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Un abogado empresarial del distrito financiero de Sao Paulo está dispuesto a revelar un secreto que ha guardado durante décadas: el abogado, que tiene más de 70 años, tiene US$200.000 no declarados ocultos ilegalmente en el exterior.
No es el único. Los brasileños ricos han escondido a las autoridades impositivas del país US$400.000 millones en cuentas extranjeras, y no siempre lo han hecho por motivos viles. No es raro que un brasileño de cierta edad y posición profesional, que en todo otro plano es una persona respetuosa de la ley, tenga por lo menos algunos activos en el exterior luego de cinco fracasos monetarios desde la década de 1970, hiperinflación a partir de los años 80 y confiscaciones de cuentas bancarias en los años 90.
Ahora, en un intento de obtener dinero en medio de un gran déficit presupuestario, el gobierno hace a esos prósperos evasores de impuestos una oferta por única vez: declarar, pagar un gravamen y una multa y se podrá comenzar de cero. En un contexto de crisis política tras el voto de los legisladores brasileños a favor de enjuiciar a la presidenta Dilma Rousseff, de persecución a la corrupción en el país y de mayores restricciones bancarias en el exterior, muchos brasileños han concluido que la amnistía no es tan mala idea.
“En la actualidad se hace responsable a la gente, que puede terminar en la cárcel”, dijo Alessandro Fonseca, un socio de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. & Quiroga Advogados, una conocida firma legal brasileña. “Lo que se siente es: ‘Esto es en serio. Será mejor prestar atención’”.
Fuerte demanda
La ventana de seis meses para solicitar la amnistía se abrió el 4 de abril, y varios asesores y banqueros privados dijeron en entrevistas que la demanda ha sido tan grande que alimenta un creciente mercado de servicios de entidades crediticias y firmas legales. El resultado es que pronostican que el programa podría resultar mucho más beneficioso para el gobierno de lo que se había estimado.
“Por el motivo que sea, la gente tiene dinero en el exterior. Es un hecho, y un hecho que constituye un delito”, dijo Cecilia Manente, que contribuyó a revisar la ley como socia de Levy & Salomao en Sao Paulo. “Por la cantidad de gente de la que me he enterado, yo diría que alrededor del 90 por ciento va a participar”.
El Ministerio de Hacienda estima que la legislación, que se promulgó en enero con escasa publicidad, reúna unos US$10.000 millones para las arcas gubernamentales, lo cual, de todos modos, es insignificante en el enorme déficit presupuestario brasileño de US$175.000 millones. Pero si los brasileños declararan incluso la mitad del dinero ilegal que se estima se encuentra en el exterior, éste generaría una bonanza suficiente para cubrir casi la cuarta parte del déficit, unos 160.000 millones de reales, o alrededor de US$45.000 millones a la actual paridad cambiaria, según cálculos de Bloomberg.