El 29 de diciembre de 2015, con poco bombo y por sexta ocasión, el Gobierno Nacional expidió un decreto que, hasta 2017, extiende la vida del patrimonio que aún queda de la antigua Telecom —y 13 teleasociadas—, desaparecida en 2006. Esos bienes han estado en un patrimonio autónomo que se encargó de recibir todos los remanentes de la liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom), cuyo acto de cierre aún es objeto de controversia.
En 2012, Álvaro Enrique Molina, presidente de la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones; Gloria Elena Quiceno, presidenta de la Unión Nacional de Pensionados de las Comunicaciones, y el abogado Jorge Alberto Jurado, demandaron el acta que dio por terminada la liquidación, un proceso que, en su concepto, estuvo lleno de irregularidades que no sólo vulneraron los derechos de los trabajadores sino el patrimonio público. Por eso quieren que se reabra esa liquidación y que, según ellos, el Estado termine las cosas al derecho.
La demanda, sin embargo, fue rechazada en diciembre pasado por la magistrada del Consejo de Estado María Claudia Rojas, quien interpretó que la demanda no era una simple acción de nulidad, sino que de fondo también podría haber un interés por parte de los demandantes para que se les restablecieran algunos derechos económicos. La magistrada advirtió, además, que la acción de la controversia ya caducó, pues el acta de liquidación de la empresa salió en 2006 y Molina, Jurado y Quiceno interpusieron su demanda seis años después.
Pero, convencidos de que el Estado cometió un error, al no realizar los correspondientes inventarios y avalúos de la empresa, el sindicato y los pensionados apelaron la decisión en enero de este año. El servicio de telecomunicaciones terminó asumido por Colombia Telecomunicaciones, posteriormente fusionada con Movistar, empresa de la multinacional Telefónica de España. A pesar de que Telecom ya no existe, los demandantes esperan una decisión que les dé la razón en su litigio.
Los argumentos de la togada en su negativa coincidieron con los que hace dos años presentó el apoderado del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) Juan Manuel Charry Urueña. El abogado Charry aseguró que, al reabrir la liquidación de Telecom, como pretende la demanda, teniendo en cuenta los fallos de la Corte Constitucional, “los exfuncionarios que gozaban de protección laboral accederían a derechos patrimoniales”.
Según el apoderado del Mintic, además, la demanda del sindicato y los pensionados ya no procede porque el acta de liquidación es de carácter concreto, es decir, se refiere específicamente al fin de una empresa. Así lo interpretó también la magistrada del alto tribunal. Sin embargo, para los demandantes, de todas formas existió un error grave, pues el cierre de la liquidación se publicó en el Diario Oficial, pero no se notificó personalmente a los trabajadores.
Charry apareció dando sus argumentos en un recurso de reposición, a través del cual pedía que se negaran las pretensiones del sindicato y los pensionados, y que fue rechazado en abril de 2015 por la magistrada Rojas porque el Mintic no tenía por qué presentar el recurso si la demanda ni siquiera había sido admitida y menos notificada. No obstante, la magistrada Rojas falló en diciembre de ese año, prácticamente con los mismos argumentos que presentó el abogado Charry en el recurso de reposición rechazado.
Para los demandantes, una decisión a su favor sería una muestra de coherencia por parte del Consejo de Estado, que les ha dado la razón en varias ocasiones. Por ejemplo, en 2012, la Sala de lo Contencioso Administrativo anuló la modificación que se hizo al decreto que en 2003 ordenó la liquidación de Telecom. El cambio, hecho en 2005, consistió en no exigir, antes de cerrar la liquidación, hacer el inventario de los bienes necesarios para prestar el servicio de telecomunicaciones —antenas e infraestructura, entre otros aspectos—.
“El Gobierno decidió, el 30 de diciembre, mientras todo el mundo está parrandeando, quitarle al liquidador las obligaciones más importantes: saber qué tenía. ¿Cómo terminan un proceso liquidatorio sin saber qué tienen?”, cuestionó Jurado en diálogo con este diario. Con la nulidad, que también ha sido dictada por el Consejo de Estado para otros decretos que se refieren a empresas teleasociadas, “pensamos con ingenuidad que se reabriría el proceso liquidatorio, porque quiere decir que el liquidador no cumplió con lo que tenía que hacer”. Pero no ocurrió, y por eso decidieron demandar el último documento del proceso: el acta de cierre.
Luego de que se ordenó la liquidación de Telecom, para garantizar la continuidad del servicio de telecomunicaciones, se firmó un contrato con Colombia Telecomunicaciones, la nueva empresa estatal que se creó, para que explotara los bienes necesarios en la prestación del servicio. Esos bienes pasarán en 2028 a manos de Movistar. Fuentes cercanas al proceso, que pidieron no ser citadas, explicaron que, efectivamente, el contrato implicó realizar un inventario y decir cuáles activos le servían a la nueva empresa y cuáles no.
Los demandantes cuestionan que hubiera sido la nueva empresa, que se quedó con muchos de los activos de Telecom, la que dijera qué necesitaba para continuar con el servicio y que el inventario se hubiera dejado para después. Por eso aseguran que la posterior venta del 50% de Colombia Telecomunicaciones a Telefónica se hizo sin saber de base cuánto valía lo que venía desde Telecom. Tras la fusión de las empresas en 2012, el Estado quedó con una participación del 30% en la actual Colombia Telecomunicaciones-Movistar.
La liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y las teleasociadas se ordenó en 2003, pocos meses después de que Álvaro Uribe Vélez asumiera su primer mandato. Entonces, El Espectador registró cómo, con “estados financieros en mano”, Alfonso Gómez Palacio, otrora presidente de Telecom y hoy presidente de Telefónica Colombia, fue a donde la ministra de Comunicaciones del momento, Martha Pinto, para contarle de la grave situación que atravesaba la compañía: pérdidas cercanas a $470.000 millones de la época y un pasivo pensional de $5,6 billones. El resto es historia.
Mientras que algunos aún hoy sostienen que el poder del sindicato de Telecom excedió todos los límites, con paros que dejaron incomunicado al país, los trabajadores y pensionados recuerdan los triunfos que han logrado a instancias de la Corte Constitucional, que en 2005 ordenó reintegros laborales y en 2014, un plan de reubicación laboral para padres y madres cabeza de hogar. Eso no se ha podido cumplir porque, según fuentes cercanas al proceso, los salarios que pagaba Telecom eran muy altos y hoy en el sector no hay cargos con condiciones por lo menos iguales, como lo ordenó la Corte.
Pero la Corte Constitucional también le ha dado la razón al Patrimonio Autónomo de Remanentes, que hoy se encarga de todos los bienes que no están relacionados con el servicio de telecomunicaciones, como historias laborales e inmuebles. En la misma sentencia en la que se ordenó el plan de reubicación para padres y madres cabezas de hogar, la Corte revocó una avalancha de tutelas de extrabajadores que desde 2009 se dio en Córdoba, que resultó en embargos judiciales y, según un abogado que conoce el proceso, se llevó del patrimonio unos $65.000 millones, que ahora se intentan recuperar demandando a la Rama Judicial.
Por lo pronto, según el abogado Jurado, “el Consejo de Estado dejó claro que el liquidador nunca dejó de tener la obligación de hacer inventario y avalúo. Pedimos que termine la tarea, que se anule el acta y que los colombianos sepan lo que deben saber: ¿fue buen negocio la venta de Telecom? ¿Cuánto ganó Movistar?”. Según quienes conocieron del negocio con el Estado, a la fecha Colombia Telecomunicaciones puede haber pagado más de $4 billones por el contrato de explotación de los bienes que quedarán en sus manos en 2028. Lo que pasará con los inventarios y los avalúos, sin embargo, aún está por resolverse.