¿Ventaja por datos privilegiados?

En el escándalo surgen casos que prueban cómo llegaron algunos socios de Interbolsa. / Archivo

A finales de julio de 2006, la sociedad comisionista de bolsa Inversionistas de Colombia S. A. buscaba un socio estratégico que aportara capital y tecnología para el crecimiento de su empresa. Después de varias reuniones técnicas, en una semana se concretó esa operación con la hoy cuestionada firma Interbolsa. Sin embargo, este negocio derivó en una investigación del Tribunal Disciplinario del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) por uso indebido de información privilegiada, que seis años después sigue sin resolverse en un juzgado civil de Bogotá.

Esta historia comenzó el 28 de julio de 2007 con una llamada del presidente de Inversionistas de Colombia, Carlos Alberto Estrada, a su similar de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, para proponerle una integración. En una semana, luego de reuniones en Bogotá y Medellín, el 3 de agosto de ese año se formalizó el negocio y se decidió divulgar la noticia al día siguiente. Pero al parecer el comisionista César Mendoza Sáenz ya conocía la información y ese día, en una inusual acción, compró y vendió acciones de Interbolsa y en cosa de horas se ganó $40 millones.

Según el Tribunal Disciplinario, la noticia sobre la integración de negocios de las dos firmas comisionistas se dio a las 12:58 p.m. del 4 de agosto de 2006. No obstante, media hora antes quedó grabada una conversación entre César Mendoza y su compañera permanente Inés Elvira Sinisterra, también vinculada al negocio bursátil, en la cual hablaron de la integración. Ese diálogo y otras pruebas llevaron al Tribunal a concluir que conocía de antemano el negocio y sacó provecho para ganar en el mercado.

La negociación de 201.306 acciones de Interbolsa por parte de Mendoza, además socio del 79% de Capitales Activos, cuyo portafolio era entonces administrado por Inés Elvira Sinisterra, no sólo fue cuestionada porque lo hizo usando información privilegiada, sino porque el reglamento de la bolsa le prohibía hacerlo por ser administrador de una sociedad comisionista. De las acciones compradas, 189.088 las vendió en escasas horas a Latinoamericana de Inversiones Sumo, donde tenía injerencia Víctor Maldonado, a su vez miembro de la junta directiva de Interbolsa.

Esta extraña vuelta motivó que la Dirección de Asuntos Legales del Autorregulador del Mercado de Valores, de conformidad con el reglamento de la Superintendencia Financiera, solicitara una investigación al Tribunal Disciplinario. El 18 de octubre de 2007, este organismo determinó expulsar a César Mendoza e imponerle una multa de $79 millones por el incumplimiento de disposiciones relativas a la prohibición de negociar acciones en el mercado como administrador y por el uso de información privilegiada para comprar acciones.

Mendoza apeló la decisión bajo el argumento de que nunca participó en las reuniones previas a la fusión de Inversionistas de Colombia e Interbolsa, pero una Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de la AMV observó que estaba probada la cercanía entre Mendoza y quienes participaron de manera directa en la definición del negocio, en concreto, Juan Carlos Ortiz, su compañero de universidad y de oficina en el mismo edificio de Interbolsa, y el propio Víctor Maldonado, con quien reconoció tener un trato frecuente y personal.

La Sala de Decisión concluyó que si bien la conducta asumida por César Mendoza era grave, la sanción debía ser reducida. De esta manera, de la expulsión pasó a una suspensión por dos años y la misma multa de $79 millones. No obstante, la segunda instancia del proceso disciplinario en la Bolsa de Valores concluyó que el comportamiento del comisionista y su afán de adquisición de acciones no fueron desmesurados o extraños, y tampoco representaron su proceder habitual. En esa medida, matizó la sanción impuesta por el Tribunal Disciplinario.

No satisfecho con la decisión, Mendoza Sáenz llevó el caso ante la justicia civil. Su objetivo era limpiar su nombre para continuar las actividades bursátiles sin inconvenientes y sin reparos de sus colegas. A través del abogado Javier Borda argumentó que la conversación con Inés Elvira Sinisterra se produjo con posterioridad a la publicación de la noticia de la fusión de las dos firmas y que en consecuencia se habían desconocido los principios de la buena fe y la presunción de inocencia, al evaluar los hechos ocurridos en 2006.

El Autorregulador del Mercado de Valores contestó la demanda de Mendoza indicando que el máximo accionista de Capital Activo sí estaba enterado del negocio y que la única prueba de su falta no fue la conversación telefónica con Inés María Sinisterra, sino otros medios de prueba. Además, que otros directivos de Interbolsa como Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado sí sabían de la posible integración de las dos sociedades, incluso antes de que se hiciera público el aviso de intención de fusión por parte de la Superintendencia Financiera.

La pelea deberá resolverse en el Juzgado 21 Civil de Bogotá, que tendrá la última palabra en esta controversia frente al acceso que posiblemente tuvo Mendoza a información privilegiada, que le dio una posición favorable a la hora de negociar acciones justo cuando se estaba concretando la fusión de estas dos firmas comisionistas de bolsa. El tema central de esta controversia radica en establecer quiénes sabían que el negocio se iba a llevar a cabo. Y, según el Tribunal Disciplinario, además de quienes participaron en las reuniones de trabajo, otros conocían del caso.

La documentación allegada al proceso indica que el miércoles 2 de agosto de 2006, durante una reunión en el club El Nogal de Bogotá, con el propósito de diseñar una primera reunión plural de voluntad alrededor del tema, estuvieron dos voceros de la sociedad comisionista Inversionistas de Colombia y dos socios de Interbolsa: Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz. Al día siguiente el negocio se concretó en Medellín y, después de una decisión aprobatoria, se optó por divulgar la noticia 24 horas después.

El fallo original del Tribunal Disciplinario de la AMV manifiesta que, de acuerdo con información suministrada por el presidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, también conocieron de la integración José Roberto Arango y Juan Carlos Ortiz, así como cinco personas más que participaron en preparar la información que iba a ser divulgada al público. Lo sucedido en adelante, aclaró el Tribunal, fue el resultado de la premura con que se publicó la intención del negocio, pues de demorarse más, el aprovechamiento habría sido mayor.

En medio de la crisis que hoy vive la firma Interbolsa y del escándalo de la captura con fines de extradición del comisionista Carlos Eduardo Leyton Sinisterra, por presunto lavado de activos, esta singular pelea, a pesar de que han pasado seis años después de los hechos, está al rojo vivo. Mendoza Sáenz insiste en su inocencia con el argumento de que existió una indebida valoración de los hechos y que los rumores que existían el 4 de agosto de 2006, sobre la fusión referida, en ningún momento pueden ser considerados como uso indebido de información privilegiada.

A su vez, el Autorregulador del Mercado de Valores insiste en que existió un afán de adquisición de acciones de Interbolsa, justo el día en que se concretó la decisión de fusión con Inversionistas de Colombia. Según sus investigaciones, a lo largo de 2006, en 23 oportunidades, Capital Activos, la empresa de César Mendoza, hizo compras inferiores a 13 mil acciones. Esa estadística, en su criterio, es la prueba de que el 4 de agosto no realizó niveles de compra usuales. Deberá ser la justicia civil la que determine este embrollo que una vez más compromete a Interbolsa.