gran magnitud de los recursos de inversión que permanecieron en estas fiducias en los últimas tres años (2009-2011), mantuvieron saldos similares durante todo el período. Es así como 6.7 billones de pesos registraron una volatilidad promedio ponderada de apenas un 29.3% durante el período, lo que significa que buena parte de recursos permaneces inmovilizados. Además, el 30% de los negocios presentaron variaciones inferiores al 5% durante ese lapso”.

Según la contraloría, la permanencia de estos recursos a través del tiempo debe ser justificada ya que de lo contrario no se estarán cumpliendo los fines sociales para los cuales están destinados dichos recursos ni la finalidad del fideicomiso, de conformidad con la ley.

La contraloría realizó un cálculo del costo de capital de los recursos inmovilizados, con base en la tasa de interés promedio ponderada que se paga por concepto de deuda interna y externa del nivel central, dando como resultado un costo de aproximadamente 500.000 millones de pesos anuales, sin incluir el gasto adicional en que deben incurrir los fideicomitentes por la administración permanente de sus recursos.

En la actualidad hay un gran número de recursos públicos fideicomitidos en entidades fiduciarias que no han presentando variación significativa durante los últimos tres años (2009-2001), muchos de los cuales pueden estar apareciendo como recursos ejecutados dentro del presupuesto de las entidades nacionales o territoriales.

"Aparte de los costos que representa para el Estado por concepto de costo de oportunidad y el generado por concepto de administración de estos recursos, puede llegar a generar detrimento patrimonial en aquellos casos en los que el objeto de la fiducia sea la adquisición de un bien o servicio para la comunidad y no la inversión por sí misma”. destaca el informe de prensa.

Para la contraloría, “esto puede significar que los mencionados recursos no están cumpliendo su objeto social y pueden estar constituyéndose en un mero mecanismo de generación de ingresos para las entidades administradoras”.