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Las ayudas sociales fijadas para los habitantes de menores ingresos benefician más a una población con necesidades satisfechas que a los habitantes de los estratos bajos. Para estos últimos fue diseñado el Sisbén, que entrega 32 millones de beneficios a un costo por año de $21 billones, donde los que más sacan provecho son los que menos necesitan.
El Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén) nació sin las herramientas para castigar a los promotores del desangre de las ayudas sociales. Da lo mismo mentir para el ciudadano que ofrece la información como para el alcalde que avala los datos. No hay forma de castigarlos, admite el director de Planeación Nacional Simón Gaviria. “Tenemos muchos colombianos astutos que se brincan su puesto en la fila y le quitan acceso a los programas sociales a ciudadanos de muy bajos ingresos”.
Para ponerle freno a la vena rota en que se han convertido los subsidios, el Gobierno del presidente Santos anuncia la presentación de un proyecto de ley que cierre este desangre presupuestal. “Estamos preparando un proyecto de ley, como un Conpes del Sisbén, que esperamos sacar este segundo semestre”, anticipó Gaviria al recordar que el país, a través del Sisbén, está entregando beneficios que tienen un costo fiscal de $21 billones al año. “Estamos hablando de más de 23 millones de personas recibiendo subsidios a través de diferentes mecanismos”.
El director de Planeación Nacional anticipó que solicitará a la Contraloría General y a la Fiscalía General que entren a investigar a las personas involucradas en la fuga de recursos de los programas sociales. “Les vamos a entregar estas bases de datos (del Sisbén) para que haya consecuencias”. Funcionarios de Planeación Nacional harán visitas sorpresas en las alcaldías con mayores inconsistencias en la información para detectar la culpabilidad del mandatario seccional o de los beneficiarios. “Un nivel de verificación de 413.359 casos me parece exageradamente alto y por ello necesitamos mayores consecuencias para las personas que están haciendo eso (ilícito)”, dijo el director de Planeación.
El proyecto de ley que busca implementar un verdadero revolcón en la entrega de subsidios para que llegue a las personas de menores ingresos, será presentado en este segundo semestre. La iniciativa mostrará que el Estado entrega algo cercano a 10 % del PIB (Producto Interno Bruto) en subsidios al año. Gaviria sostuvo que la reforma al Sisbén tiene varios componentes: consecuencias para las personas que hacen fraude con algún tipo de sanción, habilitar a la comunidad para que sea veedora y pueda informar a Planeación Nacional sobre hechos ilícitos, cambiar la metodología de la encuesta y regionalizarlo más; hay que tener en cuenta la capacidad de ingreso del mercado laboral y un mejor cruce de datos para hacerle seguimiento a los beneficios que reciben las personas.
Uno de los cambios de mayor alcance es el relacionado con la posibilidad de que Planeación tenga acceso a la información del beneficiario para actualizar sus datos, “sin tener que pedirle permiso al alcalde para que mejore la encuesta”, explicó Simón Gaviria.
Reconoció que hay subsidios que cumplen una labor social de gran alcance en “la construcción de una sociedad más equitativa”, pero que hay otros que “hacen que Colombia sea más desigual”. En el caso de los subsidios de pensiones, 20 % de los más ricos en Colombia reciben 65 % de estas ayudas y el 20 % más humilde del país apenas se beneficia de 0,3 %. “Ese tipo de cosas que vienen pasando en el país hay que reformarlas”, sentenció Gaviria.
Actualmente hay 80.000 colombianos con ingresos de $3,8 millones que se siguen beneficiando del Sistema de ayudas. Consultada la Contraloría General sobre el anuncio de Simón Gaviria, a través de uno de sus voceros indicó que “a partir de este segundo semestre la Delegada para la Gestión Pública entrará a vigilar los recursos del Sisbén”. Dijo que para la entidad de control “es indispensable, como insumo de auditoría, que las bases de datos de este Sistema estén actualizadas y correspondan a información veraz, que permita evitar detrimento patrimonial con los recursos que involucra”.