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Pese a que desde hace varios años las cajas de compensación del país han asumido casi como propios algunos programas que tienen un rótulo estatal y a que el número de afiliados con los que cuentan es cercano a los 8 millones de trabajadores, los directivos de estas organizaciones le han venido dejando claro un mensaje al Gobierno: no quieren seguir asumiendo tareas que deberían estar en manos del Ejecutivo, como, por ejemplo, dar aportes al Fosyga y a Foniñez, un fondo enfocado en apoyar a la niñez.
Por eso, Asocajas, el gremio de las cajas de compensación del país, les pidió al Gobierno y al ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, que se aclare su naturaleza pronto ya que, según asegura el presidente de esta organización, Álvaro José Cobo, poner plata para programas gubernamentales va en contra de los trabajadores afiliados.
A esto se suma, de acuerdo con el directivo, el hecho de que las cajas en algunos departamentos se hayan convertido en fortines políticos. “Ese tema no es generalizado. Es un aspecto que rechazamos”.
Pero más allá de las tareas de más que tienen las cajas, el director de Confamiliares Manizales, Juan Eduardo Zuluaga, contó que las 43 organizaciones que hay en el país buscan unificar la legislación que sobre ellas está aplicando. “Muchas de las leyes del subsidio familiar (que al año entrega 4,8 millones de cuotas monetarias) son antiguas. Con una nueva ley se busca que algunos temas que se han vuelto grises se aclaren. Queremos que se nos reconozca nuestro carácter privado”. Todo lo anterior se traduce, según explica, en estabilidad jurídica.
En el intento de poner en marcha un proyecto de ley para aclarar las funciones de las cajas, de la mano con el Gobierno y algunos congresistas, Zuluaga señala que los recursos que se están desviando de su población objetivo (los trabajadores) deben proveerse a proyectos como apoyos para la compra de vivienda y para promover los seguros de desempleo.
Desde la visión de las cajas, Luis Carlos Arango, presidente de Colsubsidio, insiste en que resulta contradictorio para los afiliados el hecho de que el Gobierno sostenga que estas organizaciones hacen muchas cosas pese a que esas labores las ha venido asignando el Estado. “Tiene que haber claridad y se tienen que dejar las actividades que no son innatas al subsidio familiar”.
La discusión, que comenzará este mes, girará alrededor de una mesa técnica en la que no sólo tendrán asiento las cajas sino el Gobierno, las organizaciones sindicales y algunos congresistas. “Hay insumos y estudios para que el sector del trabajo lidere los diálogos. Hay que darles una mirada integral a las cajas para mantener su institucionalidad”, comentó el viceministro de Empleo y Pensiones, Juan Carlos Cortés.
Asimismo, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, señaló en Cartagena el pasado viernes que las cajas no deben seguir viéndose como instituciones para colgarles más tareas, tal y como ha venido ocurriendo durante las últimas décadas. “El país está en mora de un diálogo y de una hoja de ruta para las próximas décadas. Pensar que podemos reemplazar a las cajas con entidades estatales tomaría muchos años”. Incluso, el presidente Juan Manuel Santos apoyó esa iniciativa y encomendó al ministro de Trabajo para asumirla.
Por ejemplo, desde el lado político, el senador Jorge Enrique Robledo señaló ante los presidentes de las cajas de compensación que los recursos que los empleadores pagan como una forma de salario para los trabajadores no pueden perderse: “Quien trate un recurso parafiscal como uno fiscal, se pierde. Y si son recursos de los trabajadores, de un salario o de dos salarios mínimos, la desviación es muchísimo más grave”.
En línea con lo que han reiterado los directivos de las cajas, Robledo señaló que se observa que al gasto de estas instituciones cada vez le van cargando más compromisos públicos. “Es como si los recursos de los trabajadores no fueran de los trabajadores sino del Estado”. Y también advirtió que la politización de las cajas será otro tema de discusión en el Congreso.
Por ahora, según se prevé dentro del propio Gobierno y entre las cajas, el proyecto de ley para remodelar un sistema que tiene seis décadas de estar andando estaría listo al comenzar el próximo año. Esto incluirá también cambios a los programas de subsidio familiar (en estos apoyos las cajas entregan anualmente $1,3 billones).
“La principal tarea del Gobierno es la estabilidad de la política social. Los cambios permanentes en los enfoques generan problemas de readaptación de la gente y una pérdida de sus derechos”, concluye la presidenta de Comfama, María Inés Restrepo, al tiempo que plantea que refocalizar los esfuerzos es una labor que tiene que ir encaminada en un diálogo social.
hsandoval@elespectador.com
@hector_sandoval