Un agarrón 'agridulce'

Los ingenios azucareros están bajo investigación debido a que se les señala de repartirse el mercado del producto en el país. / Archivo

A la investigación con pliego de cargos que abrió la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en febrero del año pasado a 15 compañías relacionadas con el negocio del azúcar, por presunta manipulación del mercado y restricción de importaciones del producto, se sumó otra que puso en marcha la entidad contra 18 representantes legales de ingenios azucareros y de firmas de este sector.

Según la SIC, en pruebas recaudadas mediante averiguaciones preliminares se encontró que las participaciones de los ingenios azucareros entre 2006 y 2010 “tendieron a ser constantes, cuestión que podría ser el resultado del equilibrio óptimo de un cartel presuntamente realizado por los ingenios investigados y bajo la coordinación de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), organización que en su calidad de administradora del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA), habría servido para difundir información sensible que habría permitido la no competencia entre los ingenios”.

Además, un informe de la entidad asegura que hay pruebas de “un posible acuerdo anticompetitivo entre los ingenios azucareros”. Esto significa que la posible asociación de las firmas C.I. de Azúcares y Mieles (Ciamsa) y Desarrollos Industriales y Comerciales S.A. (Dicsa) con Asocaña habría permitido la obstrucción “de las importaciones de azúcar extranjero al país”.

Y para agregar, esta asociación de firmas habría restringido las importaciones que trataban de hacer los distribuidores mayoristas de azúcar y también los industriales nacionales.

La resolución 15294 del 8 de abril de 2013 de la SIC abrió un pliego de cargos contra Luis Fernando Londoño (presidente de Asocaña); Clemente Mira (representante legal de Ciamsa); Luis Augusto Jaramillo, de Dicsa); Hárold Cerón (exrepresentante del Ingenio Riopaila Castilla); Juan José Lulle Suárez, del Ingenio del Cauca S.A.; Mauricio Iragorri Rizo (gerente del Ingenio Mayagüez) y 12 personas naturales más de la industria azucarera.

En la primera investigación, que se abrió en febrero de 2012, se incluyó a Asocaña y a las compañías Riopaila Castilla S.A., Ingenio del Cauca, Manuelita, Ingenio Providencia, Ingenio Pichichí, Ingenio Risaralda, Ingenio Carmelita, Central Tumaco, Ingenio María Luisa, Ciamsa, Dicsa y Carlos Sarmiento y Compañía Ingenio San Carlos.

Asocaña, gremio que asocia a los ingenios, desmintió los señalamientos por parte de la Superindustria y su presidente, Luis Fernando Londoño, en respuesta a la entidad, recalcó: “La libre importación de azúcar está consagrada en las normas que regulan el comercio exterior colombiano, sin restricciones oficiales, salvo las propias de salud pública, y en ningún caso está limitada por conceptos o autorizaciones privadas”. También, el gremio manifestó recientemente que durante el año pasado se disparó el volumen de importaciones de azúcar.

En un comunicado, el presidente de Asocaña manifestó que “las empresas del sector realizan sus actividades con apego a las normas jurídicas que las regulan y, por ello, rechazan las insinuaciones y afirmaciones inexactas promovidas por terceros interesados, las cuales afectan su buen nombre y su derecho a la defensa. Este sector no se ha formado como un cartel”.

Si al final del día la Superintendencia resuelve que en efecto hubo violación de las normas de libre competencia, la multa tan sólo para una compañía podría llegar a un máximo de $58.950 millones (100 mil salarios mínimos). Entretanto, una sanción para una persona natural puede llegar a los $1.179 millones (es el equivalente de 2.000 salarios mínimos). Por ahora, algunos representantes de los ingenios azucareros no quieren dar declaraciones.

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, no se puede pronunciar sobre el tema, ya que en sus manos está tomar la decisión final sobre este caso que abrió el año pasado el exsuperintendente José Miguel de la Calle. Probablemente, antes de que termine 2013 se conocerá la verdad sobre las sanciones que tendrían que pagar las compañías del sector azucarero y, por supuesto, sus representantes legales.