Interbolsa: cero y van dos

Entre los delitos de la demanda están abuso de confianza, estafa agravada, administración desleal y concierto para delinquir / Archivo

“La casual relación societaria entre Valores Incorporados y Premium Capital Investment Advisors nos permite concluir que las personas que tomaban las decisiones sobre las inversiones del Fondo Premium, en últimas, eran los señores Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz”. Esta es una de las conclusiones de los abogados Julio Sampedro y Juan David Riveros, representantes de cerca de 200 inversionistas cuyos fondos terminaron embolatados en Curazao. Por tal razón, denunciaron penalmente a nueve protagonistas del escándalo de Interbolsa y solicitaron cooperación judicial con las Antillas Holandesas para obtener toda la información del Fondo Premium y sus negocios cruzados con Colombia.

Desde mayo de 2009 Interbolsa inició una agresiva campaña para vender el producto Premium, un fondo en apariencia seguro y de bajo riesgo al que ingresaron cerca de US$174 millones, pero que sirvió como caja de paso para transferir dineros a empresas como Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil, a través de inversiones o préstamos que, a su turno, transferían dineros a Kapital S.A. y a Inmobiliaria Kapital, ambas firmas de propiedad de Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado. Y lo que se pudo constatar es que dineros de los inversionistas de Premium terminaron siendo utilizados para comprar acciones de Fabricato.

Dicho de otro modo, la plata de Premium sirvió para inflar la polémica acción de la textilera de Antioquia. Según los abogados, el representante de Premium en Colombia, Juan Andrés Tirado, sabía lo que pasaba con el portafolio de Interbolsa y cómo estaba siendo manejado por los protagonistas del escándalo. Para agosto de 2012 la renta de Premium salió negativa. La explicación de los representantes Juan Andrés Tirado y Richard Maloof era que se había generado el incumplimiento de un crédito por $1.800 millones. En esa línea de confesiones, le dijeron a algunos corredores de Interbolsa que el Fondo Premium tenía $20.000 millones en repos de Fabricato. “Luego se supo que en realidad fueron cerca de $120.000 millones”, señalaron los abogados.

La estructura de las empresas y de sus operaciones garantizaba que los accionistas del grupo de Interbolsa pudieran adquirir a través de firmas vinculadas con ellos acciones y repos de Fabricato y, paralelamente, financiar estos movimientos bursátiles a través del dinero de los inversionistas de Premium, “lo cual generó la defraudación de su patrimonio, al confiar en un portafolio cuyo manejo no era cierto”. Al mismo tiempo se señala un posible conflicto de intereses del que se deduce que los Jaramillo y sus socios habrían tenido información privilegiada para hacer transferencias por préstamos e inversiones y luego, con dichos recursos, mantener las operaciones irregulares.

“Sabían de la necesidad que tenía Interbolsa de mantener las operaciones repo, de la utilidad del Fondo Premium para captar dinero, y conocían la posibilidad jurídica de nombrar un gerente de inversión que direccionara esos recursos a empresas de su propiedad para, finalmente, triangular el dinero y emplearlo en las mencionadas operaciones defraudatorias”, sostuvieron Sampedro y Riveros en su escrito de 28 páginas, radicado en la Fiscalía el pasado 19 de diciembre. Por estos hechos y por los presuntos delitos de utilización indebida de información privilegiada, abuso de confianza, estafa agravada, administración desleal, operaciones no autorizadas con accionistas y concierto para delinquir, denunciaron a varios accionistas de Interbolsa y al representante de la administradora del Fondo Premium.

Rodrigo Jaramillo Correa, su hijo Tomás, Jorge Arabia, Víctor Maldonado, Juan Carlos Ortiz y Álvaro Tirado (de Interbolsa), Juan Andrés Tirado y Richard Maloof (de Premium Capital Investment) y Eric Alfast Andersen (de la administradora Eclipse Management) deberán responder en la Fiscalía por estos señalamientos. Entretanto, se avanza en posibles acuerdos con Curazao para permitir que los investigadores colombianos puedan acceder a la información que reposa en los estados financieros de Premium en esa isla. Los interrogatorios de la Fiscalía comenzarán a llevarse a cabo a mediados de enero.