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Como inaceptable calificó el contralor general, Edgardo Maya Villazón, el acuerdo con los trabajadores de la rama judicial en paro que anunció el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros, que el tiempo que dejaron de laborar se pague y lo recuperen después.
Para Maya Villazón ese acuerdo “es un abuso del derecho y violatorio de todas las normas legales”, y recordó que el salario corresponde a un servicio prestado y no puede ser cancelado en forma anticipada.
“Si el paro como dice él en el reportaje ha dejado una pésima imagen de la justicia, este pago se constituye en una vergüenza”, enfatizó el contralor general en un informe de prensa.
Las declaraciones del presidente del Consejo Superior de la Judicatura se conocen luego que el viernes último el contralor Maya Villazón le pidiera a la administración judicial y a la Fiscalía que precisaran a su despacho en qué sentido han dado aplicación a la Circular Externa No. 029 del 20 de noviembre de 2014.
El contralor general ha advertido a las entidades del Estado y a ordenadores del gasto sobre el deber que tienen de pagar sueldos a los servidores públicos y trabajadores oficiales sólo por los servicios efectivamente prestados.
“Resulta improcedente reconocer y pagar salarios por servicios no prestados efectivamente a la entidad, pues ello implicaría permitir un enriquecimiento sin causa a favor del servidor, en detrimento del patrimonio público”, señaló Maya Villazón.
Según el informe de prensa, el contralor general le pidió a la fsicalía y al Consejo Superior de la Judicatura precisar si se han cancelado las nóminas de octubre y noviembre solamente por los servicios efectivamente prestados o, si por el contrario, se ordenó el pago a todos los servidores de la rama judicial sin ningún tipo de verificación sobre el real cumplimiento ordinario de las labores correspondientes.
Al manifestar su extrañeza por las declaraciones que concedió el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el contralor Maya Villazón insistió en que reconocer y pagar salarios por servicios no prestados efectivamente a una entidad, implicaría permitir un enriquecimiento sin causa a favor del servidor público.
La contraloría está lista para iniciar las acciones fiscales en contra de los funcionarios que desconozcan la circular expedida por su despacho, precisa el comunicado.